Todos los gobiernos son responsables por anteponer los beneficios empresariales a la salud del pueblo
En el día de hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado los confinamientos impuestos por orden del Ministerio de Sanidad y que afectaban a las 10 ciudades más grandes de la región, incluida la capital.
Desde hace semanas se desarrolla una disputa política entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno central que gira en torno a las medidas que se deben aplicar para frenar la segunda ola de contagios de la Covid-19 en la región. El auto del TSJM se enmarca en esta disputa y está fuertemente condicionado por ella.
Resulta extremadamente llamativo que la defensa de los derechos fundamentales en la que se basa el auto no fuera esgrimida cuando el Gobierno de Madrid aplicó las mismas restricciones en una serie de barrios obreros de la región. Una vez más se demuestra que la independencia judicial y la separación de poderes no son más que mera retórica, utilizada en función de los intereses coyunturales de los distintos partidos que gestionan el capitalismo español.
El PCTE denuncia que, mientras toda esta disputa se desarrolla, son la clase obrera y el pueblo trabajador quienes hoy están pagando, con su salud y con sus derechos, las consecuencias de la crisis económica y sanitaria. Mientras los distintos partidos capitalistas se entretienen declinando responsabilidades por la desastrosa gestión de la pandemia, mientras desarrollan esta política esperpéntica, el número de contagiados y fallecidos sigue en aumento.
Las medidas desarrolladas tanto por el Gobierno central como por los gobiernos autonómicos han priorizado en todo momento la garantía de la continuidad de la producción y distribución de mercancías.
Ningún gobierno, central o regional, ha priorizado la salud pública a los beneficios empresariales. Independientemente de la imagen que quieran transmitir a la opinión pública, de la impugnación o no de las medidas de confinamiento selectivo en otras provincias o de los juegos burocráticos o judiciales en que se vean inmersos, todos ellos son culpables de la situación que vive el pueblo trabajador.
Rechazamos firmemente cualquier nueva medida que pretenda restringir los derechos y libertades de los trabajadores mientras se mantenga inalterada la actividad económica. Exigimos que la salud del pueblo se anteponga a los beneficios de los capitalistas.
El PCTE llama a la movilización general y a la organización para imponer las medidas necesarias y urgentes que garanticen la salud y los derechos de la mayoría obrera y popular. Los distintos gobiernos capitalistas, los gestores del aparato estatal en los distintos niveles territoriales, son responsables por anteponer los intereses económicos a la salud, los derechos y la vida de todo el pueblo trabajador.
Urge un cambio radical en nuestro país. No se trata únicamente de cambiar gobiernos y sustituirlos por otros gestores que, bajo distinto ropaje, sigan promoviendo los intereses de los capitalistas. Es esencial un cambio radical en el modelo económico, político y social que anteponga en todo caso los intereses de la mayoría trabajadora a los de la patronal. Es esencial organizarse y luchar para construir un país para la clase obrera.
Oficina de Prensa del CC del PCTE
8 de octubre de 2020