Los trabajadores y trabajadoras de la Célula de Educación Pública No Universitaria ‘’Hermanos Bárzana’’ del PCTE Asturies hacemos un llamamiento al profesorado asturiano a abrir un debate sobre el ‘’Acuerdo de interinos’’. Un acuerdo firmado hace una década, en el año 2014, por la Consejería de Educación y los sindicatos UGT y ANPE, que no gozó del amplio consenso deseable dentro del movimiento sindical ni, por tanto, del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza en Asturias. Si a esto le sumamos las dos modificaciones sufridas desde su firma, consideramos que se debe iniciar sin más demora la apertura de la negociación de un nuevo ‘’Acuerdo de interinos’’. En este sentido, y con el ánimo de contribuir al debate, aportamos algunas propuestas que consideramos pueden servir de base para abordar soluciones en puntos que consideramos de mayor relevancia:
- Desligar la necesidad de presentarse nuevamente a la oposición para poder mantenerse en las listas de interinidad. Asimismo, y teniendo en cuenta lo anterior, en cada nuevo proceso de oposición se rebaremará a los interinos actualizando sus méritos y situándolos en su lugar correspondiente en las listas. Por otro lado, los trabajadores podrán mantenerse en varias listas sin necesidad de presentarse otra vez a la oposición, incluyendo que no se tenga que volver a pagar por cada nueva lista en la que solicite la inclusión. El cobro de tasas por presentarse a las listas y por estar en varias a la vez es una medida de carácter meramente recaudatorio. Especialmente sangrante es el segundo caso, en el que un docente que opte a varias especialidades tendrá que realizar un desembolso considerable únicamente para optar a un trabajo. También debería de suprimirse la obligación de acudir al examen a firmar, evitando un trastorno inútil hacia el opositor y agilizando la realización de los exámenes, lo que mejoraría el desempeño de aspirantes y tribunales.
- Bajar el número de horas de cursos requeridas para la máxima puntuación del baremo a 100, lo que es equivalente a lo necesario para acceder a un sexenio. Asimismo, limitar el máximo a un solo Máster (excepto los habilitantes para la función docente, ya que son obligatorios). No se puede hacer una férrea defensa de la educación pública sin situar una crítica al gran impulso que la educación privada está sufriendo, principalmente en lo que a la formación superior respecta. Tanto la ‘’obligación’’ de tener que realizar 1000h en cursos formativos para obtener la máxima puntuación, como el hecho de existir la posibilidad de realizar varios Máster con el mismo fin, hace que suponga una ventaja para aquellas personas que, o bien dispongan del tiempo o el dinero para hacerlo, afectando primordialmente a aquellas con menos recursos o posibilidades. Un dinero que, por otro lado, supone muchas veces un endeudamiento de los mismos y que va destinado a engordar un negocio milmillonario que objetivamente trabaja en sentido opuesto al que nosotros defendemos para la educación que entendemos es la necesaria. Por supuesto, todo esto sin entrar aquí a discutir la calidad o validez de dicha formación, muchas veces más que cuestionable.
- Los llamamientos de inicio de curso deben tener mayor antelación para facilitar la conciliación y organización de los docentes. Deben saberse los destinos al finalizar el mes de julio para la especialidad que ese año no tenga oposición. Asimismo, la mayoría de los llamamientos deben ser en 1ª convocatoria, dejando al mínimo imprescindible la 2ª. Para que esto último ocurra es necesaria una actualización de la plantilla orgánica y de las necesidades reales de profesorado en los centros. Cuando la Consejería retrasa los llamamientos de numerosas plazas hasta la segunda ventana, en muchas ocasiones llegando al mes el tiempo que los centros se encuentran sin docentes, lo que consigue es ahorrarse prácticamente un mes de salario que no han de abonar. Es, por tanto, una cuestión de voluntad que sólo beneficia a la Administración, pues supone un grave problema, en primer lugar, para la organización y el normal desempeño de la función docente en los centros, repercutiendo directamente en la calidad de la educación que el alumnado está recibiendo.
- Los llamamientos deben hacerse dos veces por semana, de manera que se agilice mucho el proceso y se evite perder días o semanas en los que los centros están sin personal. Tenemos un precedente exitoso de realización durante la pandemia y por tanto es una medida perfectamente asumible y realizable.
- De cara a la toma de posesión, también podría plantearse la posibilidad de firma electrónica para quien así lo quiera hacer, o bien la firma en el propio centro sin necesidad de pasar por la Consejería. Esto facilitaría el proceso a quienes no vivan en Oviedo o tengan dificultades para el transporte.
- Creación de una bolsa prioritaria en la que los interinos con cierta antigüedad (3 años) puedan tener garantizada cierta estabilidad y continuidad en el trabajo y los centros. A su vez, creación de una bolsa de horas que sería resultado de la incorporación del año sabático en Asturias (modelo ya existente en otras comunidades autónomas) y la reducción horaria de los trabajadores mayores de 55 años, lo que permitiría la incorporación de los nuevos interinos. Las medidas de este punto deben ser adoptadas simultáneamente para que no se produzcan diferencias entre aquellos que tienen más experiencia y los de nueva incorporación, beneficiando a ambos y mejorando la renovación de las plantillas.
- Respecto a los trabajadores que se encuentran en situación de baja médica a último día de agosto, proponer una suspensión temporal en las listas de interinos. Ampliar a aquellas personas que estén de baja médica en otra empresa y se encuentren en la misma situación. Actualmente, un docente que se encuentre de baja médica a 31 de agosto no puede solicitar destino para el nuevo curso escolar, por lo que pasaría al final de la lista, viéndose en la obligación de pedir el alta médica voluntaria si no quiere ser relegado, con las dificultades y consecuencias que esto puede conllevar. Se pide que las personas en esta situación no tengan que pedir plaza y que, cuando se les dé el alta, se incorporen a las listas en la posición que les corresponde por su puntuación.
- En el mismo sentido que el punto anterior, que el trabajador o trabajadora que cause baja por paternidad/maternidad quede automáticamente suspendido temporalmente de las listas de interinidad. Asimismo, la posibilidad de pedir anualmente, y sin ningún motivo en particular, una suspensión de las listas por el tiempo que se necesite sin que esto suponga una exclusión de las mismas. A día de hoy, cuando un docente interino sin vacante pero que está trabajando se atiene a su derecho de ‘’baja de maternidad/paternidad’’, y una vez que la persona a la que está sustituyendo en el centro se reincorpora, tiene que seguir haciendo las peticiones de plaza semanales para no quedar excluido de las listas, así como yendo a firmar a la Consejería, aunque notifique que se encuentra en situación de baja y no se incorpore al nuevo centro. Además, durante ese período sin centro entre petición y petición, el docente (aunque sí cobra su prestación por la SS), ni está cotizando ni sumando días de trabajo de cara a poder cobrar el verano. Esta situación se solucionaría fácilmente aplicando inmediatamente en el momento en el que cause baja una suspensión temporal de las listas y apareciendo en ellas en la posición que le corresponda en el mismo momento del alta, pero garantizando que dicho trabajador mantenga la cotización y suma de días trabajados.
- Mejorar los tiempos de salida de las bolsas extraordinarias: Cuando una lista ordinaria o bolsa extraordinaria se encuentre al 10% restante para ser finalizada, se convocará una nueva bolsa, de forma que se eviten tiempos de espera sin docentes en los centros que a veces suponen semanas.
- El nuevo acuerdo debería obtener un consenso de ¾ en la Junta de Personal, al igual que para su posterior denuncia y reapertura. Asimismo, la Administración lanzará una forma de consulta al personal interino (que se encuentre trabajando y en listas) sobre el acuerdo, siendo este vinculante.
- Finalmente, la revisión del acuerdo debería ser anual. La representación de los trabajadores, a través de la Junta de Personal Docente, podría denunciar con cuatro meses de antelación el acuerdo de cara a poder reabrir la negociación. Cada cinco años el acuerdo deberá revisarse obligatoriamente.
Desde la Célula de Educación Pública No Universitaria ‘’Hermanos Bárzana’’ defendemos que toda mejora en los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza debe pasar por un aumento en la participación sindical de los mismos, así como en la toma de decisiones y organización general de la educación. Las bases que proponemos para un nuevo acuerdo no solo deben salir adelante en la Junta de Personal, sino refrendarse con un amplio consenso entre el conjunto de la plantilla. Como parte de este acuerdo, debe estar su revisión obligatoria en función de las necesidades que vayan surgiendo.