Resolución de la Comisión Política de los CJC
La crisis sanitaria, resultado de la pandemia del COVID-19, no sólo ha alterado completamente nuestra rutina, sino que ha evidenciado los estrechos márgenes de un sistema que antepone el beneficio de unos pocos a la salud y la vida de la mayoría. A fecha de 30 de marzo, con 70.000 contagios, el Ejecutivo limitaba la actividad económica; medida que levantaba, mandatando retomar la actividad en los llamados sectores no esenciales, dos semanas más tarde a pesar de que la cifra de contagios era más del doble (160.000), exponiendo así al contagio a miles de trabajadores. La casuística concreta de este proceder caracteriza la esencia de la gestión del momento presente: desde el primer día, la clase trabajadora -que se ha evidenciado como la única socialmente necesaria para poner en marcha los servicios fundamentales- ha soportado los golpes tanto sanitarios como económicos derivados de la crisis.
A nivel educativo, la emergencia sanitaria conducía al cierre de los centros el lunes 16 de marzo (en Madrid y La Rioja unos días antes). Lo hacían siguiendo el artículo 9 del RD, llamado Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación, donde se suspendía la actividad educativa presencial en todos los niveles y se sustituía por modalidades a distancia. Con el cierre de centros la desigualdad de clase en la educación se agudizaba y visualizaba con más claridad que nunca, así como la esencia formativa de la educación bajo el capitalismo.
La realidad de la docencia on-line: brecha digital, desigualdad de clase y nuevas vías a la privatización.
Inmediatamente después del cierre de centros llegaron los primeros despidos en el sector educativo, que se cebaban no sólo con los trabajadores no docentes de centros privados/concertados o con el personal docente de las etapas educativas no cubiertas por el sistema público, sino que también afectaban a las plantillas de los servicios públicos externalizados (limpieza, secretaría, reprografía, extraescolares, comedor…). La flexibilización en la destrucción de empleo golpeaba a un sector especialmente afectado por la pérdida de derechos laborales y capacidad de negociación colectiva. En lo que se refiere al profesorado, desde la declaración del estado de alarma se ha visto inmerso en una situación de caos y descoordinación, muy especialmente a nivel no universitario. Hasta más de un mes después del cierre de los centros, no han existido indicaciones más allá de la directriz de continuar con las clases en su modalidad on line recogida en el decreto. Pero es que aún tras las últimas informaciones al respecto del calendario y la forma de evaluación, el peso y la carga fundamental sigue recayendo en la voluntad, la capacidad y los recursos de cada docente para adaptar su materia de la mejor manera posible. Como si el profesorado no se viera afectado por las cargas del confinamiento, el cuidado de familiares, la carencia de medios o la propia enfermedad, su labor ha continuado con más exigencias de las habituales; incluso, en varias CCAA, se ha dejado de llamar al personal interino para cubrir bajas docentes. Esta situación se inserta en un contexto de empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, producido a partir de 2012 y aún vigente en la mayoría de CCAA.
El problema de la carencia de medios materiales para continuar el curso on line se ha hecho más palpable entre el estudiantado. Una primera y más evidente expresión de la agudización de la brecha de clase en la educación se ha manifestado en el acceso del estudiantado a los medios tecnológicos necesarios para seguir la actividad académica con normalidad. Hablamos de aquellos hogares en los que no hay -o, si hay, es insuficiente- conexión a internet u ordenador (solo en Madrid hay unos 287.000 estudiantes no universitarios que no pueden conectarse a la plataforma de docencia EducaMadrid). Sin embargo, no se trata sólo de la “brecha digital”, sino de que el confinamiento pone de manifiesto que las condiciones de vida de la clase obrera son determinantes en las opciones al desarrollo académico de sus hijos e hijas. Tener a tus padres afectados por un ERTE, necesidad de atender tareas de cuidados, el propio espacio de los pisos y casas y cómo eso afecta psicológicamente… Las dificultades socioeconómicas en el ámbito familiar afectan de forma especialmente incisiva a las familias obreras y, cuando no, son las familias obreras las que carecen de medios para hacerles frente: dificultades en el aprendizaje del alumno, desestructuración familiar, nivel educativo de la familia… Así, una mayor incidencia y afectación de lo académico por las condiciones de vida particulares del estudiante redundan inevitablemente en más segregación educativa.
No hay duda de que la escuela presencial, como espacio de socialización de la educación, es necesaria. Pero es que la problemática de la docencia on line no pasa únicamente por la agudización de la desigualdad. La saturación manifiesta de la red y las propias plataformas -que no pueden soportar tantos usuarios conectados simultáneamente ni tanto intercambio de información- implican en su forma actual hacer depender toda la docencia de las empresas que gestionan dichas plataformas. Si bien estos sistemas ya son gestionados por empresas privadas, el confinamiento y una mayor dependencia de las mismas permiten justificar la entrada acelerada de las empresas privadas en todos los niveles educativos por esta vía y, por lo tanto, se abre también la puerta a la venta masiva de datos personales a las empresas que operen los sistemas informáticos.
Más allá del confinamiento: la agudización de la segregación educativa
No ayuda la gestión académica de la crisis, ni tampoco la resolución dada a la forma de evaluación, que no atiende a la realidad de gran parte del estudiantado. A nivel de enseñanzas medias, basta con esperar al comienzo del curso que viene para que empiecen a aflorar las consecuencias educativas de la crisis. A nivel de universidad la realidad es, si cabe, más cruda: son ya muchos los estudiantes que están cancelando sus matrículas, y la huida hacia delante del ministerio dejando la resolución del curso en manos de la autonomía universitaria -que a su vez resuelve en favor de la gestión por parte de las distintas facultades- redunda en la pérdida del cuatrimestre para miles de estudiantes y en las correspondientes dificultades económicas añadidas. Especialmente nefasta es la situación para aquellos con prácticas extracurriculares, investigadores y doctorandos, muchos de los cuales se han visto con su contrato cancelado repentinamente, tal y como ha pasado con más de 200 investigadores en Cataluña. ¿Cómo puede ser que en un momento en el que se muestra con tanta claridad la necesidad de un desarrollo científico y tecnológico al servicio del pueblo trabajador, la solución sea paro y precariedad para este sector?
De la misma forma que las medidas aplicadas en el ámbito laboral no se pueden entender como únicamente características del momento presente, sino que encuentran su precedente en las reformas laborales, las evidentes carencias del sistema educativo no se explican sin tener en cuenta los procesos de privatización previos e intensificados tras el estallido de la crisis del 2008. Pero cuando decimos que la crisis del COVID-19 ha evidenciado las limitaciones de la educación no nos referimos únicamente a aquellas que son consecuencia directa del proceso de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos. La innegable agudización de la brecha educativa engarza directamente con el papel reproductor que en la sociedad de clases capitalista ocupa la educación; no sólo en términos ideológicos, sino en la medida en la que se trata de una institución que forma a los futuros asalariados y que, además, es capaz de articularse en función de las necesidades coyunturales en lo relativo a la fuerza de trabajo.
El papel mismo que objetivamente desempeña la educación como institución -más allá del empeño de los docentes o el desarrollo particular de cada estudiante- impide, trunca y dificulta, antes o después, toda aspiración de realización individual o colectiva para los hijos e hijas de la clase obrera y las capas populares. En esa realidad se insertarán las consecuencias de la crisis en los próximos meses. El porcentaje actual de 17,3% de estudiantes en riesgo de abandono escolar crecerá, la destrucción de empleo afectará directamente a la expulsión de los estudios superiores de las familias trabajadoras y la agudización de las dificultades en el aprendizaje o las necesidades educativas no atendidas no podrá ser abordada desde la escuela. Especialmente significativo es en tal sentido el papel de la Selectividad, que este año de forma más acusada garantizará -parejamente a las tendencias y factores ya mencionados- la necesaria criba y la pronta inserción al mercado de trabajo de miles de jóvenes que se convertirán en mano de obra barata en el mercado de trabajo, permitiendo a su vez reducir a la baja las condiciones del resto de la clase. Fuerza de trabajo barata y joven especialmente útil para la “reconstrucción” económica tras la crisis.
Elige lo necesario: elige una educación al servicio de la clase obrera
Por eso, el contexto de emergencia sanitaria no debe conducirnos a la justificación de las consecuencias del confinamiento como algo inevitable para el conjunto de la comunidad educativa. La destrucción de empleo y el empobrecimiento material y directo de la clase obrera se expresa también de forma diluida en el acceso de sus hijos e hijas a la educación. El carácter de clase del Gobierno queda al descubierto también al asumir el Estado -a costa del salario indirecto de la clase- los costes de garantizar el beneficio empresarial que, tarde o temprano, redundarán en la privatización de los servicios públicos, incluida la educación, y en una nueva oleada -que afrontaremos en peores condiciones que la correlativa a la crisis de 2008- de recortes y ataques a la educación a todos sus niveles.
En ese sentido, llamamos al conjunto de estudiantes a no transigir con el futuro de miseria al que -y de forma más clara tras esta crisis- se nos condena; y, para ello, a la organización en sus centros de estudio, junto con sus compañeros y compañeras.
- Llamamos al conjunto del estudiantado a fortalecer las estructuras estudiantiles de masas y con orientación clasista junto con sus compañeros de clase, centro o facultad.
- A trabajar en dichas estructuras para hacer valer las reivindicaciones estudiantiles relativas al calendario académico y la evaluación; y a erigirse, por la fuerza de su organización, como condicionante de toda decisión que se tome en su centro de estudios al respecto.
- A no permitir ni un retroceso, ni un recorte en los derechos de la juventud estudiante: a responder colectivamente ante cada compañero o compañera que no pueda pagar la universidad, a denunciar la falta de medios y recursos en los centros, a combatir cada expresión de privatización educativa.
- A organizar asambleas y espacios de lucha unitarios con el conjunto de la comunidad educativa (trabajadores docentes y no docentes) que sienten un precedente para las luchas que están por venir.
- A apoyar activamente las luchas de los trabajadores y trabajadoras en sus centros contra los despidos y cualquier otro ataque a sus derechos laborales.
La ilusión de la reforma, de la gestión socialdemócrata “para que nadie se quede atrás”, no es más que un espejismo que desaparece especialmente en contextos de crisis, cuando la única opción es justificar sus ataques a la clase obrera bajo el pretexto de que una gestión liberal traería, si cabe, peores consecuencias. Por eso, frente a la quimera que acaba encubriendo un nuevo empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo del pueblo trabajador, debemos colocar el foco de nuestra acción en la fuerza de la organización como única garantía real, tanto inmediata como definitiva, para el conjunto de nuestra clase. Desde la Juventud Comunista llamamos, en fin, al conjunto del estudiantado a hacer de cada centro de estudios una trinchera de lucha capaz de confrontar desde lo concreto cada ataque, a partir del desarrollo de estructuras, organización y poder de la clase obrera y el pueblo.
El momento presente ha servido para clarificar que nada, ninguna institución o fenómeno, es ajeno a la explotación: que el capitalismo empapa todas las esferas de nuestra vida, incluida la educación, y condena a los hijos e hijas de la clase trabajadora a un futuro de miseria. Pero, ¿y si fuera posible un futuro en el que la educación fuera completamente gratuita y accesible para todos?, ¿y si fuera posible un futuro en el que la educación se orientase únicamente hacia el desarrollo pleno e integral de los humanos?, ¿y si fuera posible un sistema educativo bajo control colectivo que redundase únicamente en el beneficio del conjunto de la sociedad, en lugar de reproducir un sistema de explotación? Es posible imaginar ese futuro si lo que hoy sólo se expresa en potencia a través de esa fuerza de la clase se canaliza y se enfoca a la construcción del socialismo-comunismo, de un sistema basado en la gestión directa y colectiva del poder y de la producción por parte de los trabajadores.
Por ello, desde la Juventud Comunista llamamos al estudiantado de extracción obrera y popular a sumar la fuerza de su organización al conjunto de la clase para combatir cada ataque por venir; pero, sobre todo, a poner toda esa fuerza al servicio de la ruptura con los límites de un sistema que nos condena a la explotación desde la escuela, que trunca objetivamente toda opción de realización de quienes todo lo mueven. Frente a lo que nos dicen que es lo único posible:
¡Elige lo necesario!
¡Elige comunista!
¡Únete a la Juventud Comunista!