Ante el problema de la vivienda y las movilizaciones del próximo 5 de abril
El próximo día 5 de abril el movimiento obrero y popular se moviliza a lo largo y ancho del país por el derecho a la vivienda; convocatoria que sigue la senda de las masivas convocatorias de los últimos meses ante el problema real que supone la imposibilidad de acceso a una vivienda para sectores crecientes de la clase obrera y el pueblo trabajador. La presente resolución aspira a colocar la posición de los comunistas al respecto así como, a partir de ella, dibujar un camino de lucha que anime a cada vez más sectores a hacer de ésta una lucha sostenida, capaz de apuntar en lo político, en lo ideológico y en lo organizativo a las bases de éste problema.
Durante los últimos meses la problemática del acceso a la vivienda ha tomado un especial protagonismo hasta situarse como la primera preocupación de los españoles según la última encuesta realizada por el INE. La realidad es que el precio de la mercancía vivienda ha ido creciendo dramáticamente en los últimos años, tanto en compraventa como en el alquiler de inmuebles, lo que está dificultando gravemente el acceso a la vivienda a sectores crecientes de la clase obrera y sectores populares.
Esto se agrava especialmente en el caso de los sectores más empobrecidos de la clase, como la clase obrera migrante o la juventud trabajadora, quienes encuentran serias dificultades para la emancipación del hogar familiar. Esta problemática se concentra fundamentalmente en las grandes ciudades del país y sus áreas metropolitanas; esto es, los grandes centros productivos a los que se empuja a la clase a hacinarse. Pero paulatinamente se va haciendo extensiva a todo el territorio, fruto de los movimientos demográficos que impone el constante incremento de precios y la dificultad de habitar en los grandes núcleos urbanos.
El incremento de precios (el alquiler medio ha subido un 11% en 2024 y el importe promedio del metro cuadrado fue el más alto de la serie histórica) refuerza el empobrecimiento de la clase obrera —en tanto el coste de la reproducción de la propia vida aumenta y porcentajes mayores del salario han de ir destinados a ello—, y fuerza al acceso a viviendas de peor calidad y equipamiento. A nadie, por desgracia, le resultan extraños o ajenos los anuncios de alquileres en condiciones de práctica inhabitabilidad a precios desorbitados; ni el hacinamiento por la obligatoriedad de compartir piso lo cual, a su vez, refuerza las relaciones de dependencia económica intrafamiliares y de género.
De manera paralela al empobrecimiento generalizado de la clase se multiplican los desahucios, se cierran centros de salud, culturales, bibliotecas públicas, etc… El paisaje urbano se remodela y se expulsa a las familias obreras de las que históricamente se configuraron como sus zonas de residencia, encareciéndose el precio de la vivienda, ampliándose los centros urbanos y especializándose en el comercio y el turismo. Los barrios obreros y populares donde mayoritariamente reside la clase obrera y los sectores populares cada vez cuentan con menos servicios públicos y aquellos que permanecen lo hacen en cada vez peores condiciones, empujando así al conjunto de la población a los sectores privados tanto del cuidado como del ocio. Proceso que encuentra un correlato en términos de configuración de una específica subjetividad, vinculada a una noción privatizada de estos servicios.
En el acceso a la vivienda se manifiesta de forma particularmente agresiva y violenta la agudización de las contradicciones capitalistas; y el consiguiente empobrecimiento de la clase obrera. Pero, ¿cuál es el origen y a qué se debe la imposibilidad de acceder a una vivienda digna para la mayoría de la población en nuestro país?
El origen histórico-social del problema de la vivienda
Sumado al hecho de que en los últimos años el poder adquisitivo de los salarios no ha hecho más que descender; esto es, se ha devaluado el precio de la fuerza de trabajo, la forma concreta en que se ha desarrollado el problema de la vivienda en nuestro país dificulta particularmente el acceso de la clase obrera a un lugar en el que vivir. Lo hace, como históricamente se ha venido manifestando el problema de la vivienda en el capitalismo, de forma contradictoria. Pues, por un lado, los obreros y obreras necesitamos un techo; así como los capitalistas, para la propia reproducción de capital, necesitan de obreros y obreras en condiciones suficientes para ir producir al día siguiente. Pero, por otro lado, la vivienda, en el capitalismo, es una mercancía; y, además, una particularmente rentable.
La planificación y construcción de inmuebles destinados a la vivienda no está sometido a una lógica social, de cobertura de las necesidades sociales, sino a la lógica de la rentabilidad y la inversión de capital. A su vez, los intereses económico-corporativos de los sectores de la burguesía más beneficiados por la especulación con el suelo y la vivienda, entran en contradicción con la necesidad del capitalismo de reproducir la fuerza de trabajo: la existencia de esta tensión interburguesa evidencia el agotamiento y caducidad histórica del modo de producción capitalista. El Estado, capitalista colectivo, opera en esa tensión buscando asegurar el discurrir de la sociedad burguesa; por tanto, interviniendo el mercado de la vivienda siempre en favor de la reproducción de capital.
El problema de la vivienda es por tanto consustancial al sistema capitalista y sus ciclos; a su tendencia a la concentración de capital y de la producción en las grandes ciudades. Una tendencia que implica la progresiva remodelación y reconfiguración, cada vez más compleja y aglomerada, de nuestras ciudades —con base en la división del trabajo, en en la separación del trabajo industrial y comercial—, cuyo centro se convierte en escaparate para uso turístico; e implica la consiguiente expulsión de la clase obrera y los sectores populares de sus tradicionales zonas de residencia. La lucha de clases, la correlación de fuerzas histórica, queda impresa en la morfología urbana.
A mitad del siglo pasado se produjeron grandes movimientos migratorios del campo a los grandes núcleos urbanos y un consiguiente exponencial crecimiento de la población urbana. Con ello, el barraquismo y la autoconstrucción tomó protagonismo, dada la escasez de vivienda para la clase obrera. En los años posteriores del tardofranquismo y la transición, la lucha vecinal por la dotación de servicios a esos poblados, la reivindicación de los mismos frente a las nuevas construcciones de “casas baratas”, fue paralela a una política encaminada a la construcción de polígonos de vivienda hechos a medida de las necesidades del modelo fordista de producción.
El régimen de propiedad, favorecido por las superganancias imperialistas, se fomentó desde el sector público —a través de la financiación a las promotoras y sector privado— como forma particular de rebajar la presión del movimiento obrero en la lucha por el salario. Ello en un momento (años 70 y 80) en que nuestro país entraba en un proceso de creciente internacionalización e inserción dentro del sistema imperialista internacional, que se traducía a su vez en un proceso de destrucción de fuerzas productivas y altos niveles de violencia contra el pueblo trabajador.
Este proceso, además de fomentar un régimen de propiedad específico, favoreció el desarrollo, imbricación y entrelazamiento de la triada de la especulación urbanística: bancos, constructoras/promotoras y propietarios del suelo. Tras la crisis del 1993-1995 y hasta el año 2008 en nuestro país se experimentó un periodo de crecimiento general en que la construcción se convirtió en una fuente significativa de rentabilidad capitalista.
El Estado jugó un claro papel en la liberalización del suelo, financiando su acondicionamiento, facilitando el acceso del sector privado en condiciones ventajosas y asegurándole a éste una ganancia muy superior a las condiciones generales de la producción. Al negocio de la construcción se le sumaron las facilidades hipotecarias para la “clase media”: esto es, la clase obrera de siempre que soportaba la presión ideológica de un periodo de crecimiento en que el acceso a determinados bienes y servicios sustentaba el desclasamiento de sectores crecientes. Los grandes bancos apostaron por el mercado de las hipotecas; y el Estado favoreció la compra-venta a través de ayudas al crédito.
Cómo terminó esta historia ya lo conocemos. Las viviendas de las más de 700.000 familias que fueron desahuciadas durante la crisis capitalista de 2008 —por mediación de los cuerpos del Estado capitalista— acabaron en propiedad de los bancos; que después las vendieron baratas a los fondos de inversión que hoy han aumentado su presencia y papel especulativo en el negocio inmobiliario, particularmente del alquiler. Pero también los gobiernos capitalistas, a través de, por ejemplo, ayuntamientos como el de Madrid, favorecieron la liquidez de los especuladores poniendo a disposición del sector privado ingentes cantidades de vivienda pública que hoy les permiten percibir ganancias adicionales respecto de las condiciones generales de la producción.
El precio de la vivienda hoy
El precio de la vivienda, así como el alza de los alquileres, no es una cuestión de buena o mala voluntad de propietarios y arrendadores. Está determinado por la forma mercancía que adquiere la vivienda en el capitalismo; cuyo precio se moldea a través del precio del suelo —en el capitalismo, tendente al alza— y el capital incorporado a él. El precio de la vivienda se encuentra sujeto, por tanto, a los ritmos y necesidades de la producción. Partir de esta premisa es fundamental, pues lo que significa, en definitiva, es que la propiedad del suelo y la cuestión de la vivienda son problemas con un origen capitalista, cuya base material es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.
La producción capitalista, hoy, pugna por ser cada vez más flexible y a demanda, aspira a dar forma a una mano de obra hiperdisponible, movilizable y ajustable y promueve una pauta de vida acorde con ello. Los polígonos de vivienda barata frente a la fábrica cada vez menos se ajustan a un país en que la duración media de los contratos de trabajo es de 45,26 días. Una parte de las viviendas a las que la clase obrera accedió en las décadas precedentes se liberaliza y concurre al mercado de la vivienda y, fundamentalmente, del alquiler. Aunque los propietarios de un único inmueble siguen representando la mayoría de la propiedad de la vivienda en nuestro país, en la última década el número de grandes propietarios ha aumentado en un 20%.
A su vez, el endurecimiento de las hipotecas fomenta el régimen de alquiler; cuya subida generalizada y exponencial de los precios implica una barrera para los sectores más vulnerables de nuestra clase, como la juventud, las mujeres trabajadoras o la clase obrera migrante. Esta realidad empuja a situaciones de inhabitabilidad, imposibilita el desarrollo de un proyecto vital independiente y refuerza las dinámicas de dependencia económica que promueven y/o refuerzan la violencia de género. El absurdo capitalista nos lega la cifra de hasta tres millones de viviendas vacías, retenidas la mayoría por fondos de inversión y grandes tenedores con fines especulativos, el mismo año (2024) en que, a pesar de la propaganda gubernamental sobre su “prohibición”, se producían 70 desahucios de media al día, la mayoría por impagos del alquiler.
En ese sentido, radiografiar la estructura de la propiedad en nuestro país es fundamental para vincular la génesis del problema con sus contradicciones concretas[1]. Hoy, en España, la propiedad, con hipoteca o no, sigue siendo el modelo principal de tenencia de vivienda; y la mayor parte de la población sigue optando por comprar a pesar de que ello en la mayoría de casos implique una deuda por décadas. Pero el proceso de empobrecimiento al que se hacía mención, sumado al endurecimiento y promoción del alquiler, hace que sean crecientes las barreras a la propiedad para los ya mencionados sectores de nuestra clase. Por otro lado, para aquellos que viven de su trabajo pero sí han podido acceder a la propiedad de un inmueble, ésta se ha convertido en un mecanismo de compensación de la devaluación de sus salarios. Lejos de tratarse de un antagonismo, como hay quien quiere presentar el problema, entre trabajadores propietarios y no propietarios, el asunto tiene más que ver con 1) el proceso de empobrecimiento y devaluación general de la fuerza de trabajo y 2) un mercado de precios definido por una cada vez mayor dificultad de los capitalistas para mantener su tasa de ganancia, la promoción del rentismo y la especulación y la capacidad de los grandes tenedores de vivienda de presionar al alza los precios.
En esta situación, las medidas impulsadas por los gobiernos capitalistas, incluso aquellos que aparentemente buscan gestionar el problema en un sentido favorable a la mayoría trabajadora, se han comprobado incapaces de resolver la problemática de la vivienda en tanto no cuestionan ni su condición de mercancía ni las contradicciones sociales que fundamentan su existencia y constante reaparición. Los gobiernos de coalición socialdemócrata que se han sucedido desde 2019 han abordado esta situación con las mismas herramientas de gestión burguesa destinadas asegurar el interés capitalista promoviendo la paz social; si bien en una coyuntura cada vez más contradictoria, en que los márgenes de posibilidad para las pequeñas concesiones y las migajas se estrechan. Esto, en lo concreto, implica una actitud tibia respecto al límite de precios de alquiler y de vivienda aún en contexto de creciente movilización social entorno a esta cuestión.
La anunciada Empresa Pública de Vivienda servirá principalmente para absorber buena parte de las viviendas adquiridas por el Estado para salvar las cuentas de la banca tras la crisis de 2008 en su vertiente hipotecaria. El desarrollo de “vivienda asequible” a través de la “colaboración público-privada” es, como ha venido siendo históricamente, otro mecanismo destinado al impulso y promoción de las empresas constructoras, en la misma línea que el anunciado PERTE para la vivienda, basado en la modernización del sector. Los mecanismos de garantía de los alquileres a los propietarios, las ayudas a la reforma de pisos o las rebajas de IRPF, vinculados a los planes de ayudas al alquiler, la compra y la rehabilitación de viviendas para sacarlas al mercado, demuestran una concepción basada en la operatividad de la ley de la oferta y la demanda. Promover los intereses de bancos, inmobiliarias y propietarios no es ninguna solución al problema de la vivienda, sino todo lo contrario. Ni hay, ni va a haber, soluciones que satisfagan a todos.
¿Qué hacer?
El PCTE aspira a que todas las personas tengan garantizado el derecho a disfrutar de una vivienda de calidad. Para ello, el único camino es el de la construcción de una oposición obrera y popular a los gobiernos de gestión capitalista; el de confiar en nuestras propias fuerzas recuperando las herramientas organizativas que la historia ha demostrado que sirven para defendernos y obtener nuevas victorias. En ese sentido, llamamos a participar el día 5 en las movilizaciones que se han convocado en todo el país por el derecho a la vivienda bajo el siguiente programa de lucha:
- Bajada y limitación real y efectiva del precio de los alquileres, en detrimento de la ganancia de los propietarios y no como mecanismo encubierto para la subida de precios.
- Acceso a viviendas dignas en el parque de vivienda vacía en manos de bancos y fondos de inversión, a través de mecanismos como la expropiación sin indemnización.
- Subida salarial como mínimo actualizada al IPC y reducción de la jornada en todos los sectores sin merma de salario.
- Prohibición efectiva todo tipo de desahucios a familias trabajadoras así como cualquier corte en los suministros básicos.
Para ello, llamamos a la organización y a la lucha para fortalecer la lucha colectiva contra la violencia de nuestros explotadores, rentistas, y los gobiernos que les amparan. Llamamos a vincular la lucha por la vivienda con la lucha por el salario: por un lado, porque ambas conforman una sola lucha de la clase obrera contra la explotación capitalista. No se trata sólo de la especulación con la vivienda: sino también de que nuestro trabajo cada vez vale menos y nuestros salarios decrecen respecto al costo de la vida; y ambas cuestiones representan y personifican el carácter depredador y destructor del capitalismo.
Por otro, porque, por tanto, el problema de la vivienda sólo es resoluble de manera definitiva orientando y unificando cada lucha hacia la superación revolucionaria del capitalismo y la construcción de una nueva sociedad, el socialismo-comunismo. Y las condiciones de posibilidad de dicha superación exigen un movimiento obrero revolucionario fuerte, organizado en los centros neurálgicos de la producción capitalista, allí desde donde emanan las relaciones de poder que aspiramos a transformar. Sólo de esta forma, vinculando en forma y contenido la lucha por la vivienda con la lucha general de la clase obrera, será posible una sociedad en que los frutos de nuestro trabajo permitirán satisfacer de forma plena las necesidades de la mayoría trabajadora, incluido el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda.
Buró Político del PCTE
Madrid, 27 de marzo de 2025
[1] https://www.nuevo-rumbo.es/2024/09/05/quien-tiene-casas-en-espana-una-radiografia-de-la-propiedad-de-viviendas/