Desde hace años se viene gestando en Cantabria una problemática en el acceso a la vivienda que está llegando a unos límites insostenibles para la mayoría trabajadora. Las razones: un contexto de tormenta perfecta donde el turismo masivo, la especulación y el alquiler vacacional están a la orden del día.
Por un lado, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler se ha disparado un 98 % en Cantabria en los últimos diez años; de hecho, nuestra comunidad ha liderado la subida del precio de los alquileres en España en el segundo trimestre de 2024, mientras que los salarios siguen estancados. La consiguiente pérdida de poder adquisitivo hace cada vez más difícil que las familias trabajadoras y en especial la juventud obrera puedan permitirse una vivienda digna. Para contextualizar esta dramática situación, sirva un dato: los cántabros dedicaron el año pasado el 42 % de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda.
Por otro lado, el precio medio de la vivienda en Cantabria se sitúa en 1.500 euros por metro cuadrado, lo que hace prácticamente inviable la compra para buena parte de las y los trabajadores, especialmente para la juventud obrera. En cambio, la especulación inmobiliaria sigue en aumento, con un notable crecimiento de la vivienda pagada sin hipoteca, o lo que es lo mismo: grandes propietarios, empresas y fondos buitres están adquiriendo viviendas como segunda residencia o, principalmente, para destinarlas al alquiler turístico.
De hecho, es en este último aspecto donde nuestra comunidad está viviendo un auténtico boom descontrolado, responsable en buena medida de las crecientes dificultades que encuentra la mayoría trabajadora para acceder a una vivienda. Cantabria es el territorio peninsular que ha experimentado un mayor aumento de pisos turísticos desde la pandemia; en el último año, el crecimiento fue de un vertiginoso 22 %. Nuestra comunidad también es ya la tercera con el porcentaje más elevado de viviendas turísticas sobre el total (1,8 %). Algunos de los municipios donde más ha crecido han sido localidades costeras, como San Vicente de la Barquera, Suances o Comillas. Pero es en la capital donde este aumento viene provocando un grave problema en el acceso la vivienda. Santander ha sido una de las ciudades donde más aumentó la oferta de este tipo de pisos, un 37,8 % en el primer trimestre de 2024 respecto al año anterior, solo superada por Valencia, Gijón y Oviedo.
El auge de las viviendas turísticas reduce la cantidad de vivienda disponible para los residentes habituales y encarece su precio, un problema que ya está afectando a muchos cántabros y cántabras. Ante este contexto de auténtica emergencia, el Gobierno autonómico, esforzándose en cumplir el papel que desempeña como garante de los intereses empresariales, por un lado intenta restar importancia a esta grave situación y, por otro, toma determinadas medidas, como la tramitación de un nuevo decreto de regulación de viviendas de uso turístico, que responde más a la presión de la patronal de alojamientos turísticos que a la voluntad de solucionar la problemática.
Para poner la guinda, el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ya ha dejado declaraciones vergonzosas, afirmando, por ejemplo, que «Cantabria no va a ser Cuba», rechazandola posibilidad de regular el mercado de alquiler, protegiendo así la sacrosanta propiedad privada en detrimento del derecho al acceso a la vivienda, o achacando el encarecimiento de los pisos en Cantabria a la ley estatal «que protege a los okupas». Una ley del Gobierno de coalición socialdemócrata que precisamente apuntala la vivienda como bien de mercado, por encima del derecho a la vivienda. Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, concibe los pisos turísticos como «herramienta» para «relanzar zonas de la ciudad» y «regenerar barrios». Parece que las y los trabajadores les sobramos en el escaparate para turistas en que quieren convertirla (el número de turistas aumentó en 2023 un 27,5 % respecto al año anterior, y un 47 % el del viajero extranjero).
El derecho a la vivienda digna no se va a resolver en los marcos de un sistema socioeconómico, el capitalismo, que concibe la vivienda como una mercancía. Así lo expresó el exministro Ábalos: «la vivienda “es un derecho pero también es un bien de mercado, que genera actividad económica”». Por esta razón, las propuestas de los partidos políticos con representación parlamentaria, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal, así como las de otras organizaciones, en la práctica se muestran del todo insuficientes y tienen, en el mejor de los casos, un carácter meramente paliativo. La afirmación de Ábalos es una contradicción en sí misma: o la vivienda es un derecho y se garantiza su acceso para toda la población o es una mercancía. En el capitalismo, el supuesto derecho queda en segundo plano frente a su condición de «bien de mercado», frente a quienes buscan hacer negocio con ella. La vivienda debe dejar de ser una mercancía para convertirse en un derecho y en una necesidad social, y para ello hace falta superar el sistema actual.
Nuestra propuesta, por tanto, consiste esencialmente en un programa de lucha con el único objetivo de acabar con especuladores, rentistas y parásitos, y poder construir una sociedad socialista. Luchemos por:
- Expropiar sin indemnización las viviendas actualmente en manos de los bancos y fondos buitre;
- Conformar una bolsa de viviendas públicas en régimen de alquiler, con precios fijos y regulados por el Estado, para jóvenes, estudiantes, pensionistas, trabajadores y trabajadoras;
- Mantener la lucha para prohibir todo tipo de desahucios a familias trabajadoras y cualquier corte en los suministros básicos;
- Conseguir una limitación real y efectiva de los alquileres, en detrimento de la ganancia de los propietarios y no como mecanismo encubierto para la subida de precios;
- IBI gratuito para primera vivienda. IBI progresivo a partir de la segunda vivienda en propiedad.
Estas propuestas sólo podrán hacerse realidad si la clase obrera y el pueblo trabajador de Cantabria se organizan y luchan hombro con hombro, clase contra clase. Es vital la organización en los barrios, en los sindicatos, en las asociaciones de vivienda y en el PCTE para estar en disposición de garantizar el derecho a una vivienda digna. Porque no queremos «regenerar» ni «relanzar» barrios, con lo que eso implica dicho por los gestores del capital; queremos barrios con vivienda suficiente y a un precio asequible para quienes los habitamos, con servicios públicos y de calidad. No podemos permitir que los mismos de siempre sigan lucrándose a costa de nuestras necesidades básicas. Transitemos nuestro propio camino, frente a los especuladores que hacen negocio con nuestros derechos más básicos. Convirtamos la vivienda en un derecho.