Mientras se negocia el posible acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, cada vez pierde más peso en el discurso político y en el debate social la necesidad de la derogación de las distintas reformas laborales que han ido paulatinamente dejando a la mayoría trabajadora más desprotegida y con menos derechos.

La reforma laboral de 2012 ha sido uno de los mayores ataques contra el movimiento obrero y sindical de nuestro país, pero no ha sido el único. Se inserta en un proceso gradual de desmantelamiento de los derechos laborales, sindicales, económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras, acelerado especialmente durante el período más duro de la última crisis capitalista.

La reforma laboral de 2012 no puede entenderse separada de la reforma laboral de 2010 y de toda la legislación encaminada a desmantelar la negociación colectiva. El abaratamiento del despido, la ampliación de la flexibilidad en beneficio de las empresas, la posibilidad de descuelgue de los convenios sectoriales, la prioridad de los convenios de empresa… todo ello forma parte de una misma política, ejecutada tanto por PP como por PSOE, encaminada a promover los intereses de la patronal frente a los de los trabajadores.

No basta, con derogar la reforma de 2012, ni con eliminar su aspectos más lesivos. Es necesario derogar las dos reformas ejecutadas por los gobiernos españoles durante la crisis para beneficiar a la patronal. Como punto de partida para una nueva etapa de recuperación de derechos para la mayoría trabajadora, que sólo se conseguirán mediante la lucha organizada y unida en cada centro de trabajo, en cada sector y en cada territorio.

Oficina de prensa del PCTE
Septiembre, 2019