Los presupuestos presentados por la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) representan un nuevo ataque a los derechos de la mayoría trabajadora de Andalucía. Estos presupuestos siguen la línea de recortes sociales de los presentados en ejercicios anteriores por el gobierno de Susana Díaz. Es más, la disminución de la partida presupuestaria para la lucha contra la violencia machista de un 50% o de un 31% en la partida destinada a acciones para la igualdad y promoción de las mujeres, supone un grave ataque a los derechos de la mujer trabajadora.
En el plano de los ingresos, la disminución de los mismos por la reforma fiscal que aprobaron PP y Ciudadanos es compensada por la venta de bienes de la Junta de Andalucía por valor de 320 millones de euros. En esa reforma fiscal se suprimió el impuesto de sucesiones que afectaba a las grandes rentas, así como un 3% del tramo autonómico del IRPF para grandes fortunas y un 0,5% en las rentas más bajas. Esa reforma fiscal ha beneficiado a la clase dominante y producto de esa disminución de ingresos hoy se malvende patrimonio de los andaluces y andaluzas. En este presupuesto de 2020 mientras los ingresos por impuestos directos sobre el capital se reducen un 11%, aumentan en un 9% sobre las rentas de las personas físicas, lo que vuelve a beneficiar a las rentas del capital sobre las rentas del trabajo.
En el plano de los gastos, de los más de 2.044 millones en los que se incrementan los presupuestos, tan solo 762 millones se destinan a gasto social, bajando el porcentaje de gasto social sobre el total de gasto. Especialmente preocupante es el recorte en algunas partidas como la prevención de riesgos laborales de un 7,7%, habiendo más de 300 accidentes laborales cada día y falleciendo un trabajador cada tres días.
En el ámbito de la educación, el recorte de 40 millones de euros en la universidad pública, junto con el continuo cierre de líneas en educación pública no universitaria, cerrándose 487 líneas en 2018 (gobernando el PSOE) y 413 este año, profundiza el ataque a la educación pública.
Por otra parte, en el plano de la sanidad, Andalucía sigue estando a la cola del gasto sanitario por habitante y año (1.295 euros), además se confirma la apuesta de este Gobierno por los conciertos con entidades privadas, como se hizo en 2019 al destinar 15 de los 25 millones de euros presupuestados para los planes de choque orientados a atender las listas de espera. En cuanto a los servicios externalizados, hay que destacar especialmente el espectacular incremento de un 10.83% en lavandería, que coincide con el cierre de la lavandería pública del Hospital Valme de Sevilla.
Ante todos estos ataques los sindicatos CCOO y UGT han respondido convocando concentraciones el pasado viernes 29 de noviembre. Por su parte algunas organizaciones estudiantiles de Sevilla han convocado una manifestación para el 3 de diciembre. Los sindicatos médicos han estado convocando concentraciones provinciales a lo largo del mes de noviembre. Finalmente los colectivos de interinos de educación pública no universitaria han convocado una manifestación el 15 de diciembre.
El PCTE valora positivamente esta reacción de los colectivos afectados. Todas estas movilizaciones parten de premisas justas, sin embargo la descoordinación entre colectivos, la división sindical, la falta de planificación y de una hoja de ruta clara pueden hacer que las convocatorias no logren sus objetivos. Las y los militantes comunistas estaremos en todas esas movilizaciones llamando a la unidad de acción, a la creación de un calendario común de lucha que no se termine con la probable aprobación de los presupuestos de 2020. Así mismo, avisamos del peligro de supeditar las luchas y los calendarios de movilizaciones a los intereses mediáticos de fuerzas políticas socialdemócratas o de los ritmos del debate parlamentario.
Comité de Andalucía del PCTE
en Córdoba, a 4 de diciembre de 2019