En los últimos meses, la lucha que el sector ferroviario viene desarrollando contra la privatización con distintas fórmulas y vías ha tenido importantes novedades. En primer lugar, en febrero el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña anunciaron un acuerdo para traspasar el servicio de Rodalies a una nueva empresa mixta, lo cual vulneraba el acuerdo firmado en 2023 entre Renfe Operadora y las organizaciones sindicales, por cuyo cumplimiento se comprometía a velar el Ministerio de Transportes. Pocos días después, los Comités Generales de Empresa de Adif y el Grupo Renfe declaraban abierta la conflictividad, y a principios de marzo convocaban paros y huelgas que habían de comenzar el día 17 de ese mismo mes, dado que el acuerdo de Rodalíes y la cuestión pendiente de la creación de una empresa mixta con MSC para Renfe Mercancías, suponen amenazas a los trabajadores del sector y el conjunto de los usuarios. No obstante, la noche anterior a la primera jornada de huelga la mayoría de los sindicatos de los CGE levantaban las convocatorias y anunciaban un acuerdo, similar al de 2023, pero que supone cierto avance respecto al anterior en el proceso de privatización, en tanto que va concretando las intenciones segregadoras y liberalizadoras que existen.
Toda la normativa legal elaborada en los paquetes ferroviarios desde finales de los años 80 del siglo XX hasta hoy con las OSP (obligaciones de servicio público) responden a la lógica de mercado dictaminada por la UE y sus monopolios, y está encaminada a privatizar el ferrocarril a través de todos los mecanismos del Estado, herramienta política y administrativa al servicio de los capitalistas y los monopolios empresariales. El servicio público y la vertebración social pasan a un plano secundario, evidenciando la brecha cada vez más grande que existe entre el carácter social de la producción y la apropiación privada de los beneficios que los trabajadores producen.
La interoperabilidad solo interesa a gobiernos y empresas en cuanto beneficia al tránsito de mercancías (entendiendo a las personas también como mercancía), de ahí el desvío de recursos a la Alta Velocidad, a costa de la menor dotación de recursos y fondos a Cercanías y Regionales (con mención especial a la extinta FEVE), y del adelgazamiento y la privatización de Renfe Mercancías. El servicio público solo interesa en el capitalismo en tanto genera, de manera directa o indirecta, beneficios. Esa es, y no otra, la razón de la propuesta de traslado de la R1 de Rodalies, pasando a ser un objeto de mercantilización.
Por todo ello, ante el periodo de huelgas y de conflictividad y acuerdos que se viven en los últimos años y los hechos más recientes, el PCTE considera lo siguiente:
- El acuerdo de última hora, aunque fije un marco temporal de respeto a los derechos de las plantillas, es un paso más en la consecución de los objetivos de los gestores del capital (gobiernos a derecha e izquierda) y los monopolios empresariales (ALSA, MSC, Continental Rail…), pues camina hacia la privatización y la parasitación de sus beneficios sociales. La nueva empresa RODALIES CATALUNYA, S.A. será una sociedad mercantil que puede cambiar el modelo de estructura plenamente pública, y abre la puerta a futuras fragmentaciones y externalizaciones. Por otro lado, el acuerdo confirma que se sigue trabajando en la creación de una sociedad conjunta entre Renfe y MSC (grupo privado) para reflotar el negocio de Renfe Mercancías. Aunque se promete contratar a Renfe para tracción y mantenimiento, la nueva sociedad pone recursos públicos y la parte de la cuota de mercado que asumía la empresa pública en manos de una multinacional privada, hasta que, con el paso del tiempo, Renfe Mercancías deje de ser interesante o necesaria para extender el negocio de los operadores privados.
- Además, el acuerdo se ha dado sin demostrar la fuerza que realmente tenemos los trabajadores y trabajadoras ferroviarios. La amenaza constante de la huelga sin ponerla en práctica nubla las posibilidades tanto de arrancar una negociación más favorable, como de utilizarla en favor de nuestras mejores condiciones organizativas.
- Los acontecimientos recientes han sido aprovechados por determinados sectores que, bajo apariencia de mayor radicalidad, pueden introducir y de hecho han introducido elementos engañosos en el debate y crispan a las plantillas, y pueden redundar finalmente en un fortalecimiento de las posturas antisindicales y reaccionarias. Muestra de ello son los ataques a delegados, sedes de sindicatos, y discursos de estética radical vertidos por líderes de organizaciones de extrema derecha que aspiran a implantarse en la clase obrera. En este sentido, es fundamental que el debate sindical y la crítica discurran en los cauces del sindicalismo de clase y las herramientas de decisión de la misma, sirviendo a la acumulación y no a la división de fuerzas. Debate en la asamblea y unidad en la lucha son los principios que tienen que primar a este respecto.
Por todo ello, el PCTE anima a la clase trabajadora del sector a continuar por el camino de la organización y la lucha, a superar los límites del debate que nos marcan desde arriba, donde solo se nos permite negociar cómo se aplican los recortes y las privatizaciones, pero no cuestionar el fondo del asunto, que es precisamente la entrega del ferrocarril público al capital privado: la privatización primero de Renfe y después de Adif. Y, por otro lado, a fortalecer sus herramientas organizativas como vía para superar las concepciones de la lucha sindical más restrictivas, conformistas y pactistas, que parecen extenderse a lo interno de los sindicatos cuando son los proyectos socialdemócratas los que gestionan el gobierno.
Oficina de prensa del PCTE