Desde el Partido Comunista de los Trabajadores de España en Madrid denunciamos que la Comunidad de Madrid está gestionando la crisis sanitaria con el objetivo principal de limitar las pérdidas a los grandes monopolios que operan en nuestra región, dejando en un segundo plano las medidas de lucha contra la extensión de la epidemia, la protección de la salud de los trabajadores y las consecuencias económicas para la clase obrera.
Queremos destacar que por delante de la irresponsabilidad de las administraciones y las empresas ha ido siempre el pueblo trabajador, entendiendo la necesidad de permanecer en casa, mientras muchas empresas forzaban a sus trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo, mientras unos pocos que se lo podían permitir y contaban con una segunda residencia salían de la región contribuyendo a la extensión del virus al resto de España, como el caso de los insignes Aznar y Botella. La necesidad de adoptar las medidas de prevención necesarias ha sido comprendida por la mayor parte del pueblo, mientras otros se dedicaban a acudir al hospital, sin protección alguna, a pesar de haber sido diagnosticados como Ortega Smith, en un gesto más de desprecio absoluto a quienes pueden sufrir las peores consecuencias de la crisis.
Solo el Pueblo Salva al Pueblo
La solidaridad ha surgido desde cada bloque de pisos, en cada barrio se han promovido iniciativas para llegar allí donde las administraciones no pretenden llegar, porque por el momento descartan la intervención de las grandes empresas de los sectores estratégicos. La Comunidad de Madrid ha lanzado un registro de voluntarios una semana después del surgimiento de las iniciativas de apoyo y solidaridad en los barrios, tratando de lavar su imagen ante las necesidades crecientes que surgen entre las familias obreras. Cada noche, a las 20:00 se produce una explosión en las ventanas y balcones de nuestras calles para agradecer a quienes se ven forzados, sin la protección necesaria en muchos casos y con condiciones laborales precarias, a seguir trabajando para levantar el país, empezando por quienes en hospitales y centros de salud están en primera línea de combate contra el virus, pasando por repartidores, reponedores, cajeras, trabajadores de estaciones del servicio, del transporte, reporteros…
Una vez más queda demostrado que ni los gobiernos al servicio de las necesidades de la patronal, ni los empresarios que están escatimando en medidas de seguridad y manteniendo la actividad no imprescindible, despidiendo, forzando a coger vacaciones… van a tomar las medidas que la clase obrera necesita, queda demostrado que solo el pueblo salva al pueblo.
La Comunidad de Madrid decidió suspender los contratos con las empresas que prestaban servicios auxiliares en centros educativos y con las escuelas infantiles públicas, de gestión privada. Los despidos y ERTEs en este sector afectan a miles de trabajadores, educadoras infantiles, auxiliares de comedor, monitores de actividades extraescolares y complementarias o empresas de limpieza.
Esta decisión no se limita únicamente al sector educativo y ha sido adoptada también por muchos ayuntamientos en sus servicios culturales, deportivos, sociales… La privatización de estos servicios públicos demuestra cómo por encima de los servicios prestados a la población, está el beneficio privado, sin importar en este caso ni las consecuencias individuales derivadas de los despidos, ceses contractuales y ERTEs, ni haber analizado si estas empresas hubieran podido ser intervenidas para garantizar los servicios esenciales durante la crisis.
Debemos poner bajo control público las grandes empresas de restauración colectiva, garantizando la alimentación a las familias sin ingresos o que hayan sido reducidos como consecuencia de la crisis del Covid-19. Rechazamos, por lo tanto, la medida aprobada por el Gobierno Regional de acordar con Telepizza y Rodilla un servicio de comidas para los beneficiarios de becas para comedores escolares afectadas por su cierre, por ser poco saludable para los hijos de la clase obrera y por tener como único fin salvar los beneficios de estas empresas a cuenta de las finanzas públicas.
La falta de medidas de seguridad en el transporte público para los trabajadores de estos servicios se ha cobrado una víctima directa en el Metro de Madrid, donde un compañero ha fallecido por contraer el virus. Metro ha sumado 10€ a la nómina de los trabajadores para la compra de geles, 10€ que ni garantizan la seguridad, ni mucho menos compensan arriesgar la vida en el puesto de trabajo para garantizar la movilidad de personas obligadas a ir a sus puestos de trabajo en sectores no estratégicos. Esta noticia golpea después de ver imágenes de un lunes 16 de marzo donde los andenes de Cercanías y Metro y los propios vagones registraron acumulaciones humanas contraviniendo todas las medidas de prevención de contagio del virus. Los contagios en la EMT crecen rápidamente ante la evidente falta de medidas de seguridad, algo que también se ha hecho patenten en las líneas de autobuses interurbanos.
Las medidas aprobadas por la Comunidad y el Estado de Alarma decretado tratan de garantizar la acumulación de plusvalía para la patronal, solo así se explica que en sectores no estratégicos para superar la crisis sanitaria se haya mantenido la producción, en centros de trabajo con cientos y miles de compañeros, generando focos de propagación del virus, no solo para las plantillas, sino para sus familias. Ha sido la organización de los propios trabajadores en fábricas como John Deere, Airbus o IVECO donde se ha forzado a las empresas a parar la producción utilizando la ley de prevención de riesgos laborales. Estas acciones muestran el camino a seguir ante un Estado de Alarma que da carta blanca a la patronal, con el acuerdo de CCOO y UGT, para desencadenar la brutal ofensiva antiobrera que están desencadenando. Será la fuerza de la clase obrera que seamos capaces de movilizar en cada centro de trabajo, en cada empresa, la que encuentre la vía para desbaratar los planes de la patronal de hacernos cargar con esta crisis y ponga encima de la mesa las medidas necesarias, no para garantizar sus beneficios, sino nuestro bienestar.
Suspensión de clases presenciales y aprendizaje telemático
Los escolares de la Comunidad de Madrid de todas las etapas educativas dejaron de acudir a los centros desde el 11 de marzo por orden de la Consejería de Educación, aunque no se suspendía el periodo lectivo pues el aprendizaje pasaba a ser telemático. En una relación de órdenes que se sucedieron durante esos primeros días de cierre de centros, se demostró el mayor grado de improvisación, en el que se modificó varias veces lo referido en la instrucción anterior, se dejaron redactados ambiguos que descargaba toda la responsabilidad en los equipos directivos y se buscaba una salida lo más airosa posible para el equipo de gobierno, relegando la importancia de la salud de los trabajadores, en algunos centros se mantuvieron reuniones y claustros a posterior, y, por supuesto, la calidad de la enseñanza, obviando además la realidad de muchas familias en la región que no tienen acceso a los medios que permitirían el aprendizaje telemático y que muchos de los apoyos destinados a los alumnos con necesidades educativas especiales no podrían brindarse.
La decisión adoptada tuvo el único objetivo de demostrar determinación en cuanto a las medidas preventivas tomadas y ofrecer una imagen de normalidad ante la opinión pública, de continuidad de las clases. El aprendizaje telemático no es algo que se improvise, los sistemas empleados por la Comunidad no alcanzan ni siquiera para complementar adecuadamente el aprendizaje presencial, y no pueden sostener un proceso educativo temporalmente a distancia. Una vez más se debe reconocer el gran esfuerzo desplegado por muchos profesores para garantizar la mayor cobertura al alumnado, pero este sobreesfuerzo no logra compensar el déficit de la enseñanza presencial, no al menos sin los medios adecuados. La insuficiencia de las plataformas propiedad de la Comunidad lleva a los centros a utilizar herramientas de grandes empresas de telecomunicaciones o editoriales de libros de texto, facilitándosele a estas un gran volumen de datos que utilizar para sus estrategias de negocio.
La ausencia de permisos retribuidos para hacerse cargo de los estudiantes menores forzará a que muchos no puedan ser asistidos por sus familias en esta fase telemática del proceso de enseñanza-aprendizaje o incluso de aquellos que sin trabajo puedan estar en casa, pero cuyo nivel de formación no permita el suficiente apoyo a los hijos, se estará contribuyendo a aumentar la segregación del alumnado en este final de curso.
Coordinación público-privada sanitaria y medicalización de hoteles
Hace una semana la Comunidad anunció la coordinación bajo mando único de la sanidad privada y la sanidad pública. No es la medida necesaria, que pasa por intervenir la sanidad privada y poner todos sus medios a disposición de la sanidad pública. Rechazamos cualquier tipo de prestación económica a las empresas sanitarias cuyos medios sean puestos al servicio de vencer al Covid-19 y creemos que tanto los hospitales y clínicas privadas, como las industrias auxiliares, deberían ser ya intervenidas.
Otro tanto ocurre con la anunciada medicalización de los hoteles, según la cual la patronal ha puesto a disposición de la Comunidad 60.000 plazas. Los dos primeros que se han medicalizado son el Marriot Auditorium y el Ayre Gran Hotel Colón.
Tenemos nuevamente dudas fundadas de que la patronal hotelera no busque con esta medida una compensación económica para reducir sus pérdidas con las cancelaciones provocadas por la pandemia, por lo que rechazamos cualquier compensación económica a estos hoteles y demandamos que sea la Comunidad, en base a las necesidades detectadas en el ámbito sanitario, la que intervenga los hoteles que hagan falta para mejorar la asistencia sanitaria.
La privatización sanitaria
No podemos finalizar nuestra resolución sin afirmar con rotundidad que entre las causas de la mayor propagación y letalidad del coronavirus en nuestra región tiene que ver con el debilitamiento de nuestra Sanidad Pública por años de recortes. Madrid es la tercera comunidad en términos poblacionales, pero es la primera en número de casos y la tasa de letalidad del virus es del 5,11% por el 3% de España.
El 60% de los hospitales en Madrid son privados, aunque tan solo concentran el 27,72% de 12.246 las camas hospitalarias, porque entre otras cosas, los casos más costosos de tratar y que mayor estancia y gasto ocasionan, se derivan a la pública como práctica habitual.
En los hospitales públicos hay casi 2.000 camas menos que en 2010, pero de todas las camas instaladas además, hay un 13% que no funcionan, es decir, 1.171 camas hospitalarias que podrían estar puestas al servicio de la población, pero que se tenían cerradas para ahorrar presupuesto. No solo debemos pasarles la factura de esta crisis sanitaria, sino de todos los días en lista de espera y horas de espera en urgencias que se podrían haber ahorrado con esas más de 3.000 camas operativas, cuántos trabajadores sanitarios y no sanitarios hubiesen podido dejar atrás las condiciones de máxima precariedad y tener equipos estables para afrontar crisis como la del Covid-19.
La Comunidad de Madrid es la segunda que menos invierte en sanidad por persona, lo que tiene consecuencias directas en el empeoramiento de la calidad asistencial a todos los niveles. El número de habitantes en nuestra región ha aumentado medio millón de personas entre 2010 y 2018, pero el número de trabajadores de la sanidad pública ha descendido en 3.300. A esto hay que sumar además la privatización de muchos servicios auxiliares de los propios centros de salud y hospitales, limpieza, cafeterías, mantenimiento, seguridad, laboratorios… Para que las empresas que parasitan estos servicios obtengan beneficios, la calidad asistencial se reduce y los trabajadores asumen peores condiciones que los trabajadores de la función pública con quienes comparten centro de trabajo. En esta crisis sanitaria en la que se va a contratar más personal sanitario e incluso tirar de jubilados y estudiantes de medicina aun sin la especialidad, todos estos servicios deberían ser intervenidos para reforzarlos en la misma medida que se precise y garantizar que únicamente responden al interés general.
Las listas de espera en atención primaria que pueden llegar hasta 10 días han provocado una disminución de 5 millones de consultas entre 2010 y 2018, es decir, que muchos han desistido de acudir a su Centro de Salud, mientras que el resto ha optado por acudir a Urgencias para garantizarse atención sanitaria, aumentando en casi un millón de atenciones en Urgencias hospitalarias para el mismo periodo, saturando las urgencias de forma habitual en los hospitales públicos madrileños.
Las listas de espera antes de esta crisis sanitaria elevaban a 647.816 personas en expectativa de primera consulta, consulta diagnóstica o intervención quirúrgica. 647.816 vidas a la espera de ser atendidas por su servicio sanitario, con la preocupación e incertidumbre de qué es lo que puede estar ocurriendo en su cuerpo y cuál puede ser el tratamiento. La centralización de esfuerzos sanitarios para vencer al Covid-19 está llevando a cancelar muchas de estas intervenciones programadas, por lo que los datos una vez vencida la epidemia serán demoledores.
Los servicios de emergencia telefónica, el general 112 y el 061 vienen arrastrando problemas de saturación del servicio desde hace años, denunciado por sus plantillas, que han llevado a cabo movilizaciones y alcanzando acuerdos que se incumplen. No estaban en disposición de cumplir su tarea habitual, no tienen los medios para afrontar esta crisis. En el 112 el recorte de personal fue del 15% en 2013, de 149 a 129, sin contar vacantes que no se cubren, bajas, permisos y licencias. En el 061 la plantilla real es de 70-80 trabajadores, frente a los 138 trabajadores que marcan los pliegos de 2013 que ya recortaban los 185 de 2006, para atender una media de 3.300 llamadas diarias, que abre todos los días del año las 24 horas. Antes de esta crisis se han llegado a registrar 20 minutos de espera en el 112 y 14 llamadas en espera en el 061.
Ante la crisis del Covid-19 se han contratado los servicios de una filial de Movistar para derivar llamadas del 112, con un total 75 trabajadores más. En lugar de contratar más trabajadores para el 112, se utiliza nuestra necesidad asistencial para que otra empresa siga haciendo negocio. Además, se ha habilitado el teléfono específico de asistencia 900102112 que se ha aumentado hasta 400 operadores, servicio para el que se ha contratado a INDRA, empresa que ha tirado de la ETT Manpower para realizar las contrataciones. Más negocios para el capital privado.
La otra gran consecuencia, totalmente planificada, es el aumento de las pólizas de seguros privados. El deterioro de la sanidad pública provoca que aquel que pueda permitirse pagar una póliza, lo haga, para garantizarse algo tan básico como la salud. En 2017 los asegurados en la región eran 2.144.514, más de un tercio de la población, mientras que el volumen de facturación en primas sanitarias se elevaba hasta los 1.794 millones de euros, el 24,3% del total nacional.
Por su parte, muchas de las estadísticas que arroja la atención pública en la Comunidad de Madrid son aun más escandalosas si se dejan fuera los hospitales de titularidad pública y gestión privada. Los gastos en conciertos sanitarios se han triplicado en este periodo, pasando de los 354 a los 978 millones de euros, superando el 10% del presupuesto sanitario. Estos hospitales son explotados además por fondos de inversión donde se combinan capitales españoles y extranjeros, que han tenido en estos años varias operaciones de compraventa, mercadeando con nuestra atención sanitaria, es decir con nuestra salud.
Residencias de mayores
En la Comunidad de Madrid hay 507 residencias de mayores, con una escalofriante insuficiencia de plazas públicas en las tan solo 25 pertenecientes a la Comunidad, privatizando su gestión. La Comunidad reconocía la falta de 215 trabajadores en las mismas, según establecían los pliegos de subcontratación. La falta de personal, la carencia de medios y la precariedad laboral genera una gran merma de la calidad asistencial que ha llevado a algunos escándalos que han puesto encima de la mesa la rescisión de contratos con la empresa Aralia, que explota cuatro residencias o la organización de denuncias colectivas por parte de los familiares de los mayores usuarios de las residencias.
Una residencia de mayores en Valdemoro fue uno de los iniciales focos de contagio en la Comunidad de Madrid. Pero la situación de carencia de medios, personal insuficiente, falta de personal y EPI’s para los trabajadores, medidas de aislamiento y disposición de test de detección del virus ha estallado en la residencia pública-privatizada Monte Hermoso, que se ha convertido en un foco epidémico en la que han muerto 20 personas de los 75 residentes, un tercio de los usuarios contabilizando 75 contagios.
Se ha planteado también la medicalización de las mismas sin especificar cómo va a concretarse dicha medida más allá de la posible presencia de personal sanitario militar, frente a lo que nosotros planteamos la intervención y nacionalización de todo el sector para garantizar durante la crisis y a posterior la salud y el bienestar de los mayores. Exigimos responsabilidades penales para quienes han mercadeado con la calidad asistencial para la tercera edad y se han convertido en responsables directos de la propagación de la enfermedad.
No pagaremos esta crisis, ni con nuestra salud, ni con nuestros derechos
Hacemos un llamamiento a la clase obrera y al pueblo a resistir los ataques de la patronal, permitidos y alentados por el Gobierno Central y Autonómico, utilizando los resquicios que ofrezca el Estado de Alarma, apuntalando la organización en los centros de trabajo que nos permita lanzarnos a la movilización cuando se haya superado la emergencia sanitaria y evite que como en 2008 carguen sobre nuestros hombros las consecuencias de la crisis, socializando las pérdidas empresariales y aumentando el grado de explotación de los trabajadores para que los monopolios puedan recuperar su tasa de ganancia.
Desde el confinamiento al que una parte del pueblo trabajador se ve abocado y desde la obligatoriedad de trabajar en sectores no estratégicos de otra buena parte de la clase obrera se ve forzada, debemos extender las redes de solidaridad que amortigüen las nefastas consecuencias sobre nuestras condiciones de vida que provocan las medidas adoptadas, a la vez que exigimos la paralización de la producción para poner todos los medios humanos y materiales al servicio de vencer al Covid-19 y garantizar el bienestar de la población.
Partido Comunista de los Trabajadores de España
Comité Regional de Madrid