Salarios insuficientes, ratios abusivas, autoritarismo, instalaciones educativas deficientes, recursos exiguos… El profesorado de Cantabria está alzando la voz cada día más fuerte contra las múltiples formas en las que los intereses privados se manifiestan en la Educación pública. El Gobierno de Cantabria, como representante colectivo de los empresarios, que están objetivamente interesados en desmantelar el sistema público, y por extensión su Consejería de Educación, está siendo cada vez más consciente de la presión de los docentes y por ello recurre a las tácticas sucias habituales en las empresas: así, la Administración intentar dividir a los trabajadores, por ejemplo, en función de si trabajan en centros rurales o urbanos y pretenden difundir una imagen nociva del profesorado para romper los apoyos del resto de la clase obrera y sectores populares de la sociedad, acusándoles falsa y cobardemente de «abusar de las bajas médicas».
A pesar de que la Administración juega con frecuencia a presentarse como una especie de ente neutral, al margen de las clases sociales, lo cierto es que el Consejero y sus compañeros de viaje saben bien a qué clase están representando y no es, precisamente, a la clase trabajadora. Solo así se explica que la Consejería retuerza el lenguaje y la realidad para presentar como un «complemento a la asistencia» lo que no es sino una sanción económica a los docentes que no acudan a su puesto de trabajo por estar de baja médica y, en línea con la cada vez mayor insistencia de las patronales con el «absentismo» laboral y que justifique su propuesta de sancionar económicamente a los docentes que no acudan al puesto de trabajo, incluso si es por baja médica, con el argumento de que al presidente de PYMETAL le parecía adecuado implantar este tipo de perjuicio salarial. Como bien señala el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Mientras la Consejería se codea con las patronales, con los empresarios, a las movilizaciones de los docentes acudían también trabajadores de muchos otros sectores a apoyar sus reivindicaciones. Hombro con hombro y clase contra clase.
El conflicto educativo es, por lo tanto, lucha de clases. Lo que está en juego es, por un lado, el salario directo de los trabajadores de la enseñanza; y, por otro lado, el salario indirecto de toda la clase obrera, que recibe en forma de educación para sus hijos e hijas. Lo que hace el Consejero de Educación, del Partido Popular, cuando apunta con su dedo amenazador a los docentes es intentar doblegar la fuerza de los trabajadores organizados. Lo mismo que hace pocos años hacía precisamente PYMETAL, la organización de empresarios del metal, negándose a negociar unas mínimas mejoras en el convenio con los trabajadores en huelga y alargando su lucha. Lo mismo que en su momento representaron las tanquetas que el Partido Socialista mandó a reprimir el pueblo de Reinosa en el 87. Lo mismo que intentaba Sumar cuando aprobó junto al PSOE, y un voto del Partido Popular, otra reforma laboral que echaba la enésima tonelada de tierra sobre los derechos de nuestra clase.
Frente a los ataques de Administraciones y empresas solo queda el camino de la lucha organizada, retomando las herramientas de las que históricamente se ha servido nuestra clase: organizándose en sindicatos, convocando asambleas, movilizaciones y huelgas, paralizando el sistema para demostrar que somos nosotros quienes lo hacemos funcionar e implantar soluciones definitivas, aunque solo se alcancen mejoras parciales en un primer momento. Conviene romper ya con la confianza en las urnas, con los juegos de diputados y con el error de quien cree que todo consiste en «ganar el relato», convirtiendo el medio en el fin, y condenando a los trabajadores al inmovilismo.
Es hora de que las protestas den un salto cualitativo, que pasen de ser una simple visibilización del conflicto a una auténtica herramienta de choque. Las cartas están encima de la mesa: la Consejería de Educación y el Gobierno de Cantabria no quieren conceder siquiera un acuerdo que «simplemente» haría a las y los docentes recuperar el poder adquisitivo perdido durante 17 años sin actualización del componente autonómico de su salario conforme al IPC. De la fuerza que muestren ahora las y los trabajadores para lograr imponer sus reivindicaciones en materia salarial se derivará su mayor o menor capacidad, en próximas negociaciones, de conseguir nuevos derechos laborales y nuevas conquistas que mejoren la calidad de la educación pública en Cantabria. Dentro de los escasos márgenes que la legalidad de los capitalistas permite a los trabajadores, el personal funcionario tiene cierta cobertura que facilita poder tomar acciones sindicales con menor riesgo individual para el trabajador. La lucha de las y los docentes de la pública de Cantabria debe servir de acicate y facilitar el camino a otros sectores educativos más precarizados aún, varios de ellos además subcontratados: técnicos de infantil, monitores de transporte y de comedores, auxiliares de conversación, trabajadores de limpieza…
Los profesores caminan en esta lucha de la mano también de los estudiantes organizados, que reconocen la centralidad del movimiento obrero en la mejora de las condiciones de vida para la clase obrera y, que tienen, como primer punto de contacto del movimiento sindical, precisamente a quienes comparten con ellos los centros educativos. Es igualmente fundamental que también el estudiantado se implique en esta causa, comprendiendo que es también su educación la que está en juego.
Por todo ello, saludamos la lucha que los docentes en Cantabria vienen articulando y animamos a que se desboque definitivamente la presión a través de una huelga.
¡Por la adecuación salarial docente!
¡Por una educación al servicio de la clase obrera!
¡Profesorado, a la huelga!
