El PCTE Aragón viene denunciando las medidas del gobierno del cuatripartito (PSOE-UP-CHA-PAR) en distintos ámbitos debido a que no aportan soluciones a los problemas reales de la clase trabajadora apostando por la educación privada-concertada (en sus propias palabras “colaboración público-privada”). Éste gobierno socialdemócrata sólo propone medidas puramente cosméticas con la única finalidad de maquillar su sumisión total al capital.
Sin embargo, en materia educativa no se pueden disimular los recortes que se están efectuando y que se ponen más en evidencia en el comienzo de curso. Este año nos hemos encontrado con una serie de problemas que apuntan hacia el desmantelamiento de la educación pública a todos los niveles:
- El primer problema y el más evidente es la cuestión de las ratios. Este curso se vuelve a las aulas masificadas, a pesar de estar en situación de pandemia. El aumento de las ratios hace imposible que se respeten las distancias de seguridad. Es importante destacar que una medida como la rebaja de ratios, que es unánimemente aceptada por toda la comunidad educativa como el primer paso para mejorar la calidad de la educación, sea sistemáticamente rechazada por la DGA por el mero hecho de suponer un gasto económico.
- Se ha prescindido de más del 50% del profesorado de refuerzo contratado el año pasado por la situación excepcional de pandemia.
- Las condiciones laborales, especialmente del personal docente interino se están deteriorando constantemente, pero este año se han dado una serie de situaciones especialmente graves
- Plazas ofertadas a tiempo parcial porque no se respetan reducciones horarias del funcionario sustituido, como por ejemplo reducciones por jefatura de estudios o departamento, etc…
- Se han producido graves errores en la oferta de plazas (se han ofertado vacantes inexistentes, sin perfiles específicos y errores en la descripción de la plazas) Estos errores han llevado a que muchas plazas no se han podido cubrir desde el día uno de septiembre, aplazándose su cobertura para semanas más tarde, con el consiguiente ahorro para la administración, pero con la imposibilidad de organizar el principio de curso por parte de los centros.
- La mayor parte de las solicitudes de reducción de jornada, a pesar de haberse tramitado y concedido correctamente, no se han cubierto. Esta inexplicable situación ha perjudicado gravemente la organización de los centros durante el comienzo del curso. Estas reducciones se han ido cubriendo con personal docente interino durante las primeras semanas de septiembre, pero deberían haber estado cubiertas desde el primer día.
- La consejería de educación se niega a hacer la oferta de plazas de principio de curso de Secundaria y FP con la suficiente antelación como para que los profesores interinos puedan adecuarse a su nuevo puesto de trabajo. Este año se han adjudicado el día 30 de Agosto, siendo la incorporación a los centros el 1 de septiembre.
Todos estos errores (que es como justifica la consejería de educación estas situaciones) no pueden entenderse sino como una forma de recortar personal. La consejería de educación entiende que el trabajo de organización de principio de curso no tiene ninguna importancia.
- El recorte más evidente en personal, se ha llevado a cabo en la educación infantil, donde se han suprimido la totalidad de las plazas de Técnicos de Infantil. Esta figura resulta fundamental para que las clases de infantil (hablamos de alumnos de 3-4-5 años) puedan ser gestionadas con las ratios actuales. Este recorte, supone denostar un servicio muy demandado para que muchas familias puedan conciliar vida familiar y profesional.
- La medida estrella para este curso, que ha sido la puesta en marcha de un programa de refuerzo para los centros (programa PROA+) se ha hecho a cambio de recortar profesores de cupo de los centros. Se han suprimido aulas de español a cambio de este programa. Aquí se ve la verdadera esencia de la gestión de este gobierno socialdemócrata, anunciar a bombo y platillo medidas, que en realidad no suponen ningún cambio real, e incluso un empobrecimiento de la educación, puesto que mientras los docentes de las aulas de inmersión lingüística entraban en el cupo de los centros y se cubrían desde el 1 de septiembre, este nuevo programa se espera que comience a finales de septiembre o mediados de octubre, es decir, que nos encontramos con un recorte más.
- Por otra parte se sigue profundizando en la privatización de espacios escolares y se permite la parasitación de los recursos públicos por parte de empresas privadas. Este caso se da en la gestión de comedores escolares por parte de empresas privadas. Estas empresas no aportan personal para la organización ni el funcionamiento del comedor, tareas que recaen sobre los equipos directivos de los colegios. Además, pese a existir estrictos controles higiénicos en el servicio de comedor, las empresas que gestionan los comedores, no aportan ni geles hidroalcohólicos ni ningún tipo de material para la correcta higiene de los escolares. Todo este gasto es asumido por los centros, sin que exista ninguna contrapartida económica destinada a cubrir tal gasto.
- Se han ofertado multitud de vacantes para profesores técnicos de formación profesional que finalizan en el segundo trimestre. Es decir, en el momento en que comienza el período de formación en centros de trabajo (FCT) se despide al profesor. Aquí se ve lo poco interesada que está la Consejería de Educación por dignificar la FP pública. Es evidente que la administración desconoce por completo las tareas que lleva a cabo un profesor durante el período de FCT. Resulta muy lesivo para los alumnos y para el propio funcionario interino este tipo de prácticas abusivas por parte de la administración.
- Son varios los centros educativos en Aragón que han empezado el curso sin mobiliario e incluso sin instalar los barracones donde se van a dar las clases. Esta falta de previsión vuelve a incidir en la nula preocupación de la consejería por un comienzo de curso en condiciones normales. Lo que ya no sorprende, por rutinario, es que sigan instalándose barracones en lugar de edificios en condiciones en los centros educativos de nueva creación.
- A mediados de septiembre no han llegado los EPI`s a los centros.
- Tampoco se da ningún paso por revertir los recortes que se llevaron a cabo hace años, se sigue sin rebajar la carga lectiva a 18 horas en secundaria y 23 en primaria, no se reduce la carga lectiva para mayores de 55 años.
- Por otra parte, se acordó en la mesa de función pública la reducción de la jornada laboral de los funcionarios a 37 horas semanales, pero esta reducción no se ha hecho efectiva en el cuerpo docente, que sigue siendo de 37,5 horas semanales.
Como vemos, la calidad de la educación pública no es ninguna prioridad para el gobierno del cuatripartito. Al tiempo que se producen estos recortes, se aumentan las partidas presupuestarias para la educación concertada lo que nos da una idea de hacia dónde apuntan las políticas educativas de los gestores capitalistas.
No es casual que desde el propio PSOE, el cual tiene grandes cuentas pendientes con sectores de la burguesía aragonesa especialmente interesada en sacar tajada de la Educación, nos digan que no es posible hacer una mayor inversión en el sistema educativo abriendo la puerta así a la inversión de capital privado en todos los niveles, una de las grandes aspiraciones por su parte. No nos pilla de nuevas, han usado las mismas excusas con la anterior crisis económica, buscando de esta manera mercantilizar la educación y ponerla al servicio de intereses privados. Y, aunque la consejería de educación esté en manos de Felipe Faci (PSOE), no vale la manida excusa de las demás fuerzas que apoyan al gobierno regional (UP, CHA y PAR) de que la educación no está entre sus competencias ya que es con su complicidad con la que se ejecutan estos recortes.
Por tanto, es fundamental que toda la comunidad educativa seamos conscientes de la importancia de la unidad y de la acción a todos los niveles, levantando una barricada de lucha y organización contra cualquier ataque que trate de penetrar y empobrecer aún más la educación pública.
Es fundamental que el alumnado y sus familias, el profesorado y el personal laboral trabajen codo con codo, en cada centro de estudio, para impulsar movilizaciones en repulsa a todos estos ataques demandando una educación pública, gratuita a todos los niveles, segura para la comunidad educativa y al servicio del pueblo trabajador.
Únicamente a través de la unidad de todos estos colectivos, actuando con una única voz de protesta, podremos no sólo frenar los ataques a la educación pública aragonesa sino pasar a la ofensiva.
Convirtamos el curso 2021/2022 en un curso de movilización, de lucha y de reivindicación para construir nosotros mismos la educación pública que necesitamos: Una educación pública al servicio del pueblo trabajador.