En las últimas semanas saltaba la noticia de que el Comité Olímpico Español (COE) renunciaba a presentar la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para los JJOO de Invierno 2030 por falta de acuerdo entre ambas comunidades. El propio presidente de la DGA, Javier Lambán, declaraba que “Aragón no puede aceptarlo. He defendido y defenderé siempre los intereses y la dignidad de la Comunidad por encima de todo”. Pero, seamos sinceros, ¿tanto le preocupa a Lambán los intereses de los aragoneses, así, en abstracto?
La realidad es que los desacuerdos entre ambas comunidades no se deben más que la incapacidad de que los intereses de la burguesía catalana y aragonesa se satisfagan, pugnando ambas por una posición ventajosa en la negociación. Los argumentos utilizados, por supuesto, son muy distintos. Se habla de que los Pirineos son la única cordillera europea que nunca ha hospedado los JJOO de Invierno o que la inversión económica revitalizaría las zonas rurales y más despobladas del pirineo aragonés. Pero aquí lo que realmente les preocupa es cómo repartirse los 1.800 millones de euros que se presupuestarán para el evento deportivo.
Si no tuviésemos memoria podríamos creer el argumento estrella que se utiliza después de saber la inmensa cantidad de dinero que se invertiría: crear empleo. Pero en Aragón ya conocemos de qué manera se crea empleo en macro proyectos como fue la Expo2008, donde los beneficiarios de los 1.200 millones de euros que costó no fueron los trabajadores que durante unos meses estuvieron trabajando en el megalómano proyecto, sino las empresas a las que se les adjudicó la construcción del mismo. De hecho no solamente obtuvieron suculentos beneficios económicos sino también deducciones de hasta el 15% en sus gastos en impuestos de sociedades o IRPF, lo que contrasta con la deuda de 303 millones de euros que quedó en las arcas municipales y que a día de hoy continúa.
En términos similares se está dando la ampliación de la estación de esquí de Cerler al valle de Castanesa. Si bien la cuantía es bastante inferior (40 millones), en este caso la ganancia de las empresas a las que se les ha adjudicado el proyecto no se combina solamente con ese famoso “pan para hoy y hambre para mañana” de sus trabajadores, sino que hay que sumar el impacto ambiental que causa al monte este tipo de construcciones.
Mientras en el día a día unos y otros gestores del capitalismo recortan en servicios públicos y empujan a la población rural a emigrar a la ciudad para poder estudiar o encontrar un trabajo que de cierta estabilidad, se llenan la boca con proyectos que supuestamente vienen a revitalizar el campo. Condenados a vivir del turismo y depender totalmente de este, hace tiempo que los aragoneses que viven en el pirineo ven como sus valles son cada vez menos suyos y más de los especuladores. Aumentando el precio de la vivienda hasta máximos históricos y enfrentándose a la incertidumbre del mañana sin seguridad laboral y con cada vez unos servicios públicos más mermados, con una economía anárquica que invierte en aquello más beneficioso y no en lo socialmente necesario, no hay futuro sostenible en el medio rural dentro del capitalismo.
¿La alternativa? Que quienes viven en el medio rural sean quienes decidan, controlando y planificando la economía para satisfacer sus necesidades y recuperar el monte de las manos de los especuladores. Tomar partido para que nuestra tierra sea realmente nuestra.