El pasado día 5 de noviembre se publicaba en el BOE el “procedimiento de actuación contra la desinformación” aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el 6 de octubre.
Este “procedimiento” parte de elaboraciones de los organismos de la UE tales como el “Plan de Acción contra la Desinformación” aprobado por el Consejo Europeo en diciembre de 2018, elaborado cuando no habían estallado ni la pandemia ni la crisis económica. Por esta razón, la propia Comisión Europea ha llegado a decir que no tiene problemas con el “procedimiento” tal como está.
En la práctica, este “procedimiento” establece una nueva composición y funciones de diversos organismos gubernamentales, entre ellos de la llamada “Comisión Permanente contra la Desinformación”, encabezada por la Secretaría de Estado de Comunicación e integrada por miembros del CNI, el Ministerio del Interior y del Departamento de Seguridad Nacional, que tendrá entre sus funciones la “monitorización y vigilancia” de los medios y el entorno digital.
El criterio para determinar lo que en cada caso es “desinformación” queda en manos del Gobierno, así como la posibilidad de establecer campañas comunicativas contra esa “desinformación”.
La vinculación del control informativo con la seguridad nacional no es ninguna novedad. La utilización de supuestas amenazas internas y/o externas es recurrente en tiempos de guerra, crisis e inestabilidad con el objetivo declarado de alinear a la población tras los intereses que en cada momento considere más oportunos el aparato estatal.
En esta ocasión, el Gobierno utiliza, como viene haciendo desde marzo, la pandemia como excusa para colar regulaciones y medidas que nada tienen que ver con la situación sanitaria, sino que afinan las capacidades del Estado para el control de la población o para la limitación de libertades democráticas básicas como la de expresión.
Como elemento para legitimar estas medidas se utilizan las insidiosas campañas desarrolladas por fuerzas políticas y medios sensacionalistas, generalmente de derecha, que difunden información objetivamente falsa, difamaciones y tergiversaciones.
Pero el hecho de que existan estas campañas no puede servir para exculpar a otros medios, partidos políticos y al propio Gobierno, que a diario utilizan tácticas comunicativas similares a las que supuestamente dicen oponerse.
Advertimos desde este mismo momento de que estos mecanismos serán utilizados, en última instancia, para difamar y atacar a los medios y organizaciones de carácter obrero y popular que día a día pelean contra la desinformación promovida por el aparato estatal, los gobiernos capitalistas y los partidos burgueses en defensa de sus intereses.
Oficina de Prensa del CC del PCTE
9 de noviembre de 2020