Ha comenzado un nuevo curso escolar en todas las etapas del sistema educativo de Cantabria; un curso marcado de nuevo por la pandemia, pero también por una senda que discurre hacia la actualización del modelo de explotación capitalista, aprovechándose de uno de sus elementos más útiles, el sistema educativo. Una senda emanada desde la OCDE y asumida por las instituciones europeas, nacionales y, por supuesto, autonómicas.
Solo desde este marco general podemos comprender en toda su magnitud el proceso de deterioro, mercantilización y sometimiento a los intereses empresariales que está sufriendo el sistema educativo público, el cual se desarrolla en plena sintonía con el proceso general desarrollado en todo el país.
En este sentido, la pandemia, primero, y los fondos europeos de recuperación, después, han sido el impulso perfecto para desarrollar el proceso a marchas forzadas. La propia consejera de Educación, Marina Lombó, decía en una reciente entrevista “La COVID nos ha hecho a muchos hacer un aprendizaje a pasos agigantados, pero hemos sido capaces de gestionar y de gestionar bien”.
Si la consejera se refiere a la gestión de ese proceso de deterioro, mercantilización y sometimiento a los intereses empresariales, efectivamente hay que reconocer que lo está haciendo estupendamente. Si se refiere, por el contrario, a una gestión favorable a los intereses de la comunidad educativa, la realidad se impone. Vamos a analizarla:
- Al igual que el curso pasado, la contratación de docentes es absolutamente insuficiente. Se ha contratado a 151 docentes, muchos de ellos con jornadas parciales, que ni siquiera llegan a la totalidad de los centros educativos públicos.
- Esta exigua contratación de profesorado imposibilita una de las principales recomendaciones sanitarias, la reducción de ratios, que a su vez es una de las medidas más importantes para mejorar la calidad del aprendizaje y constituye una reivindicación esencial del profesorado.
- Centrándonos en los aspectos sanitarios, se ha reducido la distancia de seguridad de 1,5 a 1,2 metros. Sin embargo, esta modificación no deja de ser un aspecto formal. En buena parte de los centros, no se puede cumplir con esta medida por la falta de recursos, en cuanto a espacios y personal, por lo que los protocolos que tuvieron que elaborar los centros son, en la práctica, papel mojado. En los pocos centros en los que, en cambio, sí se había aplicado el metro y medio de distancia, la nueva medida ha servido para imponer un nuevo aumento de las ratios de alumnos, con más estudiantes por aula.
- Asimismo, tampoco se han reforzado las plantillas de limpieza de los centros, que sufren, además de un incremento en la carga laboral, las habituales condiciones de precariedad propias de las subcontratas y de las ETT para las que trabajan, al igual que el personal de comedor, de transporte o de extraescolares.
- En cuanto a los aspectos pedagógicos, desde que comenzó la pandemia, el alumnado ha sufrido un escenario que está lejos de ser el idóneo para un adecuado aprendizaje: confinamiento durante meses, clases online, cuarentenas habituales o limitaciones en las actividades educativas que han acarreado dificultades de aprendizaje para un importante número de estudiantes. Sin embargo, estos problemas que se vienen arrastrando desde hace ya dos cursos parecen no importar a la Administración, que no ha hecho el mínimo esfuerzo en tratar de recuperar ese desfase ocasionado por la pandemia.
- En base al argumento de que hay menos alumnos debido a la caída demográfica y pese a sacar pecho por el aumento del número de docentes, la Consejería de Educación ha llevado a cabo recortes de plantillas en varios centros. En vez de aprovechar ese descenso de alumnado para reducir la ratio, se opta por ahorrar recursos, lo cual no ocurre en la escuela concertada, donde el número de líneas sigue en aumento y cada vez cuenta con más alumnado.
- Esos recursos destinados a la Concertada también son en forma de ayudas económicas. Sin irnos más lejos, el curso pasado, una parte de los 18 millones de fondos covid procedentes del Ministerio de Educación fue destinada a la compra de EPI para la concertada. La cuantía concreta aún se desconoce, debido a la opacidad de la Consejería a la hora de repartir estos fondos.
- La campaña de vacunación del profesorado durante la segunda mitad del curso pasado fue desastrosa. Los docentes fueron considerados personal esencial, pero la segunda dosis de la vacuna fue administrada, en su mayoría, una vez finalizado el curso.
- Tras el proceso selectivo desarrollado durante junio y julio en los cuerpos de profesores de Secundaria y FP, la tasa de interinidad sigue siendo altísima, superior al 30%.
Todo este caldo de cultivo se suma a la puesta en marcha de un desarrollo normativo que busca, a nivel nacional, adecuar el sistema educativo a las necesidades empresariales. La LOMLOE o la nueva ley de FP son las herramientas legales para conseguir el objetivo.
El Gobierno de Cantabria, comprometido igualmente con el modelo de educación al servicio de la producción capitalista, ya lleva tiempo impulsando uno de ejes de la nueva ley de FP, como es la modalidad dual, que viene a generalizar la mano de obra gratuita.1
De la misma manera, la Consejería de Educación, fiel a una línea mecantilizadora, viene siendo parte indispensable de la apertura de un nuevo nicho de negocio para las empresas. Valga como último ejemplo, el acuerdo entre Orange y Educación para “implantar un proyecto dirigido a potencia las destrezas de nuevas tecnología en FP” 2. En palabras de la consejera Lombó “se trata de una oportunidad de acercar la digitalización a las aulas”.
En nombre de la digitalización, la resiliencia y la transformación, se abre una nueva etapa de ofensiva por parte del sector empresarial para hacer de la educación su nuevo espacio de beneficio económico. Los representantes políticos de los capitalistas en las Administraciones públicas intentarán ser los artífices de llevar adelante la ofensiva.
En nuestra mano está la posibilidad de no permitirlo, de responder a cada uno de sus ataques, de dar un paso al frente para denunciar sus políticas, para luchar frente a sus proyectos mercantilizadores del sistema educativo y para poner sobre la mesa nuestro proyecto educativo, alejado de los intereses empresariales, que tenga, como objetivo prioritario el desarrollo integral de la persona. Para alcanzar ese horizonte educativo queda un largo camino que pasa ahora por la organización de trabajadores, alumnos y familias en sus propios sindicatos y asociaciones y la lucha activa contra todas las medidas que intenta imponer el capitalismo. Pero debemos ser conscientes, sin embargo, que esta educación solo es posible de manera completa en el marco de la sociedad que aspiramos a construir, la sociedad socialista.
Es el momento de pasar al contraataque para conquistar la educación y la sociedad que aspiramos a construir.
¡Por una educación integral,
luchemos por el socialismo-comunismo!
1. Sobre el anteproyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional: https://juventudcomunista.es/sobre-el-anteproyecto-de-ley organica-de-ordenacion-e-integracion-de-la-formacion-profesional/
2. Educación y Orange estudiarán la posibilidad de implantar un proyecto dirigido a potenciar las destrezas en nuevas tecnologías en FP: https://www.educantabria.es/noticias/39725696-educacion-y-orange-estudiaran-la-posibilidad-de-implantar-un-proyecto-dirigido-a-potenciar-las-destrezas-en-nuevas-tecnologias-en-fp.html