Este año celebramos el 2 de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, marcado por la pandemia del Covid-19 y por las condiciones de confinamiento que impone el Estado de Alarma decretado hace ya 50 días.
Crisis sanitaria La Comunidad de Madrid ha sido la región de España donde la enfermedad ha tenido más incidencia, con 66.438 contagios confirmados y 13.409 fallecimientos fruto del virus, de acuerdo a unas dudosas cifras oficiales que a todas luces no reflejan el impacto real del coronavirus al no realizarse tests de manera masiva a la población, a pesar de obrar más de 300.000 en manos de la CAM.
No se puede achacar responsabilidad a nadie por la llegada de una enfermedad a nuestra región, pero los medios disponibles para hacerle frente sí son responsabilidad de quienes los gestionan. Es indudable que la virulencia con la que el Covid-19 ha golpeado en la Comunidad de Madrid está estrechamente ligada a los niveles concentración y hacinamiento en los que vive la mayoría de la población, no en vano el 95% de los más de 6 millones de habitantes de nuestra región se concentran en apenas 30 localidades.
Los años de recortes y privatizaciones en el sistema público sanitario madrileño han provocado que este se encontrase completamente desabastecido de medios materiales y humanos para hacer frente a la pandemia. Faltaban respiradores y material médico. Las plantillas exhaustas y carentes de los elementos de protección necesarios doblaban turnos para enfrentar el virus, se habilitaban bibliotecas, salas de conferencias y pasillos para atender los ingresos, pero no fue suficiente. En la segunda quincena de marzo ya eran varios los hospitales, como el Severo Ochoa de Leganés o el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, que se declaraban completamente colapsados y se veían obligados a derivar a nuevos pacientes a las instalaciones de campaña que las Fuerzas Armadas desplegaban en pabellones cercanos.
Paralelamente a esta situación el gobierno de la Comunidad de Madrid anunciaba la medicalización de hoteles y la apertura del complejo de IFEMA como hospital de campaña para aliviar la saturación del sistema sanitario, además de lanzar llamados al trabajo voluntario no remunerado para suplir las carencias de personal en todas las instalaciones. Todo esto se hacía sin tomar el control efectivo de la red sanitaria privada, que cuenta con el 60% de los hospitales de la región y a los que sólo se derivaron casos una vez colapsó el sistema público.
Más allá de los hospitales la crisis sanitaria ha mostrado su mayor impacto en las residencias de ancianos de la región. Durante semanas el gobierno de la Comunidad de Madrid ha ocultado los datos reales de fallecimientos en las residencias de la región con el objetivo de evitar un escándalo, llegando incluso a arrebatar las competencias en esta materia a la consejería de políticas sociales -en manos de Ciudadanos- para atribuírselas a la consejería de sanidad, controlada por el Partido Popular. A día de hoy son 5.811 las personas fallecidas en las residencias de la región, en las que han tenido que intervenir los servicios de emergencia y la UME para desinfectar e incluso retirar los féretros acumulados. Todavía hoy se sigue sin tomar el control efectivo de estas instalaciones.
Gestión de la crisis y marketing político
Durante toda la crisis las prioridades del gobierno de la Comunidad de Madrid están siendo, en primer lugar, minimizar las pérdidas de la patronal asegurando a los principales monopolios de la región mercados cautivos que garanticen el sostén de su tasa de ganancia. Todos los servicios prestados por empresas privadas durante la crisis (servicios funerarios para el traslado de féretros, uso de hoteles como centros sanitarios, etc) se han realizado bajo el modelo de colaboración público-privada, lo que quiere decir que mañana la Comunidad de Madrid tendrá que abonar todos y cada uno de los servicios prestados, garantizando así la salud de la patronal sobre la de las propias cuentas públicas.
En segundo lugar el gobierno de la CAM ha centrado sus esfuerzos en la construcción de un relato de gestión eficiente, en contraposición a los errores y fracasos del gobierno central de coalición progresista. Cada una de las medidas adoptadas se han puesto en marcha atendiendo a la rentabilidad política y a una cuidada puesta en escena. Desde el rocambolesco episodio de la llegada de dos aviones con material sanitario al Aeropuerto de Barajas a las lágrimas en un oficio religioso, toda acción del gobierno ha estado siempre protagonizada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El corolario de esta estrategia ha sido la puesta en marcha del hospital de campaña en ifema. Anunciado a bombo y platillo en todos los medios de comunicación como un hospital construido en 48 horas que albergaría 5.500 camas, la realidad es que en ningún momento se han superado las 1.000 camas y los propios trabajadores han tenido que denunciar en repetidas ocasiones la falta de medios y EPIs para atender adecuadamente a los pacientes que allí se derivaban procedentes de los saturados hospitales públicos. Cabe señalar que para poder contar con personal en ifema, se cerraron decenas de centros de salud de toda la región, poniendo así aun más en peligro a las miles de personas que son atendidas en atención primaria. Pese a ello, por ifema han desfilado personalidades políticas, autoridades de distintas administraciones, medios de comunicación, etc. Hasta su cierre oficial, ayer 1 de mayo, se configuró como un baño de masas presidido por Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado, Jose Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís.
En contraposición, durante la crisis el gobierno de la CAM ha puesto en marcha diferentes campañas de ataque a los sindicalistas y representantes del personal sanitario que denunciaban las precarias condiciones de trabajo, la falta de elementos de protección y la saturación de una sanidad pública esquilmada por recortes y privatizaciones. La guinda la pone el despido de 10.000 trabajadores sanitarios contratados durante los meses de marzo y abril para hacer frente al coronavirus.
Crisis económica y social
Junto a la crisis sanitaria que ha segado las vidas de miles de madrileños, el virus ha actuado como catalizador de una crisis capitalista que se venía gestando desde el término de la anterior y que está teniendo unas durísimas consecuencias sobre la clase obrera madrileña.
A fecha de 24 de abril se habían registrado en la Comunidad de Madrid 77.026 ERTEs que afectan a casi 500.000 trabajadores. Paralelamente la última EPA fijaba en 373.760 los trabajadores desempleados, un cifra muy alejada de la realidad puesto que sólo muestra los desempleados del primer trimestre del año. Hablamos de que cerca de un millón de trabajadores se encontrarían, en la práctica, desempleados. Los trabajadores afiliados al régimen general de la seguridad social a finales de febrero no llegaban a los 3 millones, según datos del INE. Este esbozo nos permiten situar una aproximación al enorme nivel de destrucción de fuerzas productivas que la crisis está dejando en nuestra región.
Está siendo la juventud trabajadora quien está acusando especialmente la destrucción de fuerzas productivas. Sólo los trabajadores menores de 25 años representan el 25% del total de trabajadores en paro de nuestra región, fruto de las brutales tasas de temporalidad que sufre la juventud obrera, que se situaban a finales de 2019 en un 73% del total de contratos temporales.
La pérdida masiva del empleo, que no sea limitado por las tibias medidas puestas en marcha por el gobierno central de coalición progresista, se ha visto acrecentada en nuestra región por la fuerte presencia del sector servicios en la economía regional, los altos niveles de subcontratación, tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, y los altos índices de contratación temporal. Ante esta situación el gobierno de la Comunidad de Madrid se ha limitado a blanquear la imagen de la patronal a través de ensalzar las pírricas donaciones que las grandes fortunas y principales monopolios han realizado.
El reflejo del desempleo en las condiciones de vida de la clase obrera y el pueblo trabajador ha sido inmediato. Hoy son cientos de miles las familias trabajadoras que se dirigen a los servicios sociales en busca de ayuda ya que no pueden hacer frente al pago de sus facturas, préstamos, alquileres e hipotecas. Las solicitudes en los bancos de alimentos de la región se han disparado alarmantemente y no son pocas las entidades que advierten de las terribles consecuencias sociales que esta crisis tendrá entre la mayoría social. Es ya un hecho que nuestra clase se enfrenta de nuevo ante un aumento generalizado en la pobreza entre nuestras filas.
Un único camino
Ante esta situación el gobierno de la Comunidad de Madrid dibujó el 29 de abril, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, el horizonte que contempla como salida a la crisis: más privatizaciones y una mayor apuesta por el turismo, el comercio y la hostelería. Las alabanzas del gobierno regional al modelo de colaboración público-privada indican que se avecinan nuevos procesos de privatización sobre nuestros esquilmados servicios públicos y liquidando las plantillas dependientes de la Administración. La apuesta por el turismo, el comercio y la hostelería como motor de la economía regional es la apuesta por la precariedad laboral, la temporalidad y parcialidad en la contratación, los sueldos de miseria, la pérdida de derechos, la individualización de las relaciones laborales y el trabajo a demanda. Madrid hoy pretende ser punta de lanza para la uberización del empleo.
Hoy son muchas las voces que se alzan clamando contra la nefasta gestión de la crisis en la Comunidad de Madrid y agitan la bandera de la dimisión del gobierno. El gobierno regional es directamente culpable de las muertes de miles de personas en nuestra región, fruto de una gestión y un modelo de servicios públicos donde se prima la salud de los monopolios al interés de la mayoría trabajadora, pero este hecho no puede llevarnos a luchar por el establecimiento de otro gobierno capitalista que, por su propia condición, sea incapaz de satisfacer las demandas del pueblo trabajador. Advertimos sobre el peligro actual de situar la lucha de la clase obrera bajo pabellón ajeno.
Para hacer frente tanto a la actual situación de crisis como a las distintas salidas capitalistas que se puedan plantear, la clase obrera debe organizarse para plantar cara a la explotación y la pobreza bajo sus propios parámetros. Frente a la crisis capitalista, el único camino es el de la lucha organizada por la superación del capitalismo.
Ha sido la acción combativa de la clase obrera organizada la que ha conseguido parar la actividad allí donde, a pesar de las evidentes carencias en materia de prevención, la patronal pretendía seguir produciendo. Los ejemplos de las plantillas John Deere, Airbus, Iveco o Konecta deben generalizarse en las próximas semanas, garantizando que en ningún caso se pone en peligro la vida de los trabajadores para mantener la producción. Es necesario reforzar de manera urgente la organización sindical en todos los sectores, con el objetivo de enfrentar desde la raíz de la explotación los ataques que ya se están lanzando sobre los derechos de los trabajadores.
Ha sido la organización popular en los barrios y pueblos de nuestra región la que ha abastecido de mascarillas, guantes, gorros, monos pantallas y gel hidroalcohólico a los hospitales cuando las administraciones fallaron. Está siendo el pueblo trabajador organizado quien está enfrentando desde la solidaridad y el apoyo mutuo el hambre, la pobreza y la carestía de la vida. Construyamos desde cada barrio un trinchera que garantice que no seamos el pueblo quien paga nuevamente con sus casas y con sus vidas la crisis que generan los capitalistas.
A medida que se vaya produciendo el levantamiento del Estado de Alarma volveremos a tomar las calles para defender nuestros derechos laborales, para luchar contra la privatización de los servicios públicos y para exigir medidas frente a la pobreza generalizada que se extiende por nuestros barrios. Es necesario que liguemos todas esas luchas a la consecución de un nuevo modelo social superador, capaz de garantizar el pleno desarrollo vital de la mayoría obrera y popular que hoy sólo encuentra en el marco de este sistema un horizonte negro de explotación y miseria.
Con este objetivo el PCTE despliega su acción en los centros de trabajo, barrios y municipios de toda la Comunidad de Madrid. Hoy es necesario reforzar las filas comunistas, la organización política independiente de la clase obrera, para hacer extensivo este programa de lucha al conjunto del pueblo trabajador madrileño. Necesitaremos de toda nuestra fuerza para vencer y esta radica en la organización y la unidad.
Hace 212 años fue el pueblo quien se levantó insurrecto en defensa de su independencia frente a la ocupación francesa, mientras los aristócratas huían de la capital. Hoy somos los obreros y obreras, trabajadores autónomos, estudiantes, jubilados y pensionistas quienes debemos levantarnos unidos, sobre toda diferencia, para construir un país nuevo, un país para nosotros. Un país para la clase obrera.
¡Sólo el pueblo salva al pueblo!
¡Viva la lucha de la clase obrera!
Comité Regional del PCTE Madrid