Castilla y León vuelve a ser noticia por las medidas contra el aborto anunciadas por el vicepresidente de la Junta, el ultraderechista Juan García-Gallardo de VOX, que en un principio contaba con el beneplácito del resto del ejecutivo regional compuesto por el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco. Este plan nos afecta particularmente a las mujeres obreras, ya que se trata de un paquete de “medidas antiabortistas” cuya legalidad está en entredicho y deja ver lo reaccionario del Gobierno del PP y VOX en la Junta.
Irónicamente, entre esas medidas se incluirían ecografías 4D o apoyo psicológico, medidas que actualmente no se contemplan vía sanidad pública en el embarazo, demostrando una vez más que sí hay recursos públicos, pero no están al servicio de la clase obrera, sino en este caso de una élite reaccionaria. Por no hablar del riesgo y los motivos científicos que desaconsejan hacer determinadas pruebas en las primeras semanas de gestación. Todas las propuestas de la Junta de Castilla y León van en la línea de coaccionar y culpabilizar a las mujeres que deciden abortar bajo el disfraz del fomento de la natalidad, en una comunidad sacudida por la precariedad, el paro y la emigración.
Por otro lado, el derecho al aborto en la sanidad pública no estaba garantizado de facto antes de la llegada de este nuevo protocolo, ya que en 2021 menos del 3% de los abortos en CyL se realizaron en la sanidad pública, siendo en muchas ocasiones las mujeres derivadas desde la sanidad pública directamente a la privada e incluso en algunas ciudades derivadas a clínicas fuera de su provincia, costeándose ellas mismas el desplazamiento, y por supuesto, sin ningún tipo de atención psicológica. Mención especial merece el caso de las mujeres inmigrantes que aún no tienen la nacionalidad y no pueden optar a esta opción en la pública.
Las comunistas, las que vivimos la realidad de los barrios obreros, sabemos que el aborto no es un proceso fácil ni agradable en ningún aspecto, por lo que la primera opción siempre debe orientarse a la prevención del embarazo no deseado, con medidas como educación sexual o gratuidad de anticonceptivos, pero la opción del aborto siempre debe estar presente, y garantizada de forma totalmente pública para las mujeres trabajadoras.
Los bolcheviques fueron conscientes de la problemática del embarazo no deseado y de su interrupción y legalizaron el aborto hace más de 100 años, acompañado esta vez de un paquete de medidas para reducirlo que en vez de orientarse al chantaje y a la coacción se orientaba a la persecución de los profesionales que trataban de lucrarse con ello y a la construcción de una sociedad en la que la economía no fuese de ninguna manera un obstáculo para formar una familia.
No vamos a consentir que la extrema derecha, o cualquier gobierno central o autonómico, nos robe ningún derecho sexual o reproductivo.
¡Por el derecho a un aborto libre, seguro, público y gratuito!