La lucha de clases no se detiene a causa de la crisis del coronavirus, más bien se agudiza. Prueba de ello es el Plan de Emergencia aprobado por la Junta de Castilla y León en el marco del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, así como las distintas medidas adoptadas los últimos días.
El plan de medidas extraordinarias está dotado de 220 millones de euros y está dirigido a trabajadores asalariados, autónomos, empresas, familias y personas vulnerables. A simple vista podría parecer que este plan beneficiará a toda la sociedad por igual. Sin embargo, si entramos a estudiar las partidas presupuestarias, observamos que las ayudas directas a trabajadores sólo suponen el 5,7% de la financiación, curiosamente este mismo porcentaje es del que se beneficiarán los trabajadores autónomos. El 3,6% de los fondos irán destinados a medidas de protección social para las personas más vulnerables. El 84% de los recursos restantes van dirigidos a la patronal, especialmente a las empresas con mayor concentración de capital y mayores beneficios. Estas grandes empresas se beneficiarán no sólo de las ayudas públicas sino de la más que previsible futura desaparición de decenas de miles de autónomos y pequeñas empresas a través de la absorción de sus capitales y mercados.
Estos datos suponen que la Junta de Castilla y León inyectará decenas de millones de euros, obtenidos fundamentalmente de los impuestos de todos los trabajadores, a las 20.000 empresas que han aplicado ERTEs estos días en nuestra Comunidad y que se están librando de pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo para los 100.000 trabajadores afectados por los ERTEs que están en su casa sin poder cobrar su salario íntegro sólo quedan las migajas. Queda demostrado que de nada sirve apelar a la responsabilidad social del empresariado, lejos del ‘sálvese quien pueda’ sólo la planificación económica puede resolver los problemas sociales.
Mientras movilizan millones de euros para la patronal la Junta ha requerido de personal ‘voluntario’ para el cuidado de mayores y personas con discapacidad. Mientras mantienen clínicas privadas sin atención de Covid-19 que incluso aplican vacaciones forzosas a sus empleados, el personal sanitario de la sanidad pública sigue sin tener garantizados EPIs, con tasas de contagio muchos más altas que las de la población en general y en situación de colapso.
Mientras todos los recursos no estén centrados en la lucha contra el coronavirus, mientras se antepongan sus beneficios empresariales a nuestras vidas, al pueblo le decimos que rechace esta falsa solidaridad institucional y se autoorganice tejiendo redes de solidaridad para no dejar a nadie atrás en estos duros momentos. Solo el pueblo salva al pueblo.
Ya son 3.000 casos de contagio en nuestra Comunidad y más de 200 muertos. Todas las políticas deben enfocarse a salvar vidas. No hay ningún dilema entre proteger nuestra salud y proteger la economía. La economía sólo tendrá sentido si estamos vivos y vivas para luchar por nuestros derechos. No pagaremos esta crisis con nuestra salud y nuestros derechos.
A la Administración le exigimos que deje de gobernar solo para la patronal y que ejecute con carácter inmediato las siguientes medidas de urgencia:
– Exigir al Gobierno central decretar el cierre total de la Comunidad y el país: paralización de las actividades de todas las empresas, salvo los sectores estratégicos.
– Contratación del personal sanitario y asistencial necesario para cubrir las deficiencias y necesidades para hacer frente a esta crisis sanitaria.
– Cese del uso de personal voluntario para cubrir las carencias del sistema de salud y atención a la dependencia y nuestros mayores tras años de recortes.
– Intervención de los 18 centros sanitarios privados que existen en Castilla y León sin compensación económica alguna.
– Intervención de los sectores productivos, de distribución y centros logísticos estratégicos de nuestra Comunidad para asegurar el suministro de alimentos, medicamentos y material preventivo necesario para trabajadores y familias.
– Anulación del Plan de Emergencia aprobado y adopción de las siguientes medidas en un nuevo plan al servicio de los trabajadores:
- cobertura salarial del 100% para todos los trabajadores afectados por ERTEs compensada a través del nuevo Plan de Emergencia.
- moratoria avalada por la JCYL en el pago de hipotecas, alquileres y suministros a las familias que ingresen menos de 1.200 euros mensuales netos por miembro de la unidad familiar.
- movilización de todos los recursos financieros para empresas y ayudas a la contratación ya aprobados (185 millones de €) para la implementación de un plan de empleo público industrial en nuestra Comunidad que nos permita recuperar el empleo perdido, especialmente en las provincias más gravemente afectadas por la desindustrialización.
- ninguna ayuda para las 20.000 empresas con beneficios en 2019 que han aplicado ERTEs en el marco del estado de alarma.
No pagaremos esta crisis con nuestra salud ni con nuestros derechos.
Sólo el pueblo salva al pueblo.
Comité Regional de Castilla y León
Partido Comunista de los Trabajadores de España