INFORME POLÍTICO aprobado por el X Pleno del Comité Central – 18 y 19 de julio 2020

(Extractos)

EL ANÁLISIS DE LA CRISIS

Un período marcado por la pandemia de la COVID-19.

El PCTE venía avisando desde el mismo Congreso que el capitalismo volvería a afrontar una crisis de sobreproducción y sobreacumulación de grandes dimensiones. De hecho, en el informe político del IX Pleno del Comité Central se presentaron algunos datos que indicaban que “el capitalismo mundial está siendo incapaz de recuperar los niveles de crecimiento anteriores a la última crisis y ya hay encima de la mesa suficientes indicios como para considerar que una nueva crisis generalizada pueda estallar en los próximos años”, al tiempo que se apuntaban los distintos riesgos que organismos como el Banco Mundial preveían que podrían “conducir a un frenazo mundial más grave – una situación que muchas economías no están preparadas para afrontar”, entre los cuales hoy cobra especial significancia el siguiente: 3.Una desaceleración intensa y rápida en las principales economías: EEUU, zona Euro y China, lo que tendría efectos graves también en los EMDE.

La pandemia de la Covid-19, que estalló en España escasos dos meses después de celebrarse nuestro IX Pleno, ha adelantado las peores previsiones económicas y, lo que a primeros de año era la constatación de una ralentización económica, hoy es una innegable crisis de gran magnitud, que se ha llegado a tildar de “crisis sin precedentes”, “peor recesión en 90 años” o “crisis nunca antes vista” por diversos organismos internacionales capitalistas.

Hasta el momento, se cuantifican oficialmente más de 14 millones de personas contagiadas en el mundo, con más de 600.000 fallecimientos. La pandemia ha supuesto el cierre fronterizo generalizado, la interrupción del comercio internacional y la paralización de muchos sectores de la economía de prácticamente todos los países durante semanas o meses. El virus, que circuló inicialmente por China y Europa, se extiende ahora con rapidez por América, África y Oriente Medio, donde los sistemas sanitarios son más débiles que en Europa y las medidas de contención son más difíciles de aplicar que en China.

En el terreno económico, los datos con que contamos y las previsiones de las principales entidades reguladoras y financieras son elocuentes sobre la gravedad de la situación. Según el FMI, la reducción del PIB mundial en 2020 será de un 4,9%, que se concretaría en un 10,2% en el caso de la UE, un 8% en EEUU, un 6,6% en Rusia, mientras China tendría un crecimiento positivo de solamente el 1% después de muchos años en tasas interanuales superiores al 6,6%. En el caso de España, las previsiones del FMI apuntan a una caída del 12,8%, que el Banco de España eleva hasta un posible 15%.

Los datos ya contrastados señalan que, en el primer trimestre de 2020, la caída del PIB español fue del 5,2%. Hasta este momento, el peor trimestre conocido había sido el primero de 2009, con una caída del 2,9%. En China, para el mismo período, la caída ha sido del 6,8%, un 5% en EEUU, un 3,8% en la eurozona. (…)

Las cifras son de una magnitud no conocida. La rapidez y la sincronización de la crisis abre un nuevo escenario a todos los niveles. Los planes y previsiones de los capitalistas han saltado por los aires y la respuesta que ellos y sus gobiernos querrán dar para superar la crisis tratará de imponer nuevos sacrificios a la clase obrera y al pueblo trabajador.

La interdependencia desigual entre países capitalistas ha ayudado a agudizar la crisis. Vamos a ser testigos de nuevos alineamientos, cambios en la correlación de fuerzas y maniobras diversas para tratar de salvaguardar los intereses monopolistas en todo el mundo. Esta nueva realidad a la que nos encaminamos tendrá – está teniendo ya – el efecto de reabrir viejos debates o de colocarlos en nuevos niveles: el papel del Estado, la cuestión de las nacionalizaciones, la cuestión del “soberanismo” frente al “globalismo”, el papel de la clase obrera, la existencia de sectores “patrióticos” de la burguesía y un largo etcétera, van a ir saliendo a la palestra y, generalmente, desde enfoques ajenos a nuestro análisis. Por tanto, a la batalla en los centros de trabajo y en las calles se le sumará, con mayor intensidad si cabe, la batalla ideológica no sólo por la explicación de la situación, sino también por la propuesta de soluciones.

La posibilidad de la previsión: el virus como catalizador de la crisis económica mundial.

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Resulta sumamente útil echar un vistazo a la crisis de 2008-2014 para entender mejor la crisis actual. La crisis de 2008, como toda crisis capitalista, tenía causas y antecedentes muy profundos que terminaron por materializarse en el eslabón más débil e inestable de la economía capitalista en aquel momento: los préstamos hipotecarios de alto riesgo, que afectaban a prácticamente la totalidad del sistema bancario y crediticio porque eran un ámbito sumamente atractivo para generar rentabilidad a las ingentes cantidades de capital acumulado.

El estallido de la burbuja inmobiliaria de EEUU, la quiebra de Lehman Brothers y la intervención de otras empresas se recordarán como el punto de inflexión de aquella crisis, como el momento en que se desencadenó, pero nosotros ya hemos analizado que aquella crisis no fue, como indican la mayoría de medios, una crisis “financiera” ni su causa fueron las hipotecas subprime. La proliferación de préstamos hipotecarios de gran volatilidad fue el catalizador, derivado de unas condiciones concretas de desarrollo capitalista. La crisis estalló por la faceta del crédito, pero la crisis era más profunda y compleja que un problema de crédito.

De la misma manera, en 2020 la crisis sanitaria no se puede considerar como la causa de la crisis económica, sino su catalizador, el elemento que ha acelerado la dinámica de las condiciones preexistentes en el capitalismo mundial. Que la crisis económica estallase a partir de una crisis sanitaria era difícilmente previsible, pero sí que había elementos suficientes para anticipar que en un período no muy largo de tiempo el capitalismo mundial volvería a entrar en crisis. La creciente interconexión entre los distintos países y potencias a través del comercio, el turismo y, sobre todo, la deslocalización de la producción, no sólo ha facilitado la extensión del virus, sino que también ha facilitado que la crisis sea mucho más sincronizada que en ocasiones anteriores.

La caracterización de la crisis está siendo ya uno de los elementos más importantes en la lucha político-ideológica. Determina el enfoque de su gestión y las soluciones a proponer. Considerar que la crisis económica es consecuencia de la pandemia supone, una vez más, apartar la atención de las causas reales de la crisis, derivadas de las propias contradicciones del modo de producción capitalista, y conducir todo debate a la vieja dicotomía entre distintas formas de gestión capitalista o a aspectos específicos y secundarios del desarrollo de cada crisis cíclica de sobreproducción y sobreacumulación de capital.

En este sentido, nos referimos a debates como la financiarización de la economía, el papel de la banca y el crédito o la regulación de determinados aspectos de la actividad empresarial. Todos ellos surgieron en la crisis de 2008 y todos ellos tienden a explicar las crisis en función de aspectos parciales. Hoy, la cuestión sanitaria explica en parte la gravedad y la rapidez con que se ha desarrollado la crisis, también su anticipación a los calendarios estimados por las principales instituciones capitalistas, y también determinará su desarrollo y gravedad, pero no explica las causas reales de la crisis. Por tanto, es un argumento que debemos combatir en todo momento.

(…)

El capitalismo mundial recuperó el crecimiento después de la crisis 2008-2014. No obstante, como venimos señalando en diferentes informes y documentos, el ritmo de ese crecimiento en ningún momento llegó a los niveles del período anterior a 2008, lo que no significa que no hubiera crecimiento o que la crisis no se hubiera superado.

La crisis se superó, pero el crecimiento posterior se producía en un contexto muy vinculado precisamente a las medidas adoptadas para salir de ella. Se arrastraban unos condicionantes derivados de la gravedad de esa crisis y de los mecanismos que se instauraron para su superación, entre otros los bajos tipos de interés y el crecimiento masivo de la deuda pública y privada. En tales condiciones, los dos elementos básicos de la crisis de sobreproducción y sobreacumulación se venían gestando, básicamente en el período entre 2015 y 2019, siendo a comienzos de 2019 cuando los indicadores comenzaron a mostrar claros signos de sobrecalentamiento.

Algunos ejemplos: el Índice de Producción Industrial (IPI) de EEUU alcanzó su máximo histórico entre finales de 2018 y comienzos de 2019, pasando a partir de entonces a una fase de ralentización. En el caso de la UE28 (incluyendo todavía al Reino Unido), el pico más alto del IPI se alcanzó en abril de 2008, reduciéndose drásticamente a continuación para luego recuperar un 90% del valor de abril del 2008 en mayo de 2011, para bajar de nuevo en 2011 y 2012 y volver a recuperarse a finales de 2017, pero estancándose de nuevo en 2018 y 2019.

En los casos de Alemania, Japón, Brasil, Rusia e India, el pico alcista también se alcanzó en la parte final de 2018, para luego contenerse. En China, el crecimiento del IPI viene reduciéndose sistemáticamente desde 2012. En España, el IPI venía manteniendo una tendencia alcista desde 2013, aunque sin llegar a recuperar los niveles previos a la crisis anterior, empezando a dar muestras de agotamiento ya a lo largo de 2019.

Por otra parte, los futuros de petróleo Brent y el barril Texas, tras un período ascendente entre 2016 y 2018, volvieron a la tendencia a la baja en 2019, alcanzando un mínimo histórico en abril de 2020 que llevó a la situación inédita de pago de los productores para liberar stock, y a un acuerdo en abril entre la OPEP y otros países productores como Rusia y México para paralizar la producción ante la brutal caída de la demanda.

Por otro lado, las cifras de circulación internacional de capitales se han venido reduciendo también de forma sistemática y continua. Los flujos de inversión extranjera directa (IED – una de las formas de exportación de capitales) experimentan una tendencia decreciente clara, a nivel mundial, desde 2015, según la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). La previsión que maneja ese organismo es una reducción del 40% en 2019, lo que colocaría el conjunto de IED mundial a niveles de 2005. La previsión es que en 2021 se reduzca entre un 5 y un 10% más.

Ciertamente, la reducción de la IED debe analizarse de forma más amplia, porque se ve afectada por diversos factores, pero expresa una rebaja en la inversión que permite visualizar el efecto de la sobreacumulación de capital.

En esta crisis, además del factor sanitario, es de suma importancia el factor temporal: la sincronización. Como ya hemos analizado, una de las características de la crisis anterior ya fue la sincronización en las distintas economías, pero ello en un marco temporal sensiblemente más amplio que el actual. En esta ocasión, todas las economías capitalistas, todos los índices, se han desplomado a la vez, como máximo en el período de un mes.

Este elemento, y su agravamiento entre la crisis anterior y ésta, debe ser tenido en cuenta porque es consecuencia clara de la interdependencia económica desigual entre países que caracteriza esta época. Pero también porque puede determinar la aceleración de algunas tendencias en el capitalismo mundial que vienen gestándose también desde la crisis anterior.

Cada vez es más frecuente escuchar entre ciertos teóricos capitalistas que la “sobreinterdependencia” entre países puede venir seguida de un proceso de “desglobalización”. En ese marco conceptual, ciertos efectos negativos de la interdependencia económica desigual, visibles en la crisis anterior y también en ésta, podrían ser minimizados mediante cambios en la división internacional del trabajo, concretándose en un acortamiento de las cadenas internacionales de valor, es decir, del conjunto de actividades necesarias para la producción, distribución y consumo de un bien o servicio.

Dicho en palabras del último informe de la UNCTAD: “la pandemia llevará a las multinacionales a considerar opciones para lograr una mayor resiliencia de las cadenas de suministro y podría llevar a un impulso a la política destinada a lograr un mayor grado de autosuficiencia nacional o regional en la producción de suministros críticos – que se podría ampliar a una mayor capacidad industrial estratégica. Mayores restricciones al comercio internacional y a la inversión ya han aparecido como resultado de la pandemia. La tendencia hacia la racionalización de las operaciones internacionales, el reshoring, nearshoring y la regionalización parece que va a acelerarse, llevando a una presión a la baja sobre la IED”.

El carácter tendencial que señala la UNCTAD implica que muchos monopolios pueden optar por una vía de este tipo, pero no que todos lo vayan a hacer. Pero este análisis permite entender mejor el debate que se está produciendo en ciertos sectores capitalistas entre “globalización” y “proteccionismo”, o entre “globalismo” y “soberanismo”. Explica el auge de distintas posturas en clave proteccionista de varios Gobiernos (la administración Trump sería el mejor ejemplo) y las coloca como lo que realmente son: consecuencia del desarrollo de la crisis anterior, defensoras de los intereses de ciertos sectores monopolistas y que luego se cubren y se legitiman con elementos superestructurales.

La internacionalización de las cadenas de valor, la posibilidad de que los monopolios europeos puedan fabricar en un país asiático lo que luego venden en mercados de todo el mundo, expresión de la interdependencia, hace esas cadenas mucho más sensibles a cualquier fenómeno de crisis o inestabilidad. Pero, además, el carácter desigual de esa interdependencia hace que la utilidad, en términos de rentabilidad económica, de cierto tipo de cadenas de valor lo sea únicamente durante períodos determinados de tiempo, básicamente por dos razones:

 

1. el desarrollo capitalista conduce a procesos de terciarización en los países. El caso de China es fácilmente visible: en 2014 el sector terciario suponía el 48% del PIB, mientras en 2019 suponía ya el 53,9%, mientras el secundario pasó del 43,3% al 39%.
2. los diferenciales salariales entre países se reducen, de modo que la rebaja en el coste del capital variable, que compensaba el mayor gasto inicial en transporte y en capital fijo, es menor, comprometiendo la rentabilidad del capitalista. La bajada salarial en los países occidentales, añadida al incremento salarial en los países asiáticos productores de mercancías, hace cada vez menos atractiva la inversión “lejos” y devuelve el interés hacia los mercados más El informe de la OIT sobre salarios 2018-2019 lo deja bien claro: desciende el ritmo de crecimiento salarial en países desarrollados y crece más en países del Este europeo y Asia.

 

Las tendencias de “desglobalización”, por tanto, son de interés porque ayudan a entender mejor diversos elementos que estarán en la agenda y en el debate político en los meses venideros: la cuestión de la reindustrialización, la cuestión de las reinversiones en territorio nacional o limítrofe por parte de los monopolios y la cuestión del peso mayor de las relaciones regionales frente a las mundiales. Y no cabe duda de que esto tiene vinculación con el debate sobre las instituciones capitalistas internacionales y el papel de los Estados capitalistas.

El hecho de que sectores monopolistas busquen alternativas para rentabilizar su capital, “acercando” a sus países de origen y/o a sus principales mercados la producción, no altera la naturaleza de los monopolios ni, mucho menos, el papel del Estado capitalista en la defensa y promoción de los mismos. Que el gobierno Trump haya priorizado el T- MEC frente al TTIP o al TTP supone una decisión consciente de a favor de cadenas de valor más seguras, menos inestables y menos dependientes de otras potencias, pero esa “regionalización” no altera el carácter monopolista del capitalismo estadounidense, simplemente lo redimensiona geográficamente.

Frente a tales tendencias en sectores monopolistas, existen otros sectores que tienen interés en el mantenimiento de tales cadenas de valor, dado que hasta el momento han sido grandes beneficiarios de las mismas. Esta pugna entre sectores monopolistas caracteriza las disputas interimperialistas en nuestros días, básicamente porque implica nuevos repartos de los mercados existentes y la pelea por los nuevos mercados que se van desarrollando (capitalismo verde, digitalización, industria aeroespacial, etc.).

La situación internacional, cómo entró y cómo sale el mundo capitalista de esta situación.

En un contexto como el descrito, las condiciones en que se venían desarrollando las relaciones entre las principales potencias capitalistas no estaban siendo pacíficas en el período previo al estallido de la pandemia. La agudización de las contradicciones interimperialistas era un hecho que se venía sustanciando, de una parte, en la confrontación comercial entre China y EEUU, que tiene que ver fundamentalmente con la posición de cada cual en la cadena de valor del capitalismo mundial y con el posicionamiento estratégico en aspectos de gran importancia, como las nuevas tecnologías y el control de su infraestructura (redes 5G) o el acceso a determinadas materias primas y mercados.

La agudización de las contradicciones afecta también a otras potencias y alianzas que, en un marco ya altamente inestable y volátil, agravado por el estallido y la rapidez en la extensión de la pandemia, han seguido maniobrando para tratar de mejorar su posición ante los inciertos acontecimientos que puedan producirse en el futuro próximo.

La pandemia y la crisis económica han elevado a un nuevo nivel esta situación. Las dos principales potencias se han acusado mutuamente de ser las causantes de la pandemia, expresando de nuevo la permanente disputa entre los ocupantes de los dos primeros eslabones de la cadena imperialista, disputa en la que ambos tratan de alinear tras de sí a sus respectivos aliados.

El anuncio de la retirada de EEUU de la Organización Mundial de la Salud a finales de mayo se enmarca en una dinámica en la que Estados Unidos trata de hacer valer su posición hegemónica en distintas instancias internacionales, utilizando como argumento el cada vez mayor papel de China en ellas. Es cierto que China ha ido ganando protagonismo no sólo en sus relaciones bilaterales y regionales, sino también a nivel mundial y en las instancias multilaterales, principalmente en las que tienen vinculación directa con el comercio, como forma de hacer valer no sólo su peso demográfico, sino sobre todo su condición de primer exportador mundial de todo tipo de mercancías, especialmente componentes electrónicos y eléctricos, y que principalmente tienen como destino los propios EEUU.

La táctica de EEUU para tratar de minimizar el papel de China, que ya hemos analizado en anteriores informes políticos, pasa por una retórica proteccionista frente a las herramientas multilaterales promovidas, entre otros, por los propios monopolios estadounidenses en el pasado reciente, pero nadie debe dudar que forma parte de una confrontación multifacética entre las principales potencias por la primacía en el sistema imperialista, que se agudiza en la medida que China va creciendo en capacidades económicas y militares y en la posibilidad de articular nuevas alianzas.

Precisamente es en este último aspecto donde China parece estar llevando ventaja en estos momentos, jugando hábilmente ciertas cartas que están comenzando a generar una corriente positiva de opinión sobre iniciativas como la “Franja y la Ruta” en gobiernos de países tradicionalmente alineados con los EEUU y con la OTAN, al presentarse como una potencia capaz de responder con efectividad a una crisis sanitaria tan grave y, al mismo tiempo, que no plantea obstáculos a cierto tipo de intercambios comerciales sobre los que EEUU empieza a poner trabas.

Frente a esta posición, la Administración de los EEUU ha respondido primero negando la gravedad de la crisis sanitaria, luego tachándola de maniobra de su rival y, en tercer lugar, promoviendo prácticas de dudosa utilidad que han convertido ya al país en el que más contagios y más fallecidos tiene en el mundo, seguido por Brasil y el Reino Unido, precisamente los países cuyos gobiernos fueron más escépticos con la extensión de la pandemia.

A nivel militar, EEUU ha anunciado importantes planes de reubicación de bases militares. La más significativa es la propuesta de reducción de efectivos en Alemania, vinculada supuestamente a una exigencia de mayores aportaciones de ese país a la OTAN. Al mismo tiempo, se está incrementando la presencia en Colombia y, sobre todo, en la zona del Mar de China Meridional, donde las disputas implican a China, Vietnam, Filipinas, Taiwan, Malasia y Brunei y tienen que ver no sólo con el control del transporte por esas aguas, sino con el acceso a importantes recursos petroleros y gasísticos.

Las disputas en el seno de la OTAN, expresadas básicamente en la exigencia de EEUU de mayores aportaciones por parte de los países europeos, apuntan a posibles realineamientos o, al menos, a alineamientos menos firmes, entre los aliados tradicionales de EEUU, elemento que también se puede visualizar en la actitud ambivalente de Turquía hacia la OTAN y hacia Rusia, expresado muy recientemente con la acusación de Francia a Turquía por encañonar a una fragata que participaba en la misión imperialista en Libia.

Las tensiones con China han ayudado a reforzar las relaciones entre EEUU e India, cuyo crecimiento se produce al tiempo que las relaciones entre China e India (ambas potencias atómicas) se deterioran por el conflicto fronterizo en la zona de Ladakh, que ha causado recientemente enfrentamientos armados resultantes en la muerte de soldados indios y chinos. No obstante, debe tenerse en cuenta que tanto China como India forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghái y del grupo BRICS, por lo que el papel al que aspira EEUU, ser una especie de árbitro que apuntala su hegemonía “resolviendo” problemas fronterizos entre terceros, posiblemente no llegará a cumplirse.

La batalla en torno a la vacuna para la Covid-19 será otro asunto de importancia en los próximos meses. Todas las potencias son conscientes del impacto que tendrá en la opinión pública mundial el anuncio del descubrimiento de una vacuna efectiva y de las enormes redes de influencia que permitirá tejer a la potencia que sea capaz de fabricarla en masa y distribuirla. También la forma en que tal distribución se realice tendrá un impacto en la geopolítica mundial de los próximos años.

Por el momento, ninguna de las iniciativas en marcha ha anunciado pasos significativos que permitan prever una fecha de obtención de la vacuna, que no se prevé antes de 2021. Sí llama la atención que tanto EEUU como el Reino Unido y otras potencias europeas como Alemania, Francia, Holanda e Italia hayan alcanzado ya acuerdos con varios monopolios farmacéuticos como AstraZeneca (con sede en Reino Unido) o que la UE haya comenzado a tratar con otros como Johnson & Johnson (sede EEUU) para la compra de millones de dosis de vacunas que todavía están en desarrollo y sobre las que hoy no es posible garantizar su efectividad.

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La Unión Europea ha vuelto a mostrar sus grades debilidades. No hubo respuesta coordinada en cuanto la pandemia comenzó a extenderse por sus Estados miembro, y posteriormente tardó semanas en determinar algún tipo de mecanismo de “solidaridad” que, a día de hoy, todavía no se ha concretado. No olvidemos que Pedro Sánchez llegó a decir, a finales de marzo, que la UE estaba viviendo “los momentos más críticos de su historia” al no ser capaz de ponerse de acuerdo en los conocidos como “coronabonos”, que no eran otra cosa que la propuesta de mutualización entre todos los miembros de la UE de la deuda pública de los países más afectados.

Las contradicciones en el seno de la UE, que fueron agravadas en la crisis anterior y por todo el proceso – aún inconcluso – del Brexit, se comprueban en las tremendas dificultades que ha tenido esta alianza imperialista para establecer algún tipo de mecanismo conjunto. No fue hasta que Alemania y Francia lo plantearon abiertamente a mediados de mayo, cuando se empezó a negociar el paquete económico mencionado.

En el momento de celebrarse el X Pleno del Comité Central se está produciendo la cumbre de la UE en la que se negocian los términos, condiciones y cuantías del paquete anunciado de 750.000 millones de euros. Todavía no se sabe qué cuantía corresponderá a ayudas a fondo perdido, qué cuantía a préstamos y cuál sería el reparto entre países y bajo qué criterios. En cualquier caso, ninguna de las ayudas económicas de la Unión Europea es gratuita en términos de clase, y habrá que atender muy especialmente a cuáles son las condiciones para el acceso a ese dinero y cómo esto se concreta en el accionar el Gobierno de coalición socialdemócrata.

Por su parte, la Rusia de Vladimir Putin, inicialmente menos afectada por la epidemia que sus principales competidores, ha aprobado un paquete de medidas que alcanza el 2% de su Producto Interior Bruto. Pero, al mismo tiempo, jugando en otros terrenos, ha impulsado un acuerdo histórico con la OPEP y México para reducir la producción de petróleo, poniendo freno a la guerra de precios desatada desde comienzos de año.

Cabe mencionar la situación producida durante el momento álgido de la pandemia, cuando países como Turquía paralizaron el envío de material médico que pasaba por su territorio con destino a otros países, entre ellos España, o cómo la pugna por el acceso a ciertos materiales escasos como mascarillas expresó con claridad las distintas capacidades de intervención a nivel internacional de las distintas potencias consideradas individualmente. El sálvese quien pueda del momento más álgido de la pandemia expresa y resume perfectamente la naturaleza del capitalismo y la utilidad de los aparatos estatales capitalistas.

A lo largo del desarrollo de la pandemia, Cuba ha ofrecido nuevos ejemplos de solidaridad e internacionalismo, a través de las brigadas médicas específicas para la Covid-19, que se suman al papel desarrollado en materia de sanidad en otros países de América y en África. También de capacidad de control del virus dentro de sus fronteras.

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En las condiciones marcadas por la emergencia sanitaria, los bandidos imperialistas se lanzan a una nueva guerra económica. De hecho, el lenguaje bélico está siendo masivamente utilizado por todos los Gobiernos. La gravedad y profundidad de la crisis económica, la extensión de la pandemia por todos los continentes y la posibilidad de rebrotes, dibujan un escenario en que las contradicciones entre las distintas potencias y la variablidad de las alianzas serán la tónica.

En este contexto, no se puede hablar hoy de que EEUU haya perdido su papel hegemónico. En todo caso, y a pesar de la retórica, el ascenso de otras potencias no supone todavía una alteración de las bases del capitalismo internacional. El incremento de la competencia interimperialista supone nuevas y mayores amenazas para la clase obrera y los pueblos del mundo.

(…)

El papel del Estado, la pugna entre liberales y socialdemócratas.

 El desarrollo de la crisis está permitiendo comprobar, nuevamente y de forma muy clara, cuál es el papel que otorgan al Estado las diferentes fuerzas políticas defensoras del capitalismo.

Es necesario desmontar las teorías que afirman que en esta crisis el papel del Estado está siendo distinto al de momentos anteriores. El Estado capitalista siempre, en toda crisis, ha intervenido para tratar de garantizar la supervivencia de las relaciones capitalistas de producción.

La cuestión que debemos plantearnos no es si el Estado ha intervenido, está interviniendo o intervendrá, sino con qué objetivos lo está haciendo y utilizando qué medios.

En España, las últimas crisis económicas han sido gestionadas inicialmente por la socialdemocracia (PSOE), para serlo en una segunda fase por los liberal-conservadores del PP. Esta particularidad de nuestra historia reciente puede conducir a error – de hecho lo hace – en cuanto a la funcionalidad de las políticas económicas que supuestamente defienden unos y otros. Se ha asentado en la subjetividad de las masas, gracias también a la propaganda sistemática del entorno liberal-conservador, la idea de que las políticas socialdemócratas agudizan la crisis y que las liberales son las que superan la crisis.

Estas explicaciones, basadas principalmente en la comparativa entre mandatos gubernamentales y fases del ciclo económico, son tramposas porque se plantean desde el ocultamiento de que los ciclos del capitalismo no dependen fundamentalmente del carácter o las políticas de tal o cual gobierno, o de la prevalencia de una u otra forma de gestión capitalista estatal. Se ignora en este análisis el hecho de que las políticas socialdemócratas y liberales son complementarias y tienen utilidad en distintos momentos del desarrollo de la crisis.

El papel del Estado como garante de los intereses capitalistas está fuera de toda duda. Y este papel se juega con independencia de cuál sea la “familia política” del o los partidos gobernantes.

En una primera fase en la que hay que hacer frente a los primeros episodios de empobrecimiento masivo como consecuencia de la destrucción de fuerzas productivas, el papel del Estado se enfoca en amortiguar, en la medida de lo posible, esas consecuencias más inmediatas, principalmente realizando un esfuerzo (en esta ocasión, titánico) en la movilización de recursos públicos destinados a intervenir sobre la demanda, sobre el consumo, de modo que la plusvalía se pueda realizar y el capital en forma de mercancía se transforme en dinero, reiniciándose así el ciclo de rotación del capital.

En esta lógica se insertan la mayoría de medidas gubernamentales, también el Ingreso Mínimo Vital (IMV), explicado por el propio Pablo Iglesias como “inversión pública que permite mantener un mínimo nivel de demanda para que las empresas, tanto las grandes, como las pymes y los autónomos, puedan seguir facturando”. Y también en esta lógica se insertan todos los llamamientos y peticiones de nuevos “New Deal” o “Planes Marshall” que reiteradamente han realizado varios Gobiernos en todo este período, así como las medidas en debate en la UE, los paquetes multimillonarios aprobados en EEUU o las ayudas a la compra de vehículos recientemente aprobada por el Gobierno español.

La utilización masiva de recursos públicos se traduce invariablemente en un incremento significativo del déficit, que llega por dos vías: un incremento del gasto pero también una reducción de ingresos derivada de una menor actividad económica y destrucción de fuerzas productivas. Lo particular de esta situación es que la conversión de costes privados en costes públicos ha sido muy superior y mucho más concentrada en el tiempo que en crisis anteriores.

Ante situaciones de déficit público, las alternativas son escasas: incremento de los ingresos, reducción de los gastos y emisión de deuda pública. En el momento actual, el Gobierno español está planteando una batería de medidas fiscales destinadas, inicialmente, a incidir en la primera, aunque no sobre el capital, sino nuevamente sobre los salarios. Esto no evitará que tenga que recurrir al resto de alternativas, cuyas consecuencias ya conocemos.

En una segunda fase, solucionado el exceso de oferta en parte por la intervención sobre la demanda y por la destrucción de fuerzas productivas (también mediante la simplificación de los procesos concursales o de quiebra, por ejemplo), los recursos del Estado se destinan a estimular la esfera de la oferta, facilitando la reactivación de las empresas que han sobrevivido y garantizándoles mejores condiciones para la extracción de plusvalía (a través de reformas laborales, por ejemplo) y para satisfacer los intereses de los acreedores privados que detentan los títulos de deuda pública (mediante subidas de impuestos, recortes en gasto público y decisiones como la modificación del artículo 135 de la Constitución, que prioriza frente a todo gasto público la devolución del capital e intereses de la deuda asumida).

El circulo vicioso de la gestión de las crisis no se ha modificado sensiblemente, y buena parte del debate entre keynesianos y liberales en materia económica consiste en determinar en qué momento y con qué intensidad se aplican las medidas sobre la oferta o sobre la demanda para reanudar el ciclo en mejores condiciones, teniendo además en cuenta las particularidades de cada país en lo relativo a las exportaciones e importaciones, las mayores o menores dificultades de sus socios prioritarios o las medidas que éstos hayan tomado y, fundamentalmente, su papel en la cadena imperialista mundial, que es un elemento esencial para determinar las condiciones en que reanuda el ciclo en cada eslabón de la cadena.

En tales términos se da el debate básico entre fuerzas capitalistas en España. El reparto de papeles entre unos y otros atiende a la priorización de sobre qué elementos incidir con mayor rapidez para tratar de reactivar el ciclo, pero sus propuestas son complementarias entre sí. Los argumentos en defensa del Gobierno bajo la excusa del “mal menor” no atienden a la realidad del desarrollo de la crisis capitalista y deben ser combatidos porque suponen atrapar a al clase en un debate sobre el sostenimiento del capitalismo.

Si prestamos atención, todas las potencias capitalistas han lanzado “paquetes de estímulo”. En el caso de EEUU, por ejemplo, el Wall Street Journal desglosaba así los “estímulos” aprobados por la administración Trump en abril (alrededor de 2 billones de dólares):

 

• Préstamos empresariales: 454.000 millones
• Préstamos a pequeños negocios: 349.000 millones
• Pagos a hogares: 300.000 millones
• Desempleo: 250.000 millones
• Retraso en el pago de impuestos: 221.000 millones
• Ayudas a los estados: 150.000 millones
• Hospitales y ayudas a los veteranos: 117.000 millones
• Préstamos a Aerolíneas y empresas de mercancías: 32.000 millones
• Ayudas a Aerolíneas y empresas de mercancías: 29.000 millones
• Transporte Público: 25.000 millones
• Otros: 198.000 millones

 

Por primera vez, EEUU ha aprobado medidas consistentes en la entrega directa de dinero a las familias. ¿A qué van dirigidas estas medidas si no es a tratar de salvar el colapso en la demanda? Por ejemplo, no se trata de garantizar que las aerolíneas sigan volando, sino precisamente a que la falta de demanda de vuelos no suponga su quiebra inmediata. El retraso en el pago de impuestos no va dirigido a reactivar ninguna oferta, sino a tratar de garantizar que la falta de liquidez por la merma en la actividad no se traduzca en quiebra e imposibilidad de hacer frente a los impuestos.

La gestión de la crisis en España.

El papel del Gobierno de coalición. ¿Por qué decimos que el Gobierno ha favorecido a los monopolios?

 Hemos dicho repetidas veces a lo largo de este período que el Gobierno de coalición socialdemócrata se volcó primariamente en la defensa de los intereses de los monopolios. En esta línea se interpretan la mayoría de medidas que ha llevado a cabo el Gobierno desde el 14 de marzo, y permiten prever el desarrollo de los acontecimientos a partir de otoño.

Los sucesivos reales decretos que ha ido aprobando el gobierno y luego se han ido convalidando por el Congreso son un material de estudio esencial para analizar la dinámica que ha seguido el gobierno de coalición. Más allá de los anuncios oficiales y de la interpretación que de ellos han hecho buena parte de los medios de comunicación (la política comunicativa de este Gobierno merece un apartado propio más adelante), es necesario atender a la literalidad de las normas aprobadas y publicadas en el BOE, algunas de ellas con mucho retraso respecto a su anuncio ante los medios.

<Durante las semanas del confinamiento, gracias a la declaración del estado de alarma, el Gobierno ha desarrollado toda una normativa de excepción cuyos aspectos más lesivos para la mayoría trabajadora se van a mantener en el período posterior.

Las políticas del Gobierno partieron de un análisis erróneo en el plano económico. Tal y como destacó el Buró Político en su momento, se adoptaron medidas para hacer frente a una “crisis en V” (rápida caída seguida de una rápida recuperación), tratando de evitar la generalización de la sobreproducción y de mantener el ciclo de reproducción ampliada del capital.

Entre las medidas concretas adoptadas en apoyo a los empresarios del sector turístico (12% del PIB y 13% del empleo en diciembre de 2019), aprobadas el 12 de marzo, destacan algunas como los aplazamientos de pago de impuestos y de devolución de préstamos estatales, líneas de financiación específicas a través del ICO para atender necesidades de liquidez o la ampliación de bonificaciones para contratos fijos- discontinuos.

El 17 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó otro paquete de medidas dirigidas a garantizar la liquidez de las empresas, entre ellas: garantías a través del ICO hasta

100.000 millones para facilitar la concesión de préstamos a empresas y autónomos para cubrir circulante y facturas, además de líneas de cobertura aseguradora por cuenta del Estado hasta 2.000 millones de euros, ampliación del límite de endeudamiento del ICO en 10.000 millones o flexibilización de ciertas obligaciones societarias para las sociedades mercantiles.

Hemos de tener en cuenta que la declaración del estado de alarma permitía al Gobierno la toma de control de las entidades sanitarias privadas. En todos los meses de vigencia de la alarma no se dieron pasos en ese sentido en ningún momento. Igualmente, la denominada “paralización de la producción” fue una medida más publicitaria que otra cosa, ya que se mantuvieron abiertas, y sin medidas de seguridad adecuadas, miles de empresas de sectores no estratégicos, favoreciendo la extensión del virus.

En el terreno laboral, con el objetivo de flexibilizar la economía y adaptarla a la nueva situación creada, se crearon los nuevos modelos de ERTE vinculados a la Covid-19, se ampliaron las condiciones de acceso a las prestaciones por parte de los trabajadores y se exoneró total o parcialmente de las cotizaciones sociales a las empresas, se aprobó la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, se regularon mecanismos básicos de conciliación y se facilitó que las empresas posibilitasen el trabajo a distancia, y se aprobaron programas como el Acelera, destinado a PYMES para su adaptación al entorno digital, dotado con 250 millones de euros.

El Informe de urgencia sobre las medidas extraordinarias adoptadas en materia laboral en relación al COVID-19, elaborado por la Oficina Jurídica del CC, analiza con bastante profundidad todas estas medidas.

La primera conclusión es que el paquete esencial de medidas adoptadas por el Gobierno se dirigió a facilitar la liquidez de las empresas y el negocio bancario, mediante avales públicos al crédito, tratando de garantizar la circulación del capital. Al mismo tiempo, el Estado asumió directamente importantes costes de producción empresariales, transformando costes salariales en prestaciones por desempleo y asumiendo total o parcialmente las cotizaciones empresariales derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor. En el caso de las empresas dedicadas al negocio inmobiliario (los llamados “grandes tenedores”) y de los bancos, garantizando con dinero público la moratoria en el pago de alquileres e hipotecas. También se adoptaron medidas dirigidas a garantizar con crédito estatal la exportación de capitales de los monopolios españoles y también se están reproduciendo episodios de pelotazos urbanísticos en los que, como novedad, el Estado se convierte en garante de las inversiones privadas, al estilo de lo que ocurrió con ciertas autopistas de peaje.

A las medidas adoptadas hasta el momento, dirigidas en lo esencial a garantizar la producción y la circulación de capitales, a través del endeudamiento estatal y la asunción de costes de producción por parte del Estado, se suman las medidas que el Gobierno ha presentado como medidas sociales.

Con ellas, se trata de lograr el apoyo de los trabajadores a la línea estratégica aprobada por el Gobierno en defensa de los monopolios y tienen, por tanto, un profundo carácter ideológico. En realidad, como ya se ha señalado, se trata de medidas dirigidas a intervenir sobre la demanda, esto es, sobre el consumo, tratando de garantizar que la plusvalía extraída a la clase obrera pase de la forma mercantil a la monetaria, tratando de completar los ciclos de rotación del capital y de impedir que se ralentice su ritmo.

Entre las medidas adoptadas con ese propósito, destacan las prestaciones extraordinarias por desempleo en caso de suspensión de contratos por las causas previstas en el Real Decreto 8/2020, incluso en aquellos casos en que no se haya cotizado lo suficiente, las limitadísimas prestaciones a los trabajadores autónomos por cese de actividad, o las moratorias de impuestos, hipotecas y alquileres. Mención aparte merece el ingreso mínimo vital, que se trata un poco más adelante. Todos ellas van dirigidas a mantener ciertos niveles de consumo popular que permitan mantener la demanda interna, esto es, que se realice la plusvalía, a costa de incrementar la deuda pública y privada.

Todas estas medidas, adoptadas con la intención de hacer frente a una evolución de la crisis económica en V, traerán consigo un intenso incremento del déficit y la deuda pública, que se situaba ya en el 95,8% del Producto Interior Bruto antes de estallar la crisis. Por tanto, cabe preguntarse quién pagará esa deuda.

En el caso español, la movilización de recursos en los meses que llevamos de crisis se concretaba, a mediados de junio, en 57.000 millones de euros de gasto público, un impacto en el PIB del 5%, que supone casi el doble de los compromisos de gasto que había adquirido el Gobierno con las instituciones europeas. Este dato, unido a las estimaciones que calculan el desplome de los ingresos públicos en torno a los 70.000 millones de euros, un 6% del PIB, llevan a considerar el impacto total de este gasto en alrededor de un 11% del PIB español.

Los 57.000 millones se calculan aproximadamente a partir de estos datos: 18.000 millones por los ERTE, 5.235 millones por protección extraordinaria para desempleados, 1.446 millones en contingencias sanitarias, 3.767 millones por cese de actividad de los autónomos, 778 millones en protección social, 5.500 en ayuda a la empresa de la automoción española, los 16.000 millones destinados a las CCAA, sin contar las estimaciones de coste del ingreso mínimo vital (en torno a los 3.000 millones).

El déficit generado por un gasto de tal magnitud va a venir seguido, inmediatamente, por la exigencia de recortes. De hecho, los anuncios sobre supuestas “transferencias” o “préstamos blandos” de la UE ya empiezan a orientarse en ese sentido. Lo que inicialmente iban a ser transferencias a coste 0, comienzan a transformarse cada vez más claramente en préstamos que, por bajo tipo de interés que tengan, se van a tener que devolver con interés en los próximos años.

Por otra parte, dado que todavía no se ha definido realmente cuál será el formato de entrega de las cantidades de ese fondo, lo que sí está claro es que ese dinero vendrá acompañado de una serie de condicionantes vinculados al “incremento de la productividad, la reducción de la burocracia, reformas que faciliten la liquidez de las empresas y fomenten la estabilidad del sector financiero, así como incentivos eficaces a la contratación” según la Comisión Europea. En palabras de Cristine Lagarde, presidenta del BCE, el paquete aprobado por la UE debería ser “rápido, flexible y estar anclado con firmeza en las reformas económicas”. La retórica es la misma que durante la crisis anterior, aunque el tono sea un poco diferente.

La socialdemocracia, muy lejos de sus promesas electorales, no ha adoptado ninguna medida para revertir el carácter tremendamente regresivo del sistema fiscal, ni siquiera para obtener cierta financiación para hacer frente a la emergencia sanitaria gravando al capital y a las grandes fortunas. No obstante, aunque establezcan medidas en este sentido, con seguridad no pasarán de tener un carácter simbólico, dadas las facilidades de los monopolios y las grandes fortunas para eludir todo tipo de iniciativas fiscales de este tipo. Por tanto, las medidas adoptadas por el Gobierno en auxilio de las medidas capitalistas, las pagarán los trabajadores.

La intención de los capitalistas y de sus gobiernos es que sea nuevamente la clase obrera la que pague la crisis. Y lo hará, tal y como ya sucediera durante y después de la crisis de sobreproducción de 2008-2014, por dos vías. En primer lugar, con sus impuestos. Baste al respecto señalar que, durante el ejercicio fiscal 2018, el 85% de la recaudación de la Agencia Estatal Tributaria procedió del IRPF, lo que supuso un 39% del conjunto de los impuestos, frente a un 33% del IVA y tan sólo un 12% del Impuesto de Sociedades. Por tanto, por vía impositiva, serán principalmente los trabajadores quienes, además de hacer frente a su propia deuda, asuman el pago de la deuda pública. La renuncia a implantar un impuesto a las grandes fortunas evidencia esta situación.

En segundo lugar, y como ha sucedido siempre en el capitalismo, tras el endeudamiento público contraído para salvaguardar en la medida de lo posible las ganancias de los monopolios, la deuda será empleada como arma para justificar nuevos recortes en políticas sociales. Todo ello en un momento en el que tanto las prestaciones por desempleo -gravemente golpeadas durante la anterior crisis-, como el sistema público de pensiones, ya venían colocándose en el punto de mira. Veremos lo que sucede en otros ámbitos, como la educación o la sanidad, que venían siendo tratados como nuevos nichos de mercado para la inversión privada, tanto durante por los gobiernos del PSOE como por los del Partido Popular.

Las crisis son la manifestación más clara de las contradicciones del capitalismo. Durante las crisis se pone en completa evidencia la contradicción irreconciliable entre el carácter social de la producción y la apropiación capitalista, basada en la propiedad privada de los medios de producción. Los trabajadores se ven abocados a la miseria no porque no existan bienes suficientes para hacer frente a sus necesidades, sino porque han producido demasiados. Se destruye empleo, pero no por falta de medios de producción, sino porque hay demasiados. Esos medios de producción, que podrían ser utilizados para emplear a los parados y para satisfacer las necesidades populares, son destruidos por los capitalistas.

El capitalismo español ha demostrado sobradamente su ductibilidad y su flexibilidad a la hora de afrontar las crisis. Ha sido capaz de integrar plenamente a las distintas expresiones políticas que surgieron inicialmente frente al bipartidismo parlamentario y tiene todavía a su disposición herramientas suficientes para legitimarse en el próximo período, desde modernizaciones cosméticas a nivel institucional a cambios en el esquema constitucional español, incluyendo a la propia institución monárquica, cuya imagen se deteriora rápidamente a raíz de las informaciones sobre corrupción que se han ido conociendo durante el estado de alarma. Cabe recordar que Felipe VI anunció su “renuncia” a la herencia de su padre justo al inicio del confinamiento, a mediados de marzo, y que posteriormente se han ido multiplicando las informaciones sobre la fortuna de Juan Carlos, que generan una corriente de opinión cada vez más favorable a hipotéticos cambios cosméticos en la forma de designación de la jefatura del Estado, dejando inalterados los elementos esenciales de la formación capitalista española.

La uberización de la economía en todo este contexto

Otro de los elementos que debemos tomar en consideración a la hora de analizar la actual crisis es la tendencia que venimos denominando “uberización de la economía”.

Como ya hemos analizado, la gestión de la crisis anterior no alteró las relaciones capitalistas de producción, únicamente trató de garantizar su supervivencia. Ante al estallido de las contradicciones internas del sistema capitalista, los aparatos estatales se centraron en aplicar las medidas necesarias para garantizar la reactivación del ciclo. La crisis se saldó con una mayor concentración de capitales y con un incremento notable en la extracción de plusvalía absoluta y relativa.

A través de las distintas reformas laborales, incluyendo la reforma de las pensiones, se fueron implantando o ampliando varias figuras legales destinadas a garantizar una mayor rentabilidad y flexibilidad para la patronal en la explotación de fuerza de trabajo, acelerando la dinámica que venía desarrollándose antes de la crisis.

El abaratamiento y ampliación del despido, el retraso en la edad de jubilación, la regulación de los denominados TRADEs (trabajadores autónomos económicamente dependientes), la ampliación de las posibilidades de subcontratación o la regulación de las agencias privadas de colocación se combinaron con un ataque directo contra los convenios colectivos, permitiendo los descuelgues y estableciendo la prioridad de los convenios de empresa frente a otros.

A raíz de tales reformas, los últimos años se han caracterizado por un incremento significativo de la subcontratación, tanto en industria como en servicios, por el uso creciente de empresas de trabajo temporal y agencias de colocación, por la proliferación de empresas multiservicios y por el rápido crecimiento de las empresas denominadas de “economía colaborativa” y de los falsos autónomos.

Avanzamos hacia un modelo de gran interés para los capitalistas, ya que no sólo supone un abaratamiento de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo de sectores crecientes de la clase, sino además una presión a la baja para las del resto de secciones de la clase y un ataque frontal contra el sindicalismo. La reducción de costes salariales por estas diversas vías, combinada con una flexibilidad casi total en el ámbito de organización interna empresarial, unida a la desvalorización de los convenios colectivos y a la individualización creciente de la relación de trabajo, es un mecanismo destinado a tratar de elevar la rentabilidad del capital mediante el incremento de la tasa de plusvalía.

La nueva crisis está siendo utilizada para acelerar este proceso y ampliar el alcance de estas medidas. La posibilidad de que el nuevo modelo de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo se cronifique en la legislación española forma parte de esta tendencia.

El objetivo de la patronal y de sus gobiernos es la abolición de la regulación de las relaciones laborales tal como la conocemos, la puesta en duda de la propia existencia del Derecho del Trabajo, consecuencia de la necesidad – en determinado momento histórico – de las clases dominantes de garantizar unas mínimas condiciones de vida y trabajo a unas masas trabajadoras organizadas, con conciencia de clase y con experiencias de construcción socialista con las que comparar su situación.

El proceso de liquidación de los derechos obreros y populares se aceleró tras el triunfo de la contrarrevolución en los países socialistas, espoleado en las dos últimas décadas por la gravedad y profundidad de las crisis y por las cada vez mayores dificultades de los capitalistas para rentabilizar su capital.

Los anuncios y propuestas vinculados con la elaboración de un nuevo “Estatuto del Trabajo”, en el que está empeñado el Gobierno de coalición socialdemócrata, van por el camino de dar una cobertura legal a las condiciones que interesan a la patronal, consagrando el nuevo modelo presidido por la generalización del trabajo a demanda, la máxima flexibilidad interna favorable al empresario y la rebaja de salarios, combinado todo ello con medidas estatales destinadas a paliar la insuficiencia del salario para cubrir la reproducción de la fuerza de trabajo, como el ingreso mínimo vital.

Precisamente el IMV ya está generando críticas entre sectores cercanos al propio Gobierno, fundamentalmente por su limitado impacto y por su carácter de complemento de rentas. Nosotros debemos insistir en el hecho de que el IMV es principalmente útil para la patronal en el contexto descrito anteriormente.

Los capitalistas necesitan hacer efectiva la extracción de plusvalía transformando el capital en forma de mercancía en capital en forma de dinero. Precisamente eso es lo que dificultan las crisis de sobreproducción y sobreacumulación. Necesitan que los mismos trabajadores a los que explotan en condiciones cada vez más ventajosas compren las mercancías producidas por ellos mismos. La mayoría trabajadora sufre una doble condena desde el momento en que la plusvalía extraída en la producción se realiza para el capitalista a través del consumo de esa misma mayoría trabajadora.

Ante esta supuesta paradoja, consecuencia de la propiedad privada de los medios de producción y de la apropiación privada del fruto del trabajo social, aparece como elemento salvador el Estado capitalista y surgen propuestas como el IMV, funcionales a los intereses capitalistas. Garantizar desde el Estado unos ingresos mínimos, compatibles además con ciertos ingresos salariales (sumamente bajos e inciertos) permite varios objetivos de la patronal:

 

• Facilita la reproducción de la fuerza de trabajo sin coste para el capitalista, el salario que paga la empresa no tiene que ser suficiente para pagar alojamiento, comida, vestido y suministros básicos.
• Facilita reactivar o no detener el ciclo de circulación de capital al permitir unos niveles de consumo que los salarios no
• Acelera la tendencia a la reducción general de los
• Lo anterior en la práctica lleva a la inutilidad de la negociación
• Transfiere de forma permanente costes salariales de las empresas al Estado, asegurando la obtención de una mayor tasa de plusvalía.

 

Más allá de los falsos debates y las imposturas de cara a la galería, las tendencias generales están ahí y se desarrollan con rapidez. Las medidas esenciales que proponen los capitalistas no se alteran significativamente con las respuestas que ofrece la socialdemocracia, sólo se atrasan o se complementan, pero imparablemente se van imponiendo.

La política comunicativa del Gobierno.

Todas las medidas que ha ido anunciando el Gobierno a lo largo de estos meses, y también antes de que estallara la pandemia, tienen dos claros objetivos: en primer lugar, preparar la subjetividad de las masas en general para una etapa de duros ataques contra los derechos obreros y populares; en segundo lugar, alinear detrás del Gobierno a los sectores sociales que les votaron y que depositaron su confianza en una gestión socialdemócrata pero que, a la vista de la crisis y sus efectos, puede derivar hacia otro tipo de posiciones contrarias al Gobierno.

Especialmente significativos han sido los casos de la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores y la campaña de difusión del IMV, aunque en general se han dado varios casos más a lo largo del confinamiento como en lo relativo a la derogación de la reforma laboral.

El modelo comunicativo del gobierno ha sido el siguiente: se anuncia la medida, ofreciendo a la prensa una información previamente filtrada en la que destacan los elementos que interesan al Gobierno; la prensa difunde masivamente la información que ofrece el Gobierno, instalándose un debate entre partidarios y detractores de las medidas anunciadas, pero sin que las medidas anunciadas hayan sido contrastadas con la publicación en el BOE, lo que impide hacer un puntual y rápido análisis de los elementos reales y no de la propaganda gubernamental. Tras dos o tres días, se publica en el BOE la información real y se comprueban las exageraciones, la letra pequeña y las informaciones incompletas sobre las que se ha estado hablando durante los días anteriores, pero la matización ya no es noticia fresca: se ha debatido de lo que el gobierno ha querido, y en la conciencia de amplios sectores de las masas quedan los mensajes del gobierno, identificándose además a quienes se opongan a ellos como situados en el campo enemigo.

Esta política general de comunicación, hábilmente planteada, va destinada a ocultar la realidad de que el Gobierno de coalición socialdemócrata está gestionando principalmente a favor de los intereses de los grandes capitalistas y la imposibilidad de cumplir con varias de sus promesas electores. Necesitan conservar su apoyo social y para ello recurren a tácticas de todo tipo para condicionar el debate público.

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La cuestión de clase durante la crisis sanitaria. Las perspectivas para la clase en la crisis económica.

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La imposibilidad de la socialdemocracia para satisfacer las ilusiones generadas entre sectores amplios de la población, la comprobación durante estos meses de la tremenda estrechez y limitación de las medidas adoptadas supuestamente para favorecer a los sectores obreros y populares, se pueden conjugar con otros factores para generar una salida en clave mucho más reaccionaria a esta crisis.

El confinamiento ha tenido un componente de recorte de libertades que ha sido naturalizado y asimilado por amplios sectores de la población. La limitación de movimientos y del derecho de reunión y manifestación, acompañado de una retórica militarista que fue especialmente fuerte en las primeras semanas, han servido para comprobar cómo los mecanismos de control de masas funcionan en determinados momentos y debemos tomar buena nota de ello.

En este contexto, uno de los factores diferenciales de esta crisis está siendo la existencia de VOX. Con su discurso dirigido a atacar determinadas medidas gubernamentales, a erigirse en portavoz de la defensa de ciertas libertades y al enfocar parte de su actividad hacia los sectores obreros y populares, existe el peligro real – del que ya hemos advertido en otros momentos – de que se produzca un crecimiento de su presencia entre sectores de la clase y el pueblo.

La desilusión con la socialdemocracia y su inutilidad para defender “al trabajador”, la debilidad del movimiento comunista, la campaña sostenida de descrédito contra el sindicalismo de clase, el auge del nacionalismo y de los falsos debates (como el que hemos mencionado entre globalismo y soberanismo), son todos factores que pueden interactuar en clave sumamente negativa.

El reciente anuncio de VOX sobre la creación de un “sindicato” es una declaración abierta de intenciones y un peligro real para el desarrollo de la lucha de clases en nuestro país, puesto que nadie debe dudar que, bajo su habitual retórica, cualquier “sindicato” vinculado a los promotores del programa de máximos de la burguesía no podrá ser otra cosa que un nuevo piquete de la patronal para distorsionar y desincentivar la lucha en las empresas y en el resto de ámbitos de lucha de clases en un momento en el que las contradicciones se van exacerbar dramáticamente.

En este sentido, debemos tener en cuenta que estamos atravesando un período en que los acontecimientos se suceden con rapidez, y que el sistema se está preparando para desplegar todo tipo de iniciativas contra los derechos obreros y populares y para reprimir la contestación que se organice frente a ellos. En este contexto, la presencia de VOX agrava la situación, ya que está ayudando a naturalizar posiciones y actitudes reaccionarias que, en función de los acontecimientos, pueden derivar abiertamente hacia posiciones de tipo fascista.

El Partido no debe minusvalorar esta situación. Que VOX no sea catalogable hoy como partido fascista no quiere decir que no pueda derivar hacia ello dadas ciertas condiciones de agravamiento de la crisis y las necesidades de los capitalistas de imponer su programa de máximos con mayor rapidez y violencia.

El movimiento sindical ante la crisis. 

El papel del movimiento sindical durante los meses transcurridos desde marzo ha sido una nueva muestra de la doble naturaleza de las grandes organizaciones sindicales y de la ausencia de una opción sindical clasista para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Por una parte, el papel realizado por miles de sindicalistas y delegados en la información y asesoramiento sobre la situación en las empresas a raíz de los ERTE y de la desquiciante legislación emitida por el Gobierno durante las primeras 3 semanas de confinamiento es digno de saludo, pues facilitó que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras contaran con unas mínimas orientaciones a la hora de abordar la situación en sus empresas.

Por otra, las cúpulas sindicales y su defensa a ultranza del modelo de ERTE como mecanismo de garantía del empleo y su insistencia actual en pasar por la negociación con los agentes sociales de todas las medidas de continuación de ERTEs, o el más reciente “Acuerdo por la reactivación económica y el empleo”, dan buena muestra de su estrecha vinculación y compromiso con la salvaguarda del modelo capitalista en nuestro país. Esta crisis está sirviendo para profundizar en el modelo de pacto social y “corresponsabilidad” que, sin haber abandonado completamente en períodos anteriores, sí se había matizado ante la dureza de las medidas adoptadas en la anterior crisis.

Otras organizaciones sindicales de ámbito autonómico han manifestado mayor rechazo al formato de ERTEs y su prórroga, así como a otras medidas de pacto social desarrolladas durante esta época, pero se encuentran limitadas territorialmente.

Lo que podríamos englobar como “sindicalismo alternativo” carece de capacidad para aglutinar fuerzas de cara a emprender una lucha efectiva en defensa de los intereses inmediatos de la clase ante esta profundización de la crisis.

Esta situación, fruto de la fragmentación organizativa y de la hegemonía socialdemócrata en el movimiento obrero, es una de las principales contradicciones con las que nos encontramos en nuestra intervención en el movimiento sindical.

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Precisamente, ese papel de sostén del sistema que están jugando las cúpulas de las principales organizaciones sindicales, sumado a la sistemática campaña anti-sindical que se viene desarrollando desde hace años desde varias instancias, facilita la penetración de entidades como el “sindicato” de VOX que antes se ha mencionado. Debemos tener un papel importante en la reflexión dentro del movimiento sindical sobre esta realidad.

El Gobierno y la oposición durante estos meses.

 Uno de los elementos más característicos de la gestión de la crisis sanitaria en España ha sido la gravedad retórica de los choques entre gobierno y oposición. Se ha de insistir en el término “retórica” porque, en esencia, las medidas que ha ido adoptando el Gobierno no han recibido oposición frontal real, salvo en casos puntuales, por el resto de fuerzas parlamentarias, especialmente PP, Ciudadanos y VOX.

Se dice al principio del informe que uno de los grandes debates ha sido el de la posibilidad de la previsión o no de esta crisis, así como el de lo acertado o no del momento elegido por el Gobierno para decretar el Estado de Alarma. Igualmente, se han producido acalorados debates sobre el contenido y carácter de las medidas que ha ido aprobando el gobierno en materia económica, social y laboral, pero incluso en uno de los más acalorados, como fue el relativo al IMV, a la hora de la verdad la oposición no manifestó oposición abierta en las votaciones.

Los elementos introducidos en el denominado “pacto de reconstrucción”, que recogen parte de las posiciones de las distintas fuerzas parlamentarias, son un ejemplo de salida clasista a favor de la burguesía, con mayor o menor grado de cesión por parte de unos o de otros en función de su análisis sobre la gravedad y profundidad de la crisis.

La realidad es que el margen de actuación de cualquier Gobierno capitalista es muy escaso para afrontar una crisis de esta envergadura. Los elementos que el Gobierno pretende vender como grandes pasos, como los ERTE, son soluciones existentes en otras potencias capitalistas y no suponen ninguna alteración de las bases capitalistas del país. Los capitalistas saben que tienen poco margen de actuación y los debates se dan sobre elementos de matiz y no de esencia.

En el ámbito de la gestión sanitaria se han visto con claridad las limitaciones del modelo capitalista español. La pugna entre Gobierno central y gobiernos autonómicos ha sido muy significativa, especialmente en el caso de las CCAA gobernadas por el PP, pero también en otros casos. Es especialmente grave la cuestión de la gestión de las residencias de tercera edad, en las que miles de personas han fallecido sin ser tratados, sin ser trasladados a hospitales y sin que se haya puesto bajo control estatal, en ningún momento, los recursos sanitarios privados, como permitía la propia normativa de alarma. La responsabilidad en esta materia es compartida, de la misma manera que en el recuento sobre los afectados, donde las CCAA han sido poco claras.

A lo largo de las semanas se ha ido comprobando una variación en la posición de distintos aliados y oponentes del Gobierno. También se han ido detectando tensiones dentro de la propia coalición de Gobierno.

En el primer aspecto, lo más significativo son los cambios de postura de ERC y de Ciudadanos. Los primeros, quizás debido al coste que su apoyo al Gobierno pueda suponer en las futuras elecciones catalanas, han pasado del apoyo inicial al voto contrario a las últimas propuestas del Gobierno. Los segundos se han convertido en un apoyo al Gobierno en la segunda etapa de la crisis sanitaria, permitiendo al PSOE tener un pivote táctico que consigue dos elementos: por una parte, desmontar la acusación de PP y VOX sobre su falta de voluntad de alcanzar pactos con otras fuerzas no encuadradas en “la izquierda” y, por otra parte, expresar ante algunos de sus aliados iniciales que tiene posibilidades de prescindir de ellos llegado el momento.

La coalición, recordémoslo, no cuenta con mayoría parlamentaria. Por tanto, está sometida a las presiones procedentes no sólo de la oposición parlamentaria, sino también de las fuerzas que facilitaron la moción de censura en junio de 2018 y la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020.

En condiciones normales, tal situación ya hubiera sido suficientemente compleja, pero en las condiciones de la pandemia, esto ha elevado las tensiones hasta niveles muy superiores a los esperables para un gobierno con menos de 2 meses ejerciendo como tal cuando se decretó el estado de alarma.

A lo largo de los meses de confinamiento y desescalada no sólo hemos ido viendo las prioridades del Gobierno en cuanto a la protección y defensa de unos intereses u otros, sino también una variación, en función de los acontecimientos y las presiones patronales, principalmente, en cuanto al alcance y la concreción de las medidas para la protección sanitaria.

Se han ido modificando los criterios de contención y las medidas. Como ejemplo ilustrativo basta decir que el gobierno, inicialmente, planteaba una desescalada que finalizaría como pronto a comienzos del mes de julio. Finalmente, la denominada “nueva normalidad” llegó el 21 de junio y lo hizo acompañada de la apertura de las fronteras interiores de la UE para el turismo. Las presiones de las patronales del sector que representa un 13% del PIB español y que es consciente de que un mal verano puede suponer la quiebra de miles de empresas, ha puesto al Gobierno de rodillas, adelantando plazos y generando una situación de aparente normalidad que minusvalora el hecho de que el virus sigue activo y circulando.

En este sentido, resultó sumamente importante la “cumbre de la clase dominante” que tuvo lugar en la segunda mitad de junio bajo la forma de jornadas auspiciadas por la CEOE. En esa tribuna se marcaron muchos de los elementos que posteriormente se han ido concretando en el “acuerdo de reconstrucción” de la comisión parlamentaria y que ha tenido su seguimiento en el acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos.

El PSOE, en su papel de partido garante de la estabilidad capitalista, a pesar de pasar unos momentos de gran presión, sale en cierto sentido reforzado de esta etapa de la crisis, no sólo consiguiendo ciertos consensos entre los agentes políticos y sociales sino, además, abriendo un espacio a la posibilidad de pactos a su derecha y a su izquierda que habrá que ver cómo se van gestionando, sobre todo de cara al debate sobre los Presupuestos Generales del Estado.

La actitud de los partidos que integran UP a lo largo de la crisis ha sido sumamente expresiva del carácter y objetivos de la nueva socialdemocracia. Su subordinación a la socialdemocracia clásica, su papel de defensa a ultranza de las políticas gubernamentales bajo el argumento del mal menor y de la situación de excepcionalidad no ocultan el hecho de que están siendo no sólo cómplices, sino ejecutores de la política que favorece a los intereses de la burguesía. Independientemente de las consideraciones subjetivas sobre su papel o sobre sus objetivos, las integrantes de UP son fuerzas cuyo fin es la garantía de la supervivencia del capitalismo español.

A lo largo del próximo período se verá cuál es el nivel de aguante y cuáles eran los términos de la táctica de los principales dirigentes de UP. El Gobierno va a verse enfrentado con la necesidad, en pocos meses, de ejecutar importantes recortes y agresiones contra la clase y el pueblo. Cuando el déficit se desboque completamente o cuando los fondos de la UE tengan que ser devueltos, los dirigentes de UP se encontrarán en la tesitura de convertirse en ejecutores de tales ataques o generar una crisis de gobierno, en cuyo hipotético caso el PSOE puede tener aliados suficientes para resistir durante un tiempo sin necesidad de forzar una nueva convocatoria electoral.

Algunos debates que se han producido durante esta etapa.

En la primera parte del informe se apuntaba que algunos debates públicos vienen fuertemente determinados por las distintas tendencias que operan en la base económica y cómo, por ejemplo, los distintos intereses de sectores monopolistas pueden concretarse en debates en que, por utilizarse cierta retórica o ciertos términos que han sido habituales en el movimiento comunista, parece que los comunistas debemos posicionarnos inmediatamente.

Por otra parte, la gravedad de la situación económica, sumada a la debilidad organizativa de la clase y la hegemonía socialdemócrata en el movimiento obrero, hacen cada vez más fácil la penetración de falsos dilemas en la conciencia de las masas. Se van colocando como esenciales todo tipo de debates que, en ningún caso, abordan la cuestión fundamental de las relaciones de producción dominantes y que, por tanto, atrapan a la clase obrera en callejones sin salida.

El debate entre seguridad y libertad se ha sustanciado de forma negativa para los intereses de la clase. Se han asumido, con carácter general, los discursos sobre la seguridad impulsados por el gobierno, cumpliéndose con las limitaciones de movimientos de forma generalizada, pero sin que haya sido posible abrir un debate en términos de nuestro interés, vinculado a la no restricción de movimientos siempre que éstos estuvieran vinculados a la producción o a la actividad económica. En los momentos en que el debate sobre la cuestión de las libertades se ha producido, ha sido desde posiciones vinculadas a la derecha y a la extrema derecha, como un elemento más de ataque al Gobierno y desde la perspectiva de la libertad de explotación más que de otra cosa.

También, a raíz de las fricciones entre CCAA y Gobierno central sobre la gestión sanitaria, se ha producido cierto debate, que es relativamente recurrente, sobre las virtudes de la centralización o descentralización de ciertos servicios públicos y que, aprovechando la cuestión sanitaria, se sitúa en clave de lucha de intereses entre sectores burgueses, dado que generalmente se centra en la cuestión de la gestión y no en la de la propiedad en el modelo sanitario.

Por otro lado, está el debate entre globalismo y soberanismo, en el que se contraponen de manera falaz unos supuestos intereses “globalistas” de unas “élites” que se han beneficiado de la libre circulación de capitales, mercancías y personas y que tienen una expresión político-cultural en eso que venimos definiendo como “cosmopolitismo del capital”, frente a unos intereses “patrióticos” que han sido pisoteados fundamentalmente por esas “élites” y las instituciones supranacionales como la Unión Europea.

En este debate se mezclan elementos de diversa procedencia, pero tiene un efecto evidente en la aparición de corrientes de tipo chovinista y reaccionario en sectores del pueblo y del propio movimiento comunista. El principal problema es que, en la conjunción entre diversos factores, parte del discurso “soberanista” choca con ciertos discursos de carácter ideológico que, bajo la falsa bandera del progresismo, se han ido introduciendo para promover un individualismo a ultranza, liberal, en que la primacía de lo individual sobre lo colectivo es norma.

Algunos sectores que se reclaman comunistas caen en la trampa de considerar que toda oposición a las tendencias individualistas, o todo apoyo a tendencias contrarias a las mismas, es digna de apoyo, incurriendo en graves errores de análisis, quizá por tacticismo mal entendido o quizá por desconocimiento de las bases fundamentales del marxismo-leninismo.

Las desviaciones en nombre del marxismo-leninismo han sido constantes, pero en nuestros días están alcanzando extremos ridículos, llegando a negarse el carácter de clase del Estado, confundiendo las tareas y los objetivos de los comunistas antes y después del proceso revolucionario y, sobre todo, asumiendo postulados ideológicos ajenos y sometiendo los intereses de clase a los intereses de otras clases o grupos.

La pérdida de la perspectiva de clase es uno de los elementos característicos de nuestro tiempo, incluso en quienes se autotitulan como comunistas. La debilidad ideológica que ha predominado en el movimiento comunista ha permitido la entrada casi ilimitada no sólo de los debates entre corrientes o ideologías que nos son ajenas, sino también los términos en que se producen los debates.

En este sentido, el debate entre soberanismo y globalismo está bastante definido y están claros los fundamentos económicos a los que responde, que se han comentado al principio del informe. Pero existen otros debates recientes que son más complejos de abordar, sobre todo por la gran carga de subjetividad que arrastran y porque afectan, aunque sea indirectamente, a nuestra capacidad de intervenir hacia los sectores femeninos de la clase, trabajo en el que todavía llevamos retraso.

El Comité Central ha dedicado parte de su tiempo a la polémica que, en este momento, se está produciendo dentro del llamado movimiento feminista.

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El Comité Central considera que el debate sobre el sujeto del feminismo viene determinado por la asunción previa de una serie de categorías analíticas y políticas que nuestro Partido no comparte y no utiliza. En el documento sobre las tareas del Partido en la lucha por la emancipación del a mujer aprobado por el CC y debatido en todas las células, señalábamos que el concepto de “patriarcado”, en cuanto sistema social diferenciado del modo de producción, no es coherente con una comprensión materialista histórica de la formación social capitalista. Al mismo tiempo, indicábamos que, en la medida en que la opresión de la mujer, plasmada en una concreta división sexual del trabajo, resulta funcional a los intereses de las clases dominantes y que el carácter subsidiario de la fuerza de trabajo femenina en la producción capitalista tiene un reflejo concreto en el plano de la superestructura jurídica, moral, religiosa, ideológica, sí podría hablarse ideología patriarcal como conjunto de ideas, valores, hábitos, etc., que constituye el reflejo ideológico en la superestructura de la sociedad capitalista de una concreta división sexual del trabajo en el capitalismo, dirigido a perpetuar y legitimar las especiales condiciones de explotación y opresión de la mujer trabajadora y, con ellas, la explotación capitalista en su conjunto.

Igualmente, en ese documento indicábamos que entendemos el feminismo como un movimiento político-ideológico con sus bases teóricas y sus distintas corrientes internas. Que haya ciertos sectores que reivindican un denominado “feminismo de clase” no hace más que reconocer que el feminismo, como corriente, es de carácter interclasista, al centrarse en un determinado sujeto sobre la base de elementos de tipo sexual y no sobre su posición con respecto a los medios de producción. Constatábamos también que, a lo largo de la historia, el movimiento comunista ha hablado por lo general de movimiento por la liberación de la mujer o de movimiento por la emancipación de la mujer, combatiendo el feminismo como expresión de la posición de la mujer burguesa frente a la mujer proletaria.

Sobre estas bases, y no sobre otras, es sobre las que abordamos el asunto de la mujer trabajadora y nuestro trabajo hacia los sectores femeninos de la clase.

En el caso concreto de la polémica actual sobre el sujeto del feminismo, entendemos que se está produciendo un debate esencialista, idealista, sobre el concepto de “ser mujer”, que se sustancia en dos posiciones básicas, una que es nueva expresión de idealismo subjetivo, rayano en el solipsismo, que llega a afirmar que la conciencia individual es capaz de determinar o ignorar los condicionantes biológicos, y otra que, al desligar la cuestión de la mujer de la cuestión de clase, priorizando además la primera sobre la segunda sin atender a que es la segunda la que determina la primera y no a la inversa, concibe a las mujeres como una capa social homogénea, aparentemente carente de contradicciones antagónicas en su seno.

No podemos apoyar ninguna de las dos posiciones basadas en postulados ideológicos que no compartimos. Eso, no obstante, no quiere decir que tengamos posición sobre aspectos concretos que se van vinculado a ese debate y que, sobre todo, tienen que ver con la posibilidad de encontrarnos con expresiones legislativas que concreten el debate teórico. El PCTE ya ha expresado con claridad su posición sobre cuestiones como la prostitución o lo vientres de alquiler, oponiéndonos a su posible legalización sobre la base de que se trata de casos extremos de mercantilización de las personas, vinculados a la trata y compraventa de personas. Igualmente, cuando conozcamos los términos de la futura legislación en otras materias, emitiremos posicionamientos específicos.

Hemos señalado repetidamente que una de nuestras principales preocupaciones en el trabajo hacia la clase es evitar que cualquier tipo de discriminación suponga divisiones en el seno de la misma. En su trabajo hacia la clase, el Partido no absolutiza cuestiones de sexo, orientación sexual, lengua, religión o sentimiento de pertenencia nacional, sino que prioriza el elemento unitario basado en la posición de cada sujeto con respecto a los medios de producción, teniendo en cuenta las condiciones específicas de opresión que sufren los distintos sectores de la clase a la hora de intervenir en cada caso concreto.

Es evidente que existen situaciones de discriminación, tanto en el trabajo como en la sociedad en general, derivadas de elementos objetivos como la división sexual del trabajo (que tiene una base biológica) y de elementos subjetivos, superestructurales, fruto de la ideología patriarcal a la que antes se aludía. También han existido múltiples casos de patologización de conductas a lo largo de la historia.

Ahora bien, la lucha contra tales situaciones de discriminación, debiendo incorporarse a la lucha general de la clase, no puede efectuarse sobre bases idealistas ni sobre trampas ideológicas que pongan en riesgo la concepción general, que reivindicamos, de que es la contradicción de clase la que determina todas las demás contradicciones sociales. Así, cuando los argumentos y posiciones defendidas para abordar una concreta forma de discriminación comprometen la visión de conjunto y niegan o minimizan el elemento clasista, o reivindican posiciones ideológicas idealistas o metafísicas, no podemos asumirlas o incorporarlas como tales a nuestro trabajo, sino que nuestra responsabilidad es insistir en que la única forma de eliminar definitivamente tales expresiones de discriminación pasa invariablmente por la destrucción de las relaciones de producción sobre las que surge la superestructura que las ampara.

La cuestión del género es el aspecto que merece más estudio. El concepto de género como constructo social, una de las principales elaboraciones de la teoría feminista, es lo que ha sentado las bases para la polémica. El concepto, que es útil analíticamente al situar que existe una construcción superestructural dirigida a legitimar la división sexual del trabajo, ha acabado desligándose completamente de todo elemento objetivo, a través de otros conceptos como el de “identidad de género”, para convertirse en un elemento puramente subjetivo, que es posible “autodeterminar” en cada momento.

Se ignoran así el materialismo histórico y las razones de diversa índole que han llevado a la construcción superestructural de una categoría (género) que, basándose en la división sexual del trabajo que interesa al capitalismo, presupone una serie de comportamientos y actitudes que se atribuyen a cada uno de los sexos. Que tales comportamientos y actitudes, en todo o en parte, se den en individuos de otro sexo, elimina todo rastro de innatismo y precisamente lo reivindica como una construcción social, de carácter histórico-cultural y coyuntural. Precisamente por su utilidad para perpetuar la sobreexplotación de un sector de la clase, es por lo que el género debe ser abolido, no reforzado o estirado.

Desde nuestro punto de vista, el problema reside en que la reivindicación del género, construido socialmente o autoatribuido, no supone ninguna ruptura, sino un reforzamiento de los elementos superestructurales que se construyen, y legitiman, las relaciones capitalistas de producción.

Debemos ser conscientes de que buena parte de las polémicas en este y otros asuntos tienen una génesis muy concreta: el bastardeo del marxismo, tanto del materialismo histórico como del materialismo dialéctico, con categorías de corrientes como el post- estructuralismo, el existencialismo o la escuela de Frankfurt, que han ido derivando en una especie de sincretismo que quiere hacer pasar por marxismo lo que no lo es y que termina en inoperancia o, en el peor de los casos, en la promoción de tendencias ideológicas contradictorias con los objetivos de los comunistas. No debemos olvidar tampoco que las teorías que hoy dan pie a las posiciones más idealistas fueron introducidas y promovidas por los sectores que hoy sufren sus ataques.

Lamentablemente, los debates en clave reaccionaria presentados bajo el manto del “progresismo” son demasiado habituales en nuestra época y nos afectan porque el Partido no se desarrolla en una urna de cristal. Los comunistas no debemos perder la perspectiva de clase. Debemos seguir analizando y profundizando en algunos de los debates que más pueden afectar a nuestro trabajo entre la clase, mientras nos oponemos radicalmente a toda expresión de discriminación en su seno derivada de posiciones reaccionarias y situamos abiertamente en el debate político e ideológico que ninguna contradicción social se resuelve definitivamente hasta que se resuelva la contradicción principal de la sociedad capitalista.

Disponemos de nuestras propias herramientas para el análisis de los fenómenos sociales, y desde ahí los abordamos, en debates que no son de tipo académico ni se dan en los términos de la academia, sino que se enfocan a la preparación y organización de la clase para el derrocamiento revolucionario del capitalismo y la construcción del socialismo-comunismo, donde las nuevas relaciones de producción permitirán levantar ese mundo en el que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, en palabras de Rosa Luxemburgo.

Las lecciones para futuras situaciones similares y el posible nuevo confinamiento en otoño-invierno.

 A lo largo de estas semanas ya estamos asistiendo a un crecimiento de los rebrotes en todo el país. No cabe ninguna duda de que la situación económica empeorará después del verano. Entonces empezarán a verse en toda su extensión las consecuencias de la gestión durante estos meses. En España, dadas las condiciones en que se salió de la crisis anterior, estas consecuencias serán más graves y el ataque contra los derechos obreros y populares será más violento.

En el terreno sanitario, no se puede descartar ningún escenario a partir de ahora. Caben desde confinamientos selectivos a un nuevo confinamiento general, en tanto no exista una vacuna y, aún más, si circulan a la vez tanto la Covid-19 como otros virus estacionales como la gripe.

Sin duda, la conjunción de estos factores va a tener un efecto en la actividad del Partido y en las tareas a desarrollar, así como en la subjetividad de las masas.

De producirse un nuevo confinamiento generalizado durante semanas o meses, el desarrollo de la crisis tendría efectos mucho más devastadores de los que se han mencionado hasta el momento, ya que supondría una multiplicación de la destrucción de fuerzas productivas, implicando el cierre de cientos de miles de empresas que han aguantado el tipo durante esta primera fase pero que no están en condiciones de pasar otro período similar.

En otoño-invierno comenzarán a producirse los primeros recortes significativos derivados del brutal incremento del déficit durante este período. El Estado no será capaz de realizar las mismas actuaciones que ha desarrollado durante esta primera fase y todos los posibles ingresos procedentes de la UE estarán destinados a cubrir los gastos realizados ahora.

Este escenario es, por tanto, de unas consecuencias terribles para la clase y el pueblo trabajador, que se enfrentará a una tormenta perfecta de dimensiones difíciles de calcular y que elevará el empeoramiento de las condiciones de vida -y trabajo- a límites no conocidos en nuestro país en las últimas décadas.

Basta echar un vistazo a algunas de las medidas adoptadas por los gobiernos durante la crisis anterior para hacerse una ligera idea de cuáles pueden ser los ataques que enfrentaremos en todos los terrenos, pero en este caso multiplicados por la mucho mayor gravedad del escenario económico internacional, mucho más sincronizado que durante la crisis anterior.

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