El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) se organiza también en el sector ferroviario y llama a los trabajadores del sector a movilizarse ante las elecciones europeas. Somos los trabajadores quienes ponemos día tras día en marcha este sector de importancia crucial para la economía española, que es líder mundial en innovación tecnológica y posee la red de alta velocidad más grande de Europa. En esta campaña queremos poner en primera línea de denuncia el proceso de privatización que lleva años ocurriendo en el sector, con las medidas de unos y otros gobiernos capitalistas, y que actualmente se está intensificando al amparo de la UE y el Gobierno español.
A mediados del siglo pasado, RENFE nació como una empresa estatal que mantenía y operaba para pasajeros y mercancías en exclusiva la red nacional ferroviaria de ancho ibérico. El Estado franquista, como representante de los monopolios españoles, se hacía cargo de gestionar la deteriorada red de ferrocarriles tras la guerra civil, dada la importancia crucial que el sector del transporte terrestre tenía para reactivar la economía y relanzar la acumulación capitalista. A finales de la dictadura franquista y durante la transición, la intensa lucha del movimiento obrero logró conquistar una serie de derechos laborales e imponer una concepción pública y social del transporte. No obstante, esta concepción estuvo siempre limitada al marco de la utilidad y posibilidad capitalista.
Avanzado el siglo, la función del Estado perdió necesidad para la estabilización y la expansión del sector. El sector se fue convirtiendo en nicho de rentabilidad para los monopolios españoles, y la función del Estado desde entonces se reclama prácticamente solo para procesos cuya gestión no es rentable pero cuya importancia estratégica es fundamental. Además, los capitales españoles fueron fundiéndose con los europeos y la Unión Europea pasó a determinar las medidas de gestión necesarias para salvaguardar los beneficios de los monopolios internacionales.
Así pues, desde los años ochenta la UE comenzó a desarrollar líneas estratégicas para su liberalización en muchos de sus países miembro, a través, por ejemplo, del Libro Blanco del Transporte. Aceptando esas líneas, en los noventa comenzó en España un proceso de reestructuración del sector, y ya en los años 2000 la UE exigió su liberalización. Con la Ley del Sector Ferroviario de 2005, RENFE se dividió en dos nuevas entidades: Adif y Renfe-Operadora, fragmentación que fue la pieza angular para iniciar un proceso de privatización que afecta tanto al mantenimiento y gestión de la infraestructura como a la prestación del servicio.
Por un lado, se permitió la introducción de operadores privados para la prestación del servicio -proceso, por cierto, hiperacelerado a raíz de la normativa de 2020, implementada por el Gobierno socialdemócrata en el primer periodo de Pedro Sánchez, tras la cual han aparecido en escena operadoras como Ouigo e Iryo, pertenecientes a gigantes del transporte europeos-. Por otro lado, se agilizó la externalización de la carga de trabajo tanto en los talleres como en el mantenimiento de la infraestructura. El proceso de incorporación de personal a las plantillas de Renfe y Adif que se está dando hoy no altera para nada las líneas de desarrollo marcadas para el sector, tendentes a generar espacios de acumulación para el capital privado y a la externalización de muchas partes de su proceso productivo.
Fragmentación empresarial, externalización de cargas de trabajo y privatización de cada vez más subsectores del ferroviario han ido de la mano en todo este proceso. En ADIF, por ejemplo, casi la totalidad de las obras de renovación de la infraestructura ferroviaria recae en empresas privadas, siendo grandes monopolios de la construcción quienes han concentrado las concesiones (Ferrovial, ACS, Comsa, Acciona…). También en los servicios logísticos, y especialmente en mantenimiento de infraestructura, se ha externalizado gran parte de las cargas de trabajo. Las ofertas de empleo público lanzadas por Adif desde 2019 no son suficientes para internalizar parte significativa de las labores de gestión de infraestructuras, y no parece que sea eso lo que pretende la empresa.
En el Grupo Renfe, contamos con el reciente ejemplo de la privatización de Renfe Mercancías, que nuestro Partido ya analizó y denunció cuando el Gobierno socialdemócrata actual, con el ministerio de Óscar Puente, puso en marcha las medidas en tal dirección, a las que se opusieron todos los sindicatos del Comité General del Empresa.
En las operadoras privadas y otras empresas externalizadas, los trabajadores sufren condiciones laborales muy inferiores a las de Renfe y ADIF. La externalización y la privatización, además de suponer una fragmentación del proceso productivo para maximizar beneficios, y de conllevar el traspaso de rentas del trabajo a rentas del capital para enriquecimiento privado, es una manera de empeorar las condiciones laborales de las plantillas externalizadas, así como de fragmentar las estructuras de lucha de la clase obrera, poniendo mayores obstáculos a la organización y el combate sindical y político. Por último, estos procesos han servido para la concentración de capitales en grandes monopolios europeos.
En resumen, la Unión Europea y diferentes gobiernos españoles, también los socialdemócratas que ante las cámaras y en campaña reclaman una UE social, han fomentado un proceso de privatización y fragmentación del sector de gran profundidad estás décadas, y que ya se encuentra bastante avanzado. Ellos son la muestra de los límites de la política capitalista, que siempre se define por las necesidades de los monopolios. PSOE, PP, VOX, Sumar, PODEMOS… todos ellos comparten una gestión sobre los márgenes de posibilidad y las necesidades del capital.
Ante esta política, el PCTE propone a los trabajadores del sector que recuperemos la iniciativa como clase, que comencemos a transitar nuestro propio camino, combatiendo a un sistema capitalista que no puede ofrecernos un modelo de transporte y de trabajo que no sea el del enriquecimiento de los monopolios y la explotación de los trabajadores. Frente a ello, planteamos otra forma de hacer política, una que se hace desde la cotidianeidad de nuestros centros de trabajo, una lucha altamente organizada que plante cara a todas la violencias contra las plantillas y que tenga como horizonte un modelo social que destierre la lógica del beneficio privado, que apueste por un modelo de transporte bajo control obrero, eficaz, seguro y sostenible.
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