La cuestión del acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas que sufre la clase obrera y los sectores populares en nuestro país, que se manifiesta con especial gravedad y violencia en las grandes ciudades y centros metropolitanos que, como Madrid, concentran en torno a sí a crecientes cantidades de trabajadores y trabajadoras, por concentrar también los principales núcleos productivos de la región. Bajo la acaparación de inmuebles y la búsqueda del máximo beneficio, los rentistas han elevado el precio de la vivienda a máximos históricos, situándose actualmente en la Comunidad de Madrid por encima de los 4.000€/m2 en el caso de la venta de inmuebles y de los 18€/m2 en el caso de los alquileres. Este hecho se ve incrementado por el uso especulativo de los inmuebles vinculado a la industria turística, a través del uso de viviendas como pisos turísticos, hoteles y apartamentos de lujo.
En el mercado de la vivienda, como en cualquier otro ámbito que posibilita la acumulación de capital, se lleva tiempo produciendo un proceso de concentración de la propiedad en cada vez menos manos. En Madrid 2 de cada 3 caseros acumulan más de 3 viviendas, siendo habitual en los últimos años la adquisición masiva de inmuebles por parte de grandes monopolios financieros, como un elemento más de sus inversiones de capital en la búsqueda permanente de mayores cotas de beneficio. De esta forma, los grandes tenedores de suelo y vivienda (que son la mayoría de los caseros) no constituyen un sujeto social separado de la burguesía, sino que su actividad rentista está plenamente entrelazada y enraizada en el seno de la oligarquía financiera. Los “caseros” forman parte en su inmensa mayoría de la clase de los capitalistas, que vive y se enriquece a costa de la explotación de la clase obrera.
El crecimiento exponencial del precio provoca que cada vez más sectores de la población encuentren serias dificultades para garantizar su acceso a una vivienda, con especial afectación a la juventud trabajadora y sus posibilidades de emancipación. Si durante la crisis capitalista iniciada 2008 asistimos a una oleada de desahucios por impagos de hipotecas, hoy crecen día a día los desahucios por impagos del alquiler, que ya suponen 9 de cada 10 desahucios en Madrid. Los trabajadores durante las últimas dos décadas hemos sido primero desposeídos de nuestras casas y después obligados a dedicar una parte creciente de nuestro salario para tener un sitio en el que vivir.
Las diferentes medidas impulsadas por los gobiernos central y autonómico han tratado de paliar los efectos más dramáticos de esta coyuntura, bien a través de la concesión de ayudas a la compra y el alquiler, como el plan Mi Primera Vivienda del gobierno de Ayuso, o bien a través de exenciones fiscales a los rentistas y tibias limitaciones a los precios, como es el caso de la Ley de Vivienda aprobada por el gobierno de coalición progresista. Pese a que unos y otros hayan escenificado grandes desencuentros en la materia, la realidad es que ninguna de las alternativas que se nos presentan han pretendido alterar lo más mínimo la ganancia capitalista, base del conflicto social en torno a la vivienda.
A la hora de elegir bando, todas las fuerzas políticas del arco parlamentario están, en mayor o menor medida, del lado de los rentistas. Tanto es así que, en Madrid, todos los estamentos de gobierno, de Pedro Sánchez a Ayuso, de Almeida a Manuela Carmena, han promovido seguir aumentando el parque de vivienda y reproducir la actual dinámica a través de grandes operaciones inmobiliarias como Madrid Nuevo Norte, la Operación Campamento o los desarrollos del sureste. Todo ello aun a pesar de que existen decenas de miles de viviendas vacías en desuso en la región en manos de grandes monopolios financieros, que las retienen con fines especulativos mientras los sectores más empobrecidos de la clase obrera viven hacinados o se ven forzados al desahucio.
La vivienda se ha convertido en un campo de batalla más en la guerra de clases entre la mayoría social que genera la riqueza y la minoría parasitaria que vive a costa de apropiársela. Así, frente a las luchas de resistencia que la clase obrera y el pueblo han presentado contra los desahucios y el incremento de los alquileres, la respuesta del Estado, con independencia del color del gobierno, ha sido la de afinar sus instrumentos represivos legales y la de permitir la actuación impune de grupos para-policiales fascistas, que operan bajo la etiqueta de empresas de desocupación.
Para el PCTE la lucha por el derecho a la vivienda no puede entenderse disociada de la lucha por el salario, sino que ambas conforman una sola lucha de la clase obrera contra la explotación capitalista, la desposesión de los trabajadores y los cada vez mayores niveles de pobreza y miseria que genera, al incrementar el coste de la vida muy por encima del crecimiento de los salarios. Disociar los diferentes espacios y lugares donde las trabajadoras y trabajadores hacen frente a la explotación capitalista, ya sea de manera directa en el centro de trabajo o de forma indirecta en torno al consumo de los medios necesarios para la reproducción de la vida, sólo conduce a una explicación errónea del problema y, por tanto, a plantear como alternativa medidas de eficacia limitada.
La cuestión de la vivienda sólo es resoluble de manera definitiva orientando y unificando cada lucha hacia la superación revolucionaria del capitalismo y la construcción de una nueva sociedad, el socialismo-comunismo, donde los frutos del trabajo permitirán satisfacer todas las necesidades de la mayoría social, incluido el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda de calidad para sí y para su familia.
En ningún caso reconocer el fundamento y origen del problema de la vivienda en el modo de producción capitalista —y, por tanto, ubicar su única posible resolución definitiva en la superación de este sistema— deben justificar una renuncia a la lucha cotidiana contra los rentistas y por el derecho a la vivienda. Cada lucha y cada avance, por parcial que resulte, que se conquiste gracias a la lucha colectiva, supone una valiosa experiencia para el conjunto de la clase obrera y el pueblo trabajador; permite aumentar nuestra fuerza organizada y preparar mejor los siguientes combates. Si la organización de la clase obrera y el pueblo trabajador es capaz de poner coto a la sed de la clase capitalista —que, bien directamente a través del salario o indirectamente a través del precio de la vivienda y el alquiler, nos impiden acceder a un techo bajo en que vivir—, será una victoria indiscutible que permitirá abrir nuevos horizontes de lucha.
Por todo ello, el PCTE llama a reforzar la lucha contra los desahucios y por el derecho a la vivienda desde la organización en los barrios y en los centros de trabajo. Levantemos una potente movilización sostenida en el tiempo contra los rentistas, los capitalistas y sus gobiernos que garantice el derecho de toda persona a disponer de una vivienda.
Expropiar a los rentistas, derrotar a sus gobiernos, garantizar la vivienda