Dice Eduardo Galeano que «el olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas». En estas cuestiones del olvido y los recuerdos hay quienes se esfuerzan en dar clases de amnesia y quienes nos vemos en la responsabilidad colectiva de no dejar que se olvide nuestro pasado (ninguno, ni el de antaño ni el reciente) para que no venga a repetirse, como decía Marx, ni como farsa ni como tragedia.
Tras la irrupción de la pandemia por COVID-19, los profesores de la amnesia proliferan en todas las ágoras y púlpitos, doctos en una amplia gama de pedagogías del olvido: la mentira, la ocultación, la tergiversación, el lenguaje de guerra contra un enemigo que pareciera llegar a destrozar un mundo antes perfecto. Cargados de consignas como “esta guerra la ganaremos juntos”, “el virus ataca a todos por igual”, “nadie se va a quedar atrás”, “tendremos que hacer grandes esfuerzos”…; levantan cortinas de humo para exculparse, pretendiendo hacernos olvidar la devastación que décadas de destrucción de empleo y recortes salariales, recortes en sanidad, educación y servicios sociales nos situaba ya antes de la llegada de la COVID1-9 en una realidad en la que la desigualdad y la pobreza de amplias capas sociales eran el caldo de cultivo que la pandemia solo llegó a profundizar en uno de los países más desiguales del contexto europeo.
En el terreno de la educación, quienes abogamos por la memoria, tenemos por delante el enorme reto de no permitir que se olvide lo que pareciera que para algunos solo la COVOD-19 hizo visible (como si antes no hubiera estado ahí; como si la defensa de la educación pública -por la que llevamos décadas luchando – fuese un capricho que un virus ha tenido que venir a develar necesario).
En primer lugar, no podemos permitir que se olvide que la educación es un derecho fundamental que debemos defender siempre, y más en las condiciones más adversas, porque la escuela -a pesar de que no podemos obviar que en el capitalismo tiene como objetivos fundamentales la formación de mano de obra y la educación de los/as niños/as y jóvenes en la ideología burguesa- además de un espacio de transmisión de conocimiento, puede jugar un papel en la reducción de la desigualdad, por cuanto –idealmente, fruto de la lucha de clases que se da y ha dado en ella para que la burguesía tenga que pagar un cierto peaje para lograr sus objetivos– asume el compromiso de que todas las personas adquieran unos conocimientos y destrezas que les permitan reducir al máximo los déficits que en términos educativos y de recursos pueden existir en su entorno sociofamiliar. Pero no solo, sino que también se configura – o debiera hacerlo- como un espacio de encuentro humano y de construcción de valores, como la piedra angular en la que formar personas íntegras, con capacidad de reflexión y crítica y sentido del compañerismo, solidaridad y justicia.
Ante tamaña misión titánica nuestra escuela pública resiste, agonizante, con el esfuerzo de una comunidad educativa que hace lo que puede a pesar de que el impacto de los elevados recortes en los últimos 10 años ha agudizado las deficiencias de un sistema y modelo educativos indudablemente susceptible de infinitas mejoras. Y es que es preciso que los profesores de la amnesia no nos hagan olvidar los más de nueve mil millones de euros que los últimos gobiernos han recortado a la educación pública -en España se destina menos del 5% del PIB a educación en tanto que otros países del entorno europeo destinan más del 7%- ; como tampoco que presentamos la mayor tasa de abandono escolar de la UE, ni las elevadas ratios, ni la inestabilidad e insuficiencia de la plantilla de profesorado -así como de otras figuras imprescindibles en los centros educativos que garanticen la atención a las necesidades educativas de nuestro alumnado y por ende unas medidas efectivas de inclusión como trabajadores sociales, PTSC, educadores y psicopedagogos-, ni la necesidad de invertir en infraestructura y equipamiento; ni el despropósito de los conciertos educativos que, indudablemente, solo contribuyen a profundizar en el carácter segregador y clasista de nuestra escuela. Ni en tantas otras muchas cosas que extenderían el propósito de este escrito y de las que mucho se debería hablar, como la imperiosa necesidad de un replanteamiento curricular que se aleje de los valores hegemónicos capitalistas, individualistas y competitivos y convierta nuestra escuela en una escuela al servicio de la clase obrera, proceso que es solamente posible desarrollar plenamente en un sistema socialista.
Pero lo que por encima de todo no podemos permitir que se olvide es lo ocurrido durante el periodo de confinamiento y los últimos meses desde que se cerraron las puertas de nuestros centros educativos. El confinamiento tuvo indiscutiblemente repercusiones nefastas, con un profundo sesgo de clase y género, dejando atrás, como siempre, a los y las más vulnerables.
El cierre de las escuelas ha supuesto, de una parte, – y a pesar de los esfuerzos de muchos profesionales del ámbito educativo, tanto formal como informal- la interrupción de la función socializadora, protectora y de cuidado que desempeñan más allá de la curricular.
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El cuidado de niños y niñas se vio comprometido en aquellos hogares en los que los adultos han tenido que trabajar, dejándolos solos/as en los domicilios; poniendo en riesgo la salud de familiares que pudieran asumir su cuidado -en muchas ocasiones mayores y por tanto más vulnerables-; teniendo que afrontar gastos extraordinarios o incluso, teniendo que interrumpir la actividad laboral. Esta situación indudablemente afectó en mayor medida a las familias con mayores dificultades económicas, suponiendo una enorme carga para ellas y especialmente para aquellas monoparentales y/o con hijos/as con necesidades educativas especiales, discapacidad…, que de por sí enfrentan a menudo grandes desventajas como mayor índice de pobreza, precariedad y dificultad de conciliación.
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La interrupción de los servicios que se procuran en los centros educativos como las becas comedor, desayunos, apoyo psicopedagógico…, puso en peligro la satisfacción de cuestiones tan básicas como la alimentación y el desarrollo de muchos niños, niñas y jóvenes.
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Mayor exposición al estrés provocado por el confinamiento, especialmente en aquellos hogares con mayor precariedad (hacinamiento, carencias materiales, mayor incertidumbre…).
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Mayor exposición a la violencia doméstica y maltrato. Es un hecho que las consultas y peticiones de ayuda de mujeres aumentaron de manera alarmante durante el confinamiento.
En este sentido, en ningún caso se puede obviar el enorme impacto de la pandemia sobre las mujeres, quienes sustentan el peso fundamental del sistema de cuidados, tanto al exterior como al interior de los hogares, en muchos casos solas, y que han visto multiplicado dicho peso durante el confinamiento (tareas domésticas, apoyo escolar, soporte emocional…); cuestión que evidencia cómo las consecuencias de la pandemia no afectan a todos por igual, profundizando la desigualdad desde la que parten al ser un colectivo más precarizado laboralmente, con peores ingresos, mayor riesgo de desempleo y mayor riesgo de sufrir violencia doméstica, explotación, acoso y abusos.
De otra parte, la interrupción de la asistencia a clases, ha supuesto para todos/as un impacto negativo sobre el aprendizaje, pero mucho mayor para el alumnado de entornos vulnerables, ahondando en la distancia educativa entre familias ricas y pobres. Una brecha que no se limita únicamente a aspectos tecnológicos o de conexión a la red -que también se ha dado, con una distribución muy desigual según el nivel socioeconómico de las familias- y que, por tanto, no se puede paliar con la provisión de una tablet y/o una tarjeta de conexión a internet, sino que está profundamente atravesada por otros factores como el capital cultural de las familias; las habilidades tecnológicas, la autonomía, el estar o no sometidos a situaciones de estrés ante la ausencia de ingresos económicos, pérdida de empleo, incapacidad para afrontar gastos, enfermedad, dificultades de convivencia agravadas por el hacinamiento; ausencia de espacios propicios a la concentración y estudio; cuidado y acompañamiento emocional…, etc. Es evidente que en su mayoría se trata de factores hondamente influidos por la clase, en las que, una vez más, son los trabajadores y trabajadoras quienes más salen perjudicados.
Ante todas estas cuestiones es evidente que nuestra responsabilidad es no permitir que los profesionales de la amnesia hagan olvidar la profunda brecha social, que ya se está viendo acrecentada ante la pérdida de millones de empleos, la precarización y la falta de protección social y sus repercusiones en la educación de millones de niños/as y jóvenes en nuestro país. Y en tanto que unos repiten con frecuencia el mantra de la gran incertidumbre ante lo que está por llegar, otros vemos nítidamente cómo el panorama que se presenta es el de la precariedad, el desempleo, la exclusión y el agravamiento de las situaciones de miseria de millones de familias trabajadoras en este país.
Por ello, es imperativo que volvamos a las aulas en septiembre, para que nuestra escuela y nuestro profesorado retomen sus funciones educativas, de socialización y cuidado y se haga efectivo el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Pero esta vuelta no puede hacerse de cualquier manera si no queremos que se continúen agravando más aún las desigualdades, el abandono y el fracaso escolar, además de poner en riesgo la salud de toda la comunidad educativa y, por ende, la de sus/nuestras familias.
Es preciso:
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Corregir la distancia acrecentada entre unos y otros, garantizando el derecho a la educación en condiciones de igualdad, reforzando al alumnado con mayor vulnerabilidad, incrementando las medidas inclusivas que permitan compensar las desigualdades de origen social, cultural y económico que ya existían y que, como se ha mencionado, no han hecho sino profundizarse. Y para ello:
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Dotar de recursos a la escuela pública que permitan la reducción de ratios por aula y profesorado y la estabilidad de las plantillas; la mejora de infraestructuras y equipamientos.
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La contratación de profesionales cuya presencia era ya imperativa antes de la irrupción de la COVID-19 como orientadores, profesores técnicos de servicios a la comunidad; de educación especial, audición y lenguaje…, de manera que podamos abordar de una manera integral y efectiva las necesidades educativas especiales de todo nuestro alumnado.
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Acortar, más que nunca, las distancias entre la escuela y la comunidad, de manera que el desarrollo en el aula no sea ajeno a la realidad social, cultural y económica de los niños, niñas y jóvenes. En este sentido, fortalecer la escuela pública va de la mano del fortalecimiento del resto de sistemas de protección como el sistema público de salud y servicios sociales, así como de la coordinación entre la escuela y el resto de agentes involucrados en el desarrollo, formación y acompañamiento socioeducativo de nuestros menores y jóvenes (ocio, deporte…).
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Tomar en cuenta los aprendizajes de estos meses, paliando la brecha digital -de uso y acceso- existente tanto entre el alumnado como entre el profesorado, sin olvidar que la presencialidad en la educación es fundamental y que no se trata solo de contar con los medios tecnológicos sino también de saber usarlos y de tener la capacidad para comprender sus contenidos de manera autónoma.
La realidad que tenemos por delante es si cabe aún peor que la que ya vislumbrábamos antes de la irrupción de la COVID-19 -que no ha hecho sino acelerar el empeoramiento de la situación de la clase trabajadora-. Miles de familias enteras sin trabajo, o con trabajos precarios que no permiten satisfacer las necesidades más básicas, afectados por ERTE que en muchos casos concluirán en despidos; uberización en todos los sectores, jóvenes sin expectativas de trabajo y/o emancipación, sobrecarga de sistemas profundamente debilitados por los recortes previos -y los nuevos que ya se están sintiendo- como el de sanidad y servicios sociales… En Asturies, el virus de la desigualdad se extendía ya antes de la pandemia, incrementándose el número de personas en situación de pobreza (la pobreza económica creció de un 14% en 2018 hasta un 20.7% en 2019), y continuará aumentando especialmente entre las familias con niños, niñas y jóvenes. Por ello, nuestra responsabilidad es no permitir que los profesores de la amnesia nos hagan olvidar nuestros derechos, ninguno de ellos, tampoco el de nuestros niños, niñas y jóvenes a una educación pública, laica y de calidad.
C.T. Enseñanza PCTE ASTURIES