Desde el año pasado, sobrevuela sobre Cantabria la intención del Partido Popular y Vox de derogar la Ley de Memoria Histórica autonómica, aprobada en 2021. El próximo lunes 4 de noviembre tienen previsto culminar la ignominia. Esta amenaza no es un acto aislado, sino que se engloba en todo un ejercicio de revisionismo histórico que también ha tenido lugar, por ejemplo, en Aragón o Castilla y León o a nivel europeo con la insistencia de los países miembro de la Unión Europea en equiparar absurdamente fascismo y comunismo.
Estos ataques a la memoria de nuestra clase, de la clase obrera, de quienes levantaron el país y vertieron su sangre a lo largo del siglo XX, y pagaron con su vida la lucha frente al fascismo o la defensa de la democracia, son intolerables. No se puede aceptar, como pretenden el ala conservadora y reaccionaria de la política parlamentaria, que “ambos bandos son víctimas” o, peor aún, justificar el golpe de Estado fascista que sumió a nuestro país en tres años de guerra. PP y Vox ignoran deliberadamente la reparación y los homenajes que sí tuvieron algunos durante los casi 40 años de dictadura franquista, y que perduraron más aún, por ejemplo, en los callejeros de nuestras ciudades y pueblos. Por ello, en primer lugar, debemos oponernos a la derogación en la clave en las que la sitúa la derecha parlamentaria.
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria que ahora PP y Vox pretenden dejar sin efecto fue aprobada en la anterior legislatura por el Gobierno del PSOE y el PRC. Es cuestionable el genuino interés que tenían ambos partidos por la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas como para no haber elaborado una norma al respecto hasta 2021, habiendo gobernado en coalición en ocasiones anteriores. Por otro lado, en 2021, el Gobierno de coalición socialdemócrata de PSOE y Unidas Podemos actualizó la norma estatal con una nueva Ley de Memoria Democrática que actualizaba la Ley de Memoria Histórica de 2007. Pero si algo tienen en común estas dos leyes estatales y la aún no derogada ley de Cantabria es que son claramente insuficientes y, entre otras cuestiones, limitan su efecto a fechas anteriores a 1978, como si los episodios de lucha que tuvieron lugar también durante los primeros años de la democracia capitalista no fueran igualmente resultado del periodo; como si España se hubiera acostado franquista y se hubiera levantado demócrata. Tampoco dicen nada estas leyes sobre la Ley de Amnistía de 1977, con lo que permiten que los crímenes de lesa humanidad del franquismo sigan impunes. Estas leyes, además, no obligan a las propias Administraciones a acometer, como deberían, todo el trabajo de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, y lo dejan en manos de particulares y asociaciones memorialistas. Dejan a expensas del voluntarismo lo que debería ser una responsabilidad de la administración estatal y autonómica.
El PSOE y el PRC ya han anunciado su intención de volver a aprobar la ley cuando obtengan una mayoría parlamentaria suficiente para ello. Las “pugnas” por las leyes de Memoria Democrática, por tanto, demuestran dos cosas. Por una parte, que la socialdemocracia, y otras fuerzas, como el PRC en Cantabria, nunca asumen la responsabilidad de garantizar efectivamente la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Por otra parte, que las fuerzas reaccionarias no pierden ocasión de ahondar en el revisionismo histórico más burdo y siguen insultando la memoria de quienes lucharon contra el fascismo y por las libertades y derechos democráticos, muchos de cuyos cuerpos aún permanecen en cunetas y fosas comunes, sin hallar ni identificar.
Por ello, desde el PCTE denunciamos la derogación que pretenden PP y Vox y llamamos a acudir a la manifestación del 2 de noviembre y a futuras movilizaciones similares. Afirmamos que la única Ley de Memoria que hará justicia a las víctimas de nuestra clase será aquella que provenga de una sociedad en la que hayamos eliminado las condiciones materiales que permitieron el auge del fascismo en toda Europa; aquella que disponga los recursos suficientes para encontrar e identificar a las víctimas del franquismo; aquella que realmente permita, por fin, traer verdad, justicia y reparación a las víctimas y a sus familiares.
Luchamos por la memoria de nuestra clase. Luchamos por un país para la clase obrera.