Resolución del Buró Político del PCTE
En el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, mandamos un caluroso saludo a las miles de trabajadoras organizadas que, haciendo frente a todo tipo de obstáculos, luchan hombro con hombro para conquistar sus derechos sexuales y reproductivos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se practican en el mundo en torno a 25 millones de abortos inseguros y/o clandestinos. Este tipo de intervención, si no es realizada por profesionales en los centros médicos indicados, pueden dar lugar a todo tipo de problemas de salud e, incluso y lo más habitual, a la muerte de la mujer que se somete a esta operación.
La tendencia a la reacción se aprecia en todos los aspectos de la vida, y por supuesto, también en los derechos que afectan especialmente a las mujeres. A la inexistente conciliación dentro del sistema capitalista, añadimos también unos permisos de maternidad insuficientes, precariedad laboral y falta de acceso a los recursos necesarios para poder ejercer el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo.
No se trata solo de una cuestión de género, sino que también se trata de una cuestión de clase, pues son las mujeres de la clase trabajadoras las que tienen más problemas para poder acceder a la IVE. Esto se ve en mayor medida en las jóvenes, quienes representan más del 40% de los abortos realizados en España, puesto que algunas no pueden abortar porque no pueden faltar a su puesto de trabajo para ir a una simple cita médica o no pueden pagarse el viaje a la provincia donde sí se realiza la IVE. En definitiva, miles de mujeres jóvenes de nuestra clase expuestas a una situación de total desprotección.
Nuestros hospitales públicos siguen siendo asediados por grupos de fanáticos que intentan amedrentar a aquella mujer que va a ejercer su derecho a la IVE. La objeción de conciencia es permitida por el Gobierno. Esto lleva a cifras tan escandalosas como por ejemplo que, en Castilla y León, de 2.597 abortos que se practicaron el año pasado, solo 60 hayan sido a través del sistema público, o lo que es lo mismo: en Castilla y León, donde existen provincias donde practicar la IVE es prácticamente imposible, el 97’7% de las interrupciones del embarazo se hacen a través de clínicas privadas donde trabajan esos mismos médicos objetores de conciencia en la sanidad pública.
Partiendo de la base de que decidir sobre nuestra propia maternidad, dentro de este sistema, nunca será un derecho mientras se siga utilizando nuestra salud y nuestra vida para seguir ampliando la acumulación del capital, hay que tener claro que es tarea de toda la clase trabajadora, puesto que hablamos de un derecho colectivo, que las conquistas que han costado años de lucha a las trabajadoras no sean eliminadas, siendo fundamental continuar la lucha para que la IVE sea parte, en su totalidad, del sistema público de salud.
La mejor garantía de continuación de la lucha por el aborto legal, libre y gratuito es organizarnos: Hombro con hombro. Clase contra clase.