En Aragón no existen plazas públicas para la atención a personas con TEA. Dichas personas, al concluir su etapa de educación obligatoria (que llega a extenderse hasta que cumplen los 21 años) sufren un abandono por parte de la administración. Tras concluir este período de atención en centros educativos, pasan a centros de día, centros ocupacionales o residencias, pero todas estas plazas son privadas o privadas concertadas.
La realidad de estas empresas privadas se puede resumir en precariedad laboral, falta de personal, asunción de responsabilidades ajenas al puesto de trabajo y por lo tanto en un servicio deficiente, imperando no una atención de calidad sino en el lucro económico.
El Gobierno de Aragón entiende la atención a la dependencia, como una forma de enriquecer a entes privados, mediante el concierto de plazas. Y como siempre, cuando se trata de trasvasar dinero público a manos privadas, el oscurantismo y la falta de cualquier tipo de humanidad por parte de la administración se manifiestan con gran intensidad.
Hemos conocido el caso de al menos 20 familias con problemas a la hora de llevar a sus familiares a estos centros a pesar de tener la plaza concedida y todo ello debido a que al Gobierno de Aragón no le importa ni la adecuada atención a estas personas, ni la forma en la falta de atención perjudica gravemente la vida de las familias de estas personas.
Frente a la retórica socialdemócrata que nos habla insistentemente de colaboración público privada (lo que en la práctica se traduce en que los beneficios de entidades privadas y en ocasiones grandes multinacionales y fondos buitre dependen por completo de recursos públicos) debemos tener claro que sólo una prestación y gestión de servicios asistenciales plenamente públicas podrán garantizar que nuestros dependientes, su dignidad y sus vidas, no sean la materia prima con la que multinacionales y fondos buitre obtienen sus beneficios mediante prácticas nauseabundas.