El mantra socialdemócrata de la colaboración público-privada en los servicios esenciales no es más que una manera soterrada que caminar hacia la privatización de los mismos.
Un ejemplo reciente lo tenemos con la residencia geriátrica Villa de Ejea. Se trata de una residencia concertada (es decir titularidad privada pero mantenida con fondos públicos). También se trata de la primera residencia que fue intervenida por el IASS al inicio de la pandemia y que en enero de 2021 ha vuelto a ser intervenida por el contagio del 90% de residentes y trabajadores por COVID-19.
La residencia Villa de Ejea se construyó hace 30 años sobre unos terrenos cedidos de forma gratuita por el ayuntamiento de Ejea de los Caballeros a la Asociación Virgen de la Oliva. Ahora se ha dado a conocer que la intervención de la residencia se va a prolongar dos años, durante la misma se va a proceder a la remodelación y adecuación de la residencia al tiempo que se está trabajando para ceder su titularidad a una fundación privada.
No puede quedar más claro que cualquier concierto, ya sea en residencias, en educación, en sanidad o en cualquier otro ámbito, supone un saqueo de los bienes públicos que acaban en manos privadas, ya sea en forma de beneficios o bien directamente apropiándose de los terrenos y la inversión pública, como ocurre con la residencia Villa de Ejea.
Pero además la titularidad o la gestión pública no son garantía de nada, ni de mayor calidad en el servicio, ni de mejores condiciones laborales para los trabajadores. En el caso de la residencia de la Villa de Ejea, no se han acometido inversiones de acondicionamiento hasta el momento en el que se va a pesar su titularidad a una fundación privada, no se ha velado por la salud ni de residentes ni de trabajadoras.
Cuando la socialdemocracia nos dice que «la única forma de garantizar un servicio de calidad es gestionarlo desde lo público» (Álvaro Sanz, Coordinador General y Portavoz Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón) debemos recordar que la gestión capitalista de los servicios públicos no es garantía de nada. Sólo el control obrero sobre estos servicios, puede garantizar tanto la calidad del servicio como la de los puestos de trabajo.
Mientras la socialdemocracia sigue apostando por un sistema capitalista que sólo busca el beneficio, incluso en temas asistenciales como es el de las residencias (Se trata de un modelo que pone en manos de grandes multinacionales y fondos buitre más del 75% de las plazas en residencias y que aporta a dichas multinacionales y fondos buitre un beneficio anual de más de 4.000 millones de euros anuales en todo el estado) el Partido Comunista de los Trabajadores de España defiende un sistema de producción que anteponga las necesidades de la población a cualquier otra consideración.