El ejecutivo andaluz pretende, mediante este anteproyecto, profundizar en la desregulación del sector urbanístico para favorecer a los intereses de grandes grupos empresariales. La reforma legislativa pretende la urbanización masiva de suelo rústico haciendo desaparecer la categoría de suelo urbanizable, ya que prácticamente se podrá urbanizar todo el suelo rústico. Específicamente se permitirá la construcción de edificaciones de uso residencial en suelo rústico, cosa que ahora solo se permite ligado a las explotaciones agropecuarias.
Estas medidas se están concretando en proyectos urbanísticos como el que la Sociedad Azucarera Larios Patrimonio está desarrollando en el entorno del parque natural Acantilados de Maro – Cerro Gordo.
Por otra parte mediante el discurso de la “simplificación normativa” se pretende suprimir la reserva de suelo para viviendas protegidas que la legislación actual pone en un 30%. De esta manera se acrecienta la dificultad de las familias trabajadoras para acceder a una vivienda.
Por último, mediante este anteproyecto se blindará las construcciones ilegales en suelos protegidos como parques naturales o bienes de interés cultural.
En definitiva, esta reforma legislativa es la apuesta del gobierno del PP y Ciudadanos por una salida a la crisis económica y social basada en el pelotazo inmobiliario para uso y disfrute de grandes monopolios del sector. Paralelamente se profundizan las barreras para el acceso a una vivienda digna de las familias trabajadoras.
El PCTE hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras, a los jóvenes que no pueden emanciparse, a la gente con dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca ante un futuro incierto, a quienes disfrutan de nuestros espacios naturales a confrontar con las políticas de la Junta de Andalucía mediante la movilización sostenida.
En Andalucía, a 23 de mayo de 2020