1. Introducción
«Lo que hoy se entiende por penuria de la vivienda es la particular agravación de las malas condiciones de habitación de los obreros a consecuencia de la afluencia repentina de la población hacia las grandes ciudades; es el alza formidable de los alquileres, una mayor aglomeración de inquilinos en cada casa y, para algunos, la imposibilidad total de encontrar albergue.»[1].
Con estas palabras analizaba Friedrich Engels el problema de la vivienda en la Europa de finales del siglo XIX. En España, en 2020, vemos también alza de alquileres, familias enteras en viviendas ultra reducidas, miles de personas sin hogar, millones de casas vacías, especulación y desahucios, la llamada «España vaciada», etc.
El problema de la vivienda en nuestro país viene, como señala Engels, de muy atrás, del comienzo del éxodo rural y la creación de grandes centros industriales y comerciales en los que se levantan barriadas obreras para ofrecer de forma inmediata una vivienda para la gran cantidad de emigrados. El criterio anárquico de construcción de la ciudad implicaba e implica aún hoy la existencia de barrios obreros masificados no pensados para la vida social, construidos bajo la lógica de beneficio de los propietarios del suelo y por ende de la construcción compulsiva ante el progresivo crecimiento de las ciudades. Este proceso se da a la par de la creación de núcleos comerciales pensados exclusivamente para el consumo.
Sobre esta base se desarrolla el problema de la vivienda para las familias trabajadoras y muy especialmente para sus jóvenes. Una “penuria de la vivienda” que hoy se intensifica en dos sentidos: en primer lugar, la crisis sanitaria, las exigencias de distanciamiento social y confinamiento, ponen en evidencia los enormes problemas en el diseño urbano de los barrios obreros y las condiciones de habitabilidad de las viviendas; en segundo lugar, la crisis económica acelerada y el consecuente empobrecimiento de amplios sectores populares implica un acceso cada vez más difícil a la vivienda, especialmente en el caso juvenil.
2. El acceso juvenil a la vivienda desde la crisis de 2008
La situación de precariedad laboral a la que nos vemos sometidos de forma continua (analizada en nuestra resolución acerca de la situación de la juventud trabajadora[2]) hace que la tasa de emancipación de los jóvenes españoles sea una de las más bajas de la Unión Europea: en el segundo trimestre de 2019, apenas un 18,5% de las personas entre 16 y 29 años estaban emancipadas. Nos vemos obligados a vivir en el domicilio familiar o, incluso cuando residimos en otra vivienda, a seguir dependiendo de la ayuda económica de nuestras familias.
Desde distintos estudios e instituciones se considera que no se debería dedicar más de un 30% del salario neto al pago del alquiler o la hipoteca, y esto simplemente dentro de las coordenadas capitalistas de garantizar las condiciones necesarias a la clase obrera para la reproducción de la fuerza de trabajo; es decir, para poder cumplir con nuestras necesidades más básicas y seguir trabajando. Tomando ese umbral como referencia, en el segundo trimestre de 2019 los jóvenes nos veíamos obligados a destinar, de media, el 94,4% de nuestro salario neto (un 88,9% en 2018) al pago del alquiler. Si bien la opción de una vivienda en propiedad supondría un coste mensual menor, el 62,4% del salario neto, sigue estando muy por encima del umbral del 30%, lo que unido a las diversas trabas y la solvencia económica que se exige actualmente para conceder un préstamo hipotecario (la entrada supone el 30 % del precio total de la vivienda) hace que casi ningún joven pueda siquiera plantearse esta opción.
Si atendemos a la evolución de estos datos en los últimos once años, vemos que ambas modalidades han caminado en direcciones opuestas, pero en ningún momento han estado ni siquiera cerca de ser asumibles para los jóvenes trabajadores. En el segundo trimestre de 2008 debíamos destinar más del 90% del salario neto al pago de la hipoteca y un 60% al del alquiler, ambos muy por encima del umbral del 30%. A día de hoy, como hemos visto, la vivienda en propiedad sigue siendo una opción inasumible, aunque suponga un coste menor que hace once años. Por su parte, el constante aumento durante estos años del precio de los alquileres, ahora mismo aún al alza (en 2019 aumentó un 7,84% respecto a 2018), y la creciente precariedad laboral, nos dificultan enormemente poder alquilar una vivienda.
Una persona joven que gastase el máximo recomendado, un 30% de su salario neto, podría optar a una vivienda con una superficie máxima de 19 m2 construidos (que no útiles). El dato en sí es obsceno, pero llevando el razonamiento más allá, haciendo un simple cálculo, nos damos cuenta de que si dedicase el 100% de su sueldo a la vivienda (y, de hecho, el gasto es aún mayor en comunidades como Madrid –110,2%– o Cataluña –119,7%–), sólo podría optar a una vivienda de unos 64 m2 construidos.[3]
Todos los datos vistos hasta ahora se refieren a la emancipación de los jóvenes de forma individual. Escuchamos a veces que esto es un “capricho” y que lo “lógico” durante la juventud es compartir piso. Lo que tendría que ser una decisión excepcional o por voluntad propia se ha convertido en una norma e imposición del capitalismo hacia los jóvenes trabajadores: sólo compartiendo gastos, es decir, dedicando un menor porcentaje de nuestros ingresos al alquiler, podemos permitirnos la emancipación del hogar familiar. Aun en ese caso, el porcentaje de salario que debe dedicar de media un joven que tenga empleo y comparta piso se sitúa en 30,8%, ligeramente por encima del umbral. El acceso a la vivienda es un derecho básico, pero al vernos obligados a compartir piso se nos niega ejercer ese derecho en toda su extensión.
Esta restricción del acceso a la vivienda puede llevar aparejada, además, otras formas de restricción de libertades y de violencias. A menudo, para poder costearnos el pago del alquiler, los jóvenes decidimos compartir piso con nuestra pareja, con amigos o simplemente con desconocidos. No poder elegir cuándo o con quién cambiar de residencia, sobre todo cuando existen problemas de convivencia, potencia y agrava situaciones de malestar psicológico y mental. En casos más extremos, cuando la hipoteca obliga a una pareja a mantener la convivencia en un mismo hogar donde se dan casos de maltrato físico o psicológico, agrava los efectos de la violencia machista. A fin de cuentas, si la brecha salarial de género o el trabajo informal, generalmente realizado por la mujer, por sí mismo genera una dependencia económica, el precio de la vivienda potencia aún más si cabe este fenómeno, dificultando la emancipación real de la mujer.
3. El virus sí que distingue de clases: una brecha más profunda entre juventud y vivienda.
Estas semanas escuchamos una ya manida frase: «el virus no entiende de clases sociales». Desde la Juventud Comunista decimos que sí: es evidente que el confinamiento no afecta por igual a quien posee una casa grande con jardín que a quienes viven en pisos pequeños y en barrios sin zonas verdes. Quieren exonerar al capitalismo y culpar al individuo de los efectos de su gestión de la crisis sanitaria, pero frente a ello es necesario oponer la realidad de los barrios obreros y su urbanismo. De igual manera, las consecuencias económicas de la crisis desatada no van a ser las mismas para todos, y en el caso de la juventud y su relación con la vivienda ahondará los problemas ya vistos.
La temporalidad instalada en el empleo juvenil, que ha conducido a la finalización de gran parte de los contratos, junto con los ERTEs decretados, ha empujado al desempleo y ha reducido o dejado sin ingresos –presentes o futuros– a gran parte de la juventud trabajadora. Esto inevitablemente dificulta la posibilidad de afrontar los gastos básicos de la vivienda, los cuales de por sí ya suponían un gran esfuerzo para el grueso de la juventud española.
Ante esta realidad, el Gobierno ha seguido el esquema de favorecer a los grandes propietarios y no ofrecer soluciones duraderas a las familias trabajadoras y a la juventud; las pocas medidas que atienden a sus necesidades lo harán de forma temporal y superficial, sin llegar a toda la población. Sirvan como ejemplo la prohibición provisional de ejecutar desahucios (o solo una parte de ellos, realmente) durante los seis meses posteriores al levantamiento del Estado de Alarma (luego volveremos a la “normalidad” de expulsar a familias de sus casas) o las moratorias para las hipotecas: los ingresos de millones de familias trabajadoras se han visto reducidos o han desaparecido pero no se las exime de pagar la hipoteca. Esto último resulta aún más sangrante, si cabe, y ejemplifica el carácter de clase de las medidas tomadas por el Gobierno, cuando a las medidas dirigidas a las empresas sí que se les exime el pago de ciertos gastos en vez de “aplazarlos”.
Otro ejemplo, que afecta especialmente a la juventud, son las ayudas al alquiler. Mecanismo de ayuda basado de nuevo en el endeudamiento de los jóvenes, como si no estuviéramos ya suficientemente endeudados con nuestras propias familias, estudios, etc. La medida consiste en habilitar créditos a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial), créditos prestados sin intereses a los bancos, pero que estos están prestando con intereses. Por otra parte, estas ayudas no tienen más que una duración de seis meses según el Real Decreto-ley, lo cual indica que el Gobierno no contempla en sus planes la situación de reducción de ingresos o desempleo que van a sufrir miles de jóvenes más allá de esos seis meses. Por último, los requisitos que fija el Gobierno para considerar un hogar en situación de vulnerabilidad harán que muchos jóvenes no accedan a las ayudas y deban volver al domicilio familiar. Las trabas burocráticas y la actual saturación de la administración hacen que muchos otros, pese a encajar en esa categoría, no hayan recibido a día de hoy ningún tipo de ayuda mientras deben seguir haciendo frente a los gastos de vivienda y otro tipo.
A la par de esta realidad para la clase obrera, que se manifiesta de forma agravada sobre la juventud, sociedades inmobiliarias y grandes fondos de inversión siguen jugando sus cartas en medio de la crisis para salir de ella con una mejor posición a través de sus negocios especulativos. En este marco se nos presenta el negocio de los pisos turísticos, que se configura como un elemento más a tener en cuenta en el alza de los precios y la expulsión de las familias obreras de sus anteriores zonas habitacionales. Los grandes tenedores, lejos de verse perjudicados por esta situación, se configuran como verdaderos vampiros sociales que viven a costa del trabajo de los obreros cuyo salario (que sólo es una pequeña parte del valor que producen) se destina precisamente —como antes reflexionábamos— a ese pago del alquiler. En definitiva, mientras los grandes capitales hacen negocio especulando con la vivienda y el alquiler –la propiedad privada del suelo y grandes parques de vivienda permiten a los “grandes tenedores” la adquisición de ganancias adicionales respecto a las condiciones generales de la producción–, es sólo de la solidaridad del pueblo de la que en algunos casos depende el acceso a la vivienda de los jóvenes.
Pero no se trata ésta de una cuestión sólo vinculada al parasitismo de las sociedades inmobiliarias y los fondos buitre. En muchos casos es precisamente el Estado quien facilita en su acción la liberación de la propiedad del suelo. En la tensión existente entre la resistencia a vender de los primeros propietarios y la presión de estos fondos y grandes tenedores por comprar al menor precio, juega un papel necesariamente reseñable la propiedad pública del suelo y la vivienda. El acceso, de hecho, al parque de vivienda en España de Blackstone se da por esta vía y situación similar es la de muchas de las operaciones urbanísticas tan habituales en los años previos a la crisis de 2008. Hace pocas semanas que, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid señalaba que el proyecto especulativo Madrid Nuevo Norte era el camino; el camino para que el capital, en contexto de crisis, pueda remontar su tasa de ganancia, cabría añadir. A nadie escapa que ello, junto con los elementos ya situados, redunda en el encarecimiento del alquiler y la vivienda, y en la progresiva expulsión de las familias trabajadoras —profundamente afectadas por la crisis— de sus barrios tradicionales, hacinando más si cabe al conjunto de la clase y empeorando aún más sus condiciones de vida y habitación.
4. Por una producción al servicio de la vida
«Lo cierto, sin embargo, es que ya hoy existen en las grandes ciudades edificios suficientes para remediar en seguida, si se les diese un empleo racional, toda verdadera penuria de la vivienda. Esto sólo puede lograrse, naturalmente, expropiando a los actuales poseedores y alojando en sus casas a los obreros que carecen de vivienda o que viven hacinados en la suya. Y tan pronto como el proletariado conquiste el poder político, esta medida, impuesta por los intereses del bien público, será de tan fácil ejecución como lo son hoy las otras expropiaciones y las requisas de viviendas que lleva a cabo el Estado actual».[4]
Casi 150 años han transcurrido desde estas palabras pero tienen una vigencia absoluta. La crisis económica actual está exacerbando y dejando al descubierto las contradicciones y limitaciones del capitalismo. ¿Por qué hay en España millones de casas vacías y al mismo tiempo miles de personas sin hogar y miles de jóvenes que no pueden abandonar el hogar familiar? ¿Por qué hay hacinamiento en las ciudades y despoblación en el medio rural? La propiedad privada, el único criterio del beneficio económico y en consecuencia la anarquía de la producción son los elementos que hacen que, a pesar de que existan medios más que suficientes para satisfacer las necesidades de toda la población en relación con la vivienda, no ocurra así.
Es necesario, entonces, situar un horizonte de ruptura: un horizonte en el que la juventud pueda desarrollar libremente sus proyectos individuales y colectivos, en el que el acceso a la vivienda sea una verdadera garantía y no esté mediado por el parasitismo social de un puñado de capitalistas. Un horizonte en el que nuestras viviendas no sean colmenas de obreros, sino verdaderos hogares; en el que nuestros espacios de vida, barrios y ciudades, pueblos y zonas rurales se dispongan y estructuren en base a las necesidades populares. Ese horizonte, en realidad, germina en cada gesto de solidaridad y organización popular que se expresa en nuestros barrios, y se vuelve posible cuando toda esa fuerza se orienta hacia la transformación integral de la sociedad, hacia un nuevo mundo que ponga el bien común en el centro a través de la gestión directa y colectiva de la producción: el socialismo-comunismo. Por eso, desde la Juventud Comunista, llamamos al conjunto de la juventud trabajadora a romper con lo que nos dicen que es lo único posible y a elegir lo que es, para nuestra clase, lo necesario.
¡Elige lo necesario!
¡Elige comunista!
¡Únete a la Juventud Comunista!
[1] F. Engels. (1872) “Contribución al problema de la vivienda” p.9
[2] La juventud obrera ante la crisis del COVID-19: https://www.pcte.es/cjc/la-juventud-obrera-ante-la-crisis-del-covid-19/
[3] Balance General del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, 1º semestre de 2019 – http://www.cje.org/descargas/cje7577.pdf
[4] F. Engels. (1872) “Contribución al problema de la vivienda” p.11