El PCTE denuncia que el curso escolar en Castilla y León ha comenzado con un nuevo trasvase de fondos públicos a las empresas que se lucran con la educación pública. A finales de agosto, la Junta anunciaba la concesión de una partida de casi 14 millones de euros a 276 centros privados y otros 13 millones a “entidades locales”, muchas de ellas espacios municipales o de propiedad pública cuya gestión es privada. Con ello, Mañueco pretende cumplir su promesa de gratuidad de los centros infantiles de 0-3 años, pero a costa de financiar las empresas privadas con el dinero de la clase obrera, que se deja de invertir en la enseñanza pública, en una estrategia de deterioro constante de los servicios públicos, cumpliendo el papel político que le corresponde al servicio de los intereses de un puñado de capitalistas.
La recurrente consigna de la patronal educativa del “derecho a elección” del centro educativo oculta que hay una escasa oferta de plazas y centros públicos donde llevar a los hijos de la clase obrera; oferta que no es suplida con inversiones en infraestructura, profesionales o recursos materiales, sino impulsando guarderías y colegios concertados de corte católico.
Además, la partida presupuestaria utilizada para financiar la educación privada proviene de los fondos europeos Next Generation, una ayuda que el Gobierno de España recibe a cambio de implantar numerosas reformas y recortes en los servicios públicos recogidas en el Plan Nacional de Recuperación.
Por otra parte, en etapas superiores, la interinidad se consolida en secundaria y formación profesional. A casi dos años de las oposiciones, la tasa de interinidad alcanza un 32% y la precariedad laboral de los docentes interinos se dispara, alcanzando casi un 30% de parcialidad, en un cuerpo donde los contratos parciales van unidos a desplazamientos fuera de la provincia de origen, con los consiguientes gastos de gasolina, vivienda y alimentación. La cronificación de la interinidad docente es responsabilidad directa del Gobierno central y la Consejería de Educación de Castilla y León. Mientras que los primeros retrasaron la legislación referente al proceso de estabilización y, los otros, no ofertan las plazas correspondientes, evitan que se solucione la situación laboral de miles de trabajadores públicos.
Desde el PCTE en Castilla y León condenamos este nuevo ataque frontal a la educación pública que apuntala los cimientos para el deterioro y la privatización de la educación en nuestra comunidad, y llamamos al conjunto de la comunidad educativa y organizaciones sindicales a impulsar desde los centros de trabajo las reivindicaciones laborales y educativas, que den un nuevo impulso a la movilización laboral del sector de la enseñanza para garantizar una verdadera educación pública al servicio de la clase obrera y los sectores populares.