El PCTE comienza una campaña de solidaridad ante las sanciones a 22 delegados del comité de empresa de Ares Capital, principal empresa del sector VTC en Madrid. Entre estos 22 delegados represaliados, de los sindicatos CCOO y UGT, se encuentra un militante de nuestro Partido, Juan Fernández.
Ares Capital forma parte del Grupo Moove, una empresa de la que UBER posee un 30% del capital, y que sirve de paradigma de las condiciones de explotación que priman en este sector, configurado a partir de los cambios en las relaciones laborales de la última década. Se trata de un sector donde la digitalización ha servido de herramienta para aumentar beneficios y afinar la explotación/hora de trabajo, y donde la flexibilidad laboral ha generado realidades vitales sumamente precarias. Además, siendo un sector tan reciente y todavía en proceso de regulación, es corta la trayectoria de organización y lucha, lo que ha favorecido que la patronal imponga condiciones miserables de trabajo y dinámicas de represión y vigilancia continuada de los trabajadores y trabajadoras.
No obstante, la organización sindical ha ido emergiendo en los últimos años, siendo el caso que nos ocupa un ejemplo de ello. A comienzos de año se negoció el convenio de VTC Madrid, finalizando las negociaciones con la firma de un acuerdo muy negativo por parte del Sindicato Libre de Transporte, sindicato amarillo, en contra de las posiciones de defensa de los intereses inmediatos de la plantilla, en este caso representadas por los delegados y delegadas de UGT y CCOO.
Tras ello, la representación de la plantilla de Ares Capital decidió apostar por la negociación de un convenio de empresa que mejorase las malas condiciones del sectorial, no recibiendo ni siquiera respuesta por parte de la empresa.
En este contexto, en el mes de agosto, 22 delegados/as reciben sanciones de empleo y sueldo, alegando la empresa que “estaban realizando una huelga encubierta”. Esta falsedad viene motivada por las labores de manutención de los vehículos que realizaban los representantes de los trabajadores como parte de sus funciones de prevención, y que impiden que durante cierto periodo de tiempo los vehículos circulen y sigan atendiendo servicios. El verdadero significado de la sanción es que se trata de una inaceptable medida de represión de la patronal contra la organización sindical y obrera ante el inicio de un proceso de movilización y conflicto por un mejor convenio.
Para el PCTE, estas sanciones constituyen un claro ataque a los derechos de representación sindical de los trabajadores y a su voluntad de organizarse, y deben ser consideradas en el marco de una tendencia al auge de la reacción y la represión sindical, en el cual se ubican también casos como el de la condena de las 6 sindicalistas de La Suiza o el de los 3 del SAT.
No debe pasar desapercibido el hecho de que estos casos han ocurrido con el gobierno de coalición socialdemócrata, más bien al contrario: obliga a ser conscientes de que cualquier gobierno capitalista, sea del color que sea, permitirá, favorecerá y ejercerá la represión y el control contra la organización obrera. No podemos delegar la defensa y representación de nuestros intereses como clase, debemos ser nosotros y nosotras mismas, desde nuestros centros de trabajo, desde nuestras fábricas, quienes impongamos nuestras reivindicaciones, quienes ejerzamos nuestro poder.
Para esta campaña, el PCTE abre un buzón de muestras de solidaridad con los 22 compañeros delegados represaliados, que pueden hacerse llegar a info@pcte.es, y/o publicando las notas, vídeos, etc., en redes sociales.
Agradecemos el apoyo recibido hasta ahora y saludamos de antemano el calor solidario y obrero que pueda llegar a partir de ahora.
Respondamos a su ofensiva contra la organización sindical:
Hombro con hombro, clase contra clase