Durante el curso 2022-2023 los docentes hemos vivido la implantación de la LOMLOE, que ha convivido con la anterior ley educativa, resultando en distintos criterios a la hora de impartir el currículo y evaluar. La Consejería de Educación, lejos de facilitar la labor docente, nos ha exigido el conocimiento de una ley sin ofrecernos las herramientas para comprenderla y aplicarla correctamente. Los cursos impartidos por los CPR han sido más bien limitados, resultando en un número de plazas escaso con el que no se pudo garantizar la asistencia del total de la plantilla. A sabiendas de todo esto, también se nos han exigido las situaciones de aprendizaje de todo el curso para el tercer trimestre, cuando lo razonable hubiera sido, dada la novedad de la ley y el tiempo que restaba para finalizar el curso, diseñar únicamente las de la tercera evaluación y ponerlas en práctica.
El curso también ha estado marcado por la exclusión de las listas de una parte del Profesorado Técnico de Formación Profesional (PTFP), al carecer de la titulación universitaria que la nueva normativa exige. Desde la Consejería, se han desoído las demandas de las trabajadoras mientras se sembraba la esperanza de una posible solución.
Lo cierto es que el proceso de oposición ha finalizado y los docentes afectados no pueden acceder a un puesto de trabajo tras décadas de experiencia en la enseñanza, una situación más que precaria al reducir el número de años cotizados de estos trabajadores, disminuyendo su pensión y, con mucha seguridad, obligándoles a soportar un mayor nivel de explotación en el mercado de trabajo privado.
En definitiva, durante este curso la actuación de la Consejería se ha caracterizado por un alto nivel de desorganización, lo que ha repercutido en la labor docente y, lo que es peor, por desoír buena parte de las demandas de los trabajadores de la enseñanza, llegando a negar el derecho al empleo en el caso del PTFP.
Continuando con la legislación educativa anterior, la LOMLOE Profundiza en un tipo de políticas que sujetan la enseñanza a las necesidades de formación de mano de obra por parte del mercado. Sin entrar en un análisis detallado, los mismos que redactan una ley aparentemente progresista en su forma, impiden la mejora en la calidad educativa, manteniendo unas ratios altas por clase y restringiendo la contratación de personal. Por este motivo, desde la Célula de Enseñanza Hermanos Bárzana hacemos un llamamiento al profesorado para que se organice por una bajada sustancial de las ratios en las aulas, única garantía de un entorno de trabajo saludable tanto para el estudiantado como para los docentes.
La aplicación de cualquier documento legislativo tiene que venir acompañada de un proceso formativo con garantías y para el conjunto de la plantilla. Esto requiere de una ampliación de la actividad de los CPR, ofreciendo cursos sobre legislación y otras cuestiones con periodicidad anual, lo que facilita una toma de contacto para los docentes que comienzan a incorporarse a la enseñanza y una profundización y actualización para los que llevan más tiempo. Reabrir los CPR del Occidente (Cangas de Narcea y Luarca) puede favorecer la incorporación del profesorado en estas áreas a los procesos formativos.
Por otra parte, los trabajadores de la enseñanza en Asturias estamos sujetos a una discriminación salarial respecto a otras comunidades autónomas y a diferencias salariales entre nosotros. Debemos defender esta equiparación salarial entre comunidades y, además, la creación de un cuerpo único de docentes, en el que la administración garantice las mismas condiciones laborales a todos los niveles bajo el principio ‘’a igual trabajo, igual salario’’.
La mejora en las condiciones laborales debe llevar aparejada la posibilidad de jubilación a los 60 años para todo el profesorado funcionario de carrera, aunque ya no se pertenezca a clases pasivas, así como una reducción en la jornada lectiva de 2 horas semanales, siempre sin disminución salarial, para los mayores de 55 años. A su vez, en una profesión con un elevado desgaste mental, la incorporación de un año sabático cada cuatro años, con redistribución de salario no proporcional en bloques de 5 años, es ya una experiencia que lleva varios años poniéndose en práctica en otras comunidades. Estas medidas, además de mejorar la calidad de la enseñanza, permitirían crear una bolsa de empleo con la incorporación de nuevos docentes.
Reclamamos así mismo la incorporación del personal de PTFP a las listas de interinidades para el siguiente curso. Es inaceptable que la Consejería deje fuera a estos profesionales con la excusa de un cambio en los criterios de acceso a la función pública. La solución del conflicto requiere de la unidad de todo el profesorado ante una ley torpemente ejecutada y que empeora las condiciones de vida de unos trabajadores que nunca han necesitado el respaldo de una titulación universitaria para hacer bien su trabajo.
Esta incorporación es necesaria en una época que se caracteriza por el crecimiento en la demanda de la Formación Profesional (FP) -muy elevada en sanidad e informática-, con un aumento de las peticiones y una tendencia, cada vez más acusada, hacia la FP privada, con continuas campañas promocionales por parte de instituciones y empresas y un enorme desvío de fondos públicos. En este mismo sentido, la red de centros concertados y privados garantiza la subordinación de la enseñanza, una vez más, a intereses empresariales y religiosos, y en última instancia, los resultados académicos se ven sujetos a criterios opacos, con redes clientelares que determinarán la posición social de los estudiantes en el futuro. Esta situación es inaceptable para los docentes, las familias, y los hijos e hijas de la clase trabajadora, que ven cómo la educación privada eleva en la escala social a sus futuros explotadores.
Por último, debemos mencionar los errores informáticos del sistema de peticiones durante las anteriores semanas. Las listas salieron el viernes 18 a media tarde, retrasando durante varias horas las peticiones, pero lo más grave sucedió cuándo algunos interinos observaron perplejos que el sistema mostraba especialidades distintas a las del opositor o funciones bilingües para las que no estaban habilitados. A la tensión de escoger destino apenas dos semanas antes de entrar a trabajar, se suma que un error en la petición, una función para la que no se está habilitado, puede repercutir en una renuncia por parte del trabajador, dada la escasa capacidad de autocrítica de la Consejería. Reclamamos que estos errores no se repitan, y que los futuros procesos de petición se inicien antes; no podemos seguir planificando nuestra vida con un margen de una semana.
Hacemos un llamamiento al conjunto de trabajadores de la enseñanza pública no universitaria para que se organice en su centro de trabajo, participando en los sindicatos de clase y fortaleciendo las filas del partido comunista, única forma de afrontar las luchas del presente en mejores condiciones. La educación sólo será verdaderamente pública cuándo el único lugar que ocupe el capitalismo en la vida de los estudiantes sea en los libros de historia.
Célula de Enseñanza Pública No Universitaria Hermanos Bárzana
Asturias, septiembre de 2023