Desde el 1998, la empresa israelí ICL es propietaria de las minas de sal en el Bages y desde entonces el nombre de la mina está ligada en la muerte y a la vergüenza. Un desastre ecológico sin precedentes en Cataluña, numerosos y reiterados incumplimientos de la legalidad burguesa, decenas de trabajadores muertos a sus espaldas y un largo historial de complicidad con el genocidio sionista a Palestina. La lista de crímenes de esta multinacional es larga.
Los atentados de la empresa ICL contra la clase obrera catalana y palestina son enormemente ilustrativos especialmente por el apoyo y la impunidad con que se desarrollan. No solo permite que la Generalitat haga lo que hace, sino que además lo ampara y lo promueve. También las instituciones locales colaboran con la empresa, evidenciando con total claridad que en el sistema capitalista toda la estructura política está al servicio de los monopolios.
El Gobierno de la Generalitat permite que ICL incumpla la normativa vigente al no depositar la fianza preceptiva para la reparación futura de los daños ambientales. No solo esto, sino que también otorga o tiene previsto otorgar dinero público para la construcción de un polígono industrial a cargo del Consorcio de Zona franca, entre otros proyectos.
En el Puerto de Barcelona, que es un organismo público de titularidad estatal, también una lluvia de millones acompaña la instalación de una terminal para que ICL exporte sus productos por todas partes.
En Súria, varios regidores y el propio alcalde, todos ellos del PDCAT, fueron a juicio por delitos urbanísticos cometidos para facilitar la construcción de una rampa a la empresa ICL sin pasar los trámites correspondientes y, obviamente, negligiendo la seguridad.
Hace unos meses, en marzo de este mismo año 2023, tres geólogos morían aplastados en las instalaciones de ICL en el Bages. Más específicamente, morían en un túnel que se encuentra a 900 metros de profundidad y que es, por sí solo, paradigmático de la forma de actuar de la empresa. Los importantes déficits de seguridad de este túnel habían sido denunciados reiteradas veces y están potencialmente vinculados al caso de corrupción que se mencionaba en el párrafo anterior.
Los tres geólogos, que eran estudiantes en prácticas de la UPC, murieron por hacer trabajo en condiciones inseguras en una empresa que, no contenta con parasitar los recursos del pueblo palestino y de explotar a la clase obrera catalana, también se aprovecha de los estudiantes de clase trabajadora pagándoles salarios más bajos para hacer un trabajo de riesgo y, a menudo, fuera de sus funciones. En el marco de la complicidad generalizada con Israel, la muerte de estos tres estudiantes se recibió con indiferencia en la UPC, que sigue teniendo un convenio de colaboración con ICL.
Con engaños y trampas constantes en la propia legalidad capitalista, ICL lleva décadas incumpliendo sistemáticamente la normativa europea, española y catalana en términos de seguridad laboral: más de veinte cadáveres se acumulan a su historia en los últimos años, con los últimos accidentes en 2013, 2015, 2020 y este mismo año 2023.
Pero también en términos ecológicos la empresa ICL ha cometido un enorme crimen contra el patrimonio medioambiental. Los efectos de la extracción de potasa son gravísimos: toneladas de sal se acumulan en el aire libre, o se vierten libremente en el mar; los pozos y fuentes de agua de la zona, pero también ríos como el Llobregat, sufren una salinización exponencial que requiere de inversiones multimillonarias (más de 200 millones de euros, hasta día de hoy) por parte de la Generalitat que sufraga con dinero público, fundamentalmente procedentes de las rentas del trabajo, los destrozos de las empresas capitalistas. Poco importa que se hayan impulsado, por parte de varias personas y organizaciones, decenas de procesos judiciales al respecto y que alguno de ellos haya llegado hasta el Tribunal Supremo, porque el poder burgués se debe a los capitalistas, como lo demuestra la gestión ambiental en general de la Generalitat, amplia y reiteradamente cómplice con la degradación del medio por parte de los monopolios en Cataluña.
La empresa israelí ICL, que arrasa el medio ambiente en Cataluña y que deja morir sus trabajadores al negligir las medidas de seguridad en las minas, es también -y, sobre todo- un colaborador activo del genocidio sionista en Palestina. Y lo es de manera triple: por ser parte activa de la “Marca Israel”, que busca promover una imagen amable del sionismo en mundo; por contar con instalaciones en los territorios palestinos ocupados; y, en cuanto a nuestro territorio, por extraer potasa que después es vendida al Ejército de Israel con los Estados Unidos como intermediarios para producir fósforo blanco.
El fósforo blanco, arma proscrita por los tratados internacionales, es terriblemente dañina para la población civil. No solo mata, sino que también produce horribles quemaduras con un radio de actuación enorme. A pesar de que el régimen sionista niega usarlo, las denuncias de varias organizaciones de todo lo contrario son reiteradas. Las más recientes dicen que Israel ha usado fósforo blanco no solo en Gaza, donde ya se acumulan más de 16.000 hombres, mujeres y niños muertos, sino también en la frontera con el Líbano.
La empresa ICL ha sido durante muchos años, como mínimo desde el 2008 hasta el 2013, el único proveedor mundial de potasio -por lo tanto, de fósforo blanco, para el Ejército norteamericano, que lo revendía al de Israel para contribuir a su política de exterminio contra el pueblo palestino.
Recientemente, los trabajadores del Puerto de Barcelona anunciaban públicamente su intención de bloquear los cargamentos que pudieran contribuir en el genocidio del pueblo palestino. Señalaban directamente a la empresa ICL que, como decíamos, cuenta con instalaciones privilegiadas al Puerto gracias a la ayuda económica pública.
Desde el Partido Comunista de los Trabajadores de Cataluña (PCTC), denunciamos abiertamente la política criminal de la empresa ICL, que destruye el medio ambiente en Cataluña de forma irreversible, que deja morir a sus trabajadores y que contribuye activamente al genocidio palestino.
Saludamos iniciativas como la de los trabajadores del Puerto de Barcelona, así como las movilizaciones de los sindicatos en las propias minas del Bages, y hacemos un llamamiento a la más amplia campaña de denuncia contra la política criminal de la empresa ICL contra el patrimonio medioambiental de Cataluña, los trabajadores de la empresa y el conjunto del pueblo palestino.
En Cataluña: ¡ninguna complicidad con el sionismo!
En Barcelona, a 19 de noviembre de 2023
Comité Nacional del Partido Comunista de los Trabajadores de Cataluña (PCTC)
************************ Catalá *************************************
A Catalunya: l’empresa ICL és còmplice del genocidi sionista!
Des del 1998, l’empresa israeliana ICL és propietària de les mines de sal al Bages i des d’aleshores el nom de la mina està lligada a la mort i a la vergonya. Un desastre ecològic sense precedents a Catalunya, nombrosos i reiterats incompliments de la legalitat burgesa, desenes de treballadors morts a les seves espatlles i un llarg historial de complicitat amb el genocidi sionista a Palestina. La llista de crims d’aquesta multinacional és llarga. Els atemptats de l’empresa ICL contra la classe obrera catalana i palestina són enormement il·lustratius especialment pel suport i la impunitat amb què es desenvolupen.
No només permet la Generalitat que faci el que fa, sinó que a més ho empara i ho promou. També les institucions locals col·laboren amb l’empresa, evidenciant amb total claredat que en el sistema capitalista tota l’estructura política està al servei dels monopolis. El Govern de la Generalitat permet que ICL incompleixi la normativa vigent donat que no ha dipositat la fiança preceptiva per a la reparació futura dels danys ambientals. No només això, sinó que també atorga o té previst atorgar diners públics per a la construcció d’un polígon industrial a càrrec del Consorci de Zona Franca, entre altres projectes. Al Port de Barcelona, que és un organisme públic de titularitat estatal, també una pluja de milions acompanya la instal·lació d’una terminal perquè ICL exporti els seus productes arreu.
A Súria, diversos regidors i el mateix alcalde, tots ells del PDCAT, van acabar anant a judici per delictes urbanístics comesos per facilitar la construcció d’una rampa a l’empresa ICL sense passar els tràmits corresponents i, òbviament, negligint-ne la seguretat.
Fa uns mesos, al març d’aquest mateix any 2023, tres geòlegs morien aixafats a les instal·lacions d’ICL al Bages. Més específicament, morien en un túnel que es troba a 900 metres de profunditat i que és, per si sol, paradigmàtic de la forma d’actuar de l’empresa. Els importants dèficits de seguretat d’aquest túnel havien estat denunciats reiterades vegades i estan potencialment vinculats al cas de corrupció que s’esmentava al paràgraf anterior.
Els tres geòlegs, que eren estudiants en pràctiques de la UPC, van morir per fer feina en condicions insegures en una empresa que, no contenta amb parasitar els recursos del poble palestí i d’explotar a la classe obrera catalana, també s’aprofita dels estudiants de classe treballadora pagant-los salaris més baixos per fer una feina de risc i, tot sovint, fora de les seves funcions. En el marc de la complicitat generalitzada amb Israel, la mort d’aquests tres estudiants es va rebre amb indiferència a la UPC, que continua tenint un conveni de col·laboració amb ICL.
Amb enganyifes i trampes constants a la pròpia legalitat capitalista, ICL porta dècades incomplint sistemàticament la normativa europea, espanyola i catalana en termes de seguretat laboral: més de vint cadàvers s’acumulen a la seva història en els darrers anys, amb els últims accidents el 2013, el 2015, el 2020 i aquest mateix any 2023.Però també en termes ecològics l’empresa ICL ha comès un enorme crim contra el patrimoni mediambiental.
Els efectes de l’extracció de potassa són gravíssims: tones de sal s’acumulen a l’aire lliure, o s’aboquen lliurement al mar; els pous i fonts d’aigua de la zona, però també rius com el Llobregat, pateixen una salinització exponencial que requereix inversions multimilionàries (més de 200 milions d’euros, fins avui dia) per part de la Generalitat que sufraga amb diners públics, fonamentalment procedents de les rendes del treball, les destrosses de les empreses capitalistes. Poc importa que s’hagin impulsat, per part de diverses persones i organitzacions, desenes de processos judicials al respecte i que algun d’ells hagi arribat fins al Tribunal Suprem, perquè el poder burgès es deu als capitalistes, com ho demostra la gestió ambiental en general de la Generalitat, àmplia i reiteradament còmplice amb la degradació del medi per part dels monopolis a Catalunya.
L’empresa israeliana ICL, que arrasa el medi ambient a Catalunya i que deixa morir els seus treballadors en negligir les mesures de seguretat a les mines, és també -i sobretot- un col·laborador actiu del genocidi sionista a Palestina. I ho és de manera triple: per ésser part activa de la «Marca Israel», que busca promoure una imatge amable del sionisme al món; per comptar amb instal·lacions als territoris palestins ocupats; i, pel que fa al nostre territori, per extreure potassa que després és venuda a l’Exèrcit d’Israel amb els Estats Units com a intermediaris per produir fòsfor blanc.
El fòsfor blanc, arma proscrita pels tractats internacionals, és terriblement perjudicial per a la població civil. No només mata, sinó que també produeix horribles cremades amb un radi d’actuació enorme. Tot i que el règim sionista nega fer-lo servir, les denúncies de diverses organitzacions de tot el contrari són reiterades. Les més recents diuen que Israel ha fet servir fòsfor blanc no només a Gaza, on ja s’acumulen més de 16.000 homes, dones i nens morts, sinó també a la frontera amb el Líban.
L’empresa ICL ha estat durant molts anys, com a mínim des del 2008 fins al 2013, l’únic proveïdor mundial de potassi -per tant, de fòsfor blanc, per a l’Exèrcit nord-americà, que el revenia al d’Israel per contribuir a la seva política d’extermini contra el poble palestí.
Recentment, els treballadors del Port de Barcelona anunciaven públicament la seva intenció de bloquejar els carregaments que poguessin contribuir en el genocidi del poble palestí. Assenyalaven directament a l’empresa ICL que, com dèiem, compta amb instal·lacions privilegiades al Port gràcies a l’ajuda econòmica pública.
Des del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC), denunciem obertament la política criminal de l’empresa ICL, que destrueix el medi ambient a Catalunya de forma irreversible, que deixa morir els seus treballadors i que contribueix activament al genocidi palestí.
Saludem iniciatives com la dels treballadors del Port de Barcelona, així com les mobilitzacions dels sindicats a les pròpies mines al Bages, i cridem a la més àmplia campanya de denúncia contra la política criminal de l’empresa ICL contra el patrimoni mediambiental de Catalunya, els treballadors de l’empresa i el conjunt del poble palestí.
A Catalunya: cap complicitat amb el sionisme!
A Barcelona, el 19 de novembre del 2023
Comitè Nacional del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC)