El pasado 4 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, medida que viene desarrollándose desde el acuerdo firmado el 20 de diciembre entre el Ministerio de Trabajo, UGT y CCOO. La medida proseguirá su desarrollo en la fase parlamentaria, pues su contenido aún no se ha concretado en varios aspectos importantes.
Por el momento, el PCTE quiere señalar los siguientes puntos:
- El texto del anteproyecto deja, intencionadamente, sin concretar dos aspectos que permitirán maniobrar en la negociación con otros grupos parlamentarios: (1) las medidas de flexibilización que acompañarían al acuerdo —las cuales pueden ser muy diversas y, según venimos denunciando, perjudiciales en la línea de difuminar el presentismo, expandir los mecanismos de trabajo a demanda, etc.— y (2) las ayudas directas o indirectas a las empresas para adoptar la medida.
- En parte por esta razón, tanto el PP como la patronal han mostrado, de momento, una oposición discreta, aparentemente con el único fin de contar con argumentos en la negociación parlamentaria. La CEOE, por ejemplo, se quejaba principalmente de no haber formado parte de la negociación del acuerdo finalmente firmado en el Diálogo Social, tras haber abandonado las conversaciones. Aunque al día siguiente del Consejo de Ministros Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, presentó una postura más confrontativa, de fondo no se observa una oposición rotunda siempre que se deje un amplio margen para negociar medidas de flexibilización. En realidad, detrás de la “oposición de Garamendi” que circula en los titulares, lo que se plantea es que preferirían que la reducción de la jornada laboral se abordara mediante la negociación colectiva en lugar de legislarse, lo que permitiría a las patronales disponer de mayor libertad para ajustar las jornadas según sus necesidades productivas. Por su parte, el PP vuelve a mostrar una oposición más estética y teatral que de fondo o principios, similar a la que han mostrado respecto al resto de medidas de política económica del gobierno de coalición.
- Tras el debate previo sobre el decreto Ómnibus, Junts de momento mantiene la actitud de presión a través del posicionamiento público para lograr sentarse a una negociación directa con el Gobierno. Probablemente volverá a intentar jugar con sus 7 diputados para intentar introducir medidas en el acuerdo que favorezcan sus apoyos e intereses electorales. Previsiblemente, presionarán por medidas que puedan presentarse como facilitadoras para las PYMES (por ejemplo, subvenciones “a cambio” de aplicar la reducción), que en Cataluña constituyen un pilar importante de su apoyo electoral.
Respecto al texto concreto y a la afectación real en la situación laboral, cabe señalar los siguientes aspectos:
- La reducción se prevé en cómputo anual y no semanal; por ello, en muchos casos es probable que no se traduzca en una disminución directa y sensible de la jornada semanal, sino en una redistribución de la misma según los intereses de la producción y las decisiones empresariales.
- La reducción real que se produce es mínima, ya que la jornada laboral media es actualmente de 38,3 horas según la CEOE, y un cuarto de los convenios colectivos ya establece jornadas inferiores a 37,5. Además, al margen de la jornada regulada, en 2023 el total de horas semanales trabajadas fue de 29,4 h para las mujeres y de 34,3 h para los hombres según el INE, manteniéndose cifras similares durante la última década. Esta tendencia se relaciona con los cambios en la organización del trabajo y el ajuste a los ritmos de producción que el PCTE ha venido analizando en los últimos años.
- Algunos comentaristas afines a diversas corrientes del Gobierno (que finalmente se han encontrado para sacar adelante esta medida) argumentan que, al menos, la medida servirá para reducir la jornada en sectores donde aún no se ha conseguido tal reducción por la debilidad de la fuerza sindical —por ejemplo, en limpieza u hostelería, que son precisamente los más precarizados. No obstante, se trata de un argumento tramposo: si se persigue el fin específico de mejorar la jornada o las condiciones de esos sectores, se puede y se debería desarrollar una legislación particular para ello. El proyecto, sin embargo, es más amplio y no es casualidad: busca introducir elementos flexibilizadores en la totalidad del mercado de trabajo.
- En ese sentido, las medidas de flexibilización que previsiblemente se incorporarán tras el debate parlamentario serán las que realmente revelen el carácter de la medida y serán objeto de análisis para evaluar su potencial incidencia en las condiciones de trabajo de la clase obrera.
- Por lo demás, se prevé mejorar el sistema de registro de la jornada a través de medios digitales para garantizar la autenticidad y resultar más operativo, en términos del texto del anteproyecto. Lo que ello implique aún está por concretarse. Por otro lado se reitera el derecho a la desconexión, lo cual de momento no pasa de un enunciado, al no introducirse ningún tipo de novedad respecto a lo ya estipulado en la legislación vigente, ni contemplar nuevos mecanismos que faciliten que sea un derecho efectivo.
Oficina de prensa del PCTE