El pasado mes de octubre el Ministerio de Educación anunciaba la futura celebración de una mesa sectorial con la patronal y los sindicatos mayoritarios del sector privado-concertado, en la que se abriría a aumentar el dinero público que se destina a este tipo de centros con el objetivo, dicen, de eliminar las cuotas ‘voluntarias e ilegales’ que estos cobran a las familias. Este hecho, además, estaría ya respaldado por el Pacto de Gobierno de Coalición firmado entre el PSOE y SUMAR (párrafo 7, p. 26).
Hasta el año 2021 (últimos datos ofrecidos por el Sistema estatal de indicadores de educación-2024) se produjo un aumento del 28,5% en 10 años del gasto público destinado a los centros concertados, alcanzando los 7.242 millones de euros. Es, por tanto, una oportunidad de oro para la educación semi-privada, en la que el Estado garantiza un firme apoyo a centros que, en otras circunstancias, quizás tendrían que competir en condiciones poco favorables.
Paralelamente, el sistema educativo público lleva ya muchos años padeciendo un proceso de deterioro resultado de una financiación insuficiente que se refleja de formas muy diferentes. Si lo permitimos, la tendencia de incremento en las partidas presupuestarias dedicadas a la concertada podría llegar a niveles como el de la Comunidad de Madrid, en la que, según el informe del ESADE, se da una doble situación de sobre-financiación de los centros y, a la vez, de cobro de cuotas dedicadas a obtener buenos resultados económicos, con una cuota media por alumno de 1.156 euros/curso.
A pesar de que el panorama asturiano no reviste aún la gravedad que se detecta en otras CCAA, la ofensiva en favor de la privatización educativa avanza en varios frentes, bajo el mantra de una colaboración público-privada que no es si no una excusa para infra financiar la educación pública alegando su bajo rendimiento y alto coste por alumno, mientras se transfiere fondos a una educación privada con fuertes conexiones en el sector empresarial. Es el caso, fuera del ámbito de la enseñanza no universitaria, de los estudios de enfermería que la Universidad de Oviedo ofrecerá al Instituto Nebrija en Avilés, una institución que, como es de sobra conocido por cualquier opositor, se caracteriza por el mercadeo de cursos, grados y máster cuya calidad educativa brilla por su ausencia.
Mientras tanto, el panorama habitual que nos encontramos en los centros educativos públicos es de infraestructuras envejecidas y, en ocasiones, gravemente deterioradas, poniendo en peligro a todos los usuarios. Los recursos son insuficientes para hacer frente a las necesidades educativas específicas que se van incrementando, con ratios muy elevadas que siguen sin disminuirse para alcanzar unos máximos adecuados a una docencia de calidad. Además, la promoción de la educación concertada favorece centros donde la segregación escolar en función del barrio o la localización enfatizan las diferencias de clase, que se traducen en oportunidades laborales solo para unos pocos.
Debemos trazar un frente común para que la educación pública y de calidad pase a la ofensiva, comprendiendo que esta solo puede alcanzar su plena realización con la superación del modelo capitalista. Padres y madres, personal de administración y servicios, docentes y, especialmente, el estudiantado; posicionarnos hoy con firmeza se impone como una necesidad para el conjunto de los hijos y las hijas de la clase trabajadora.