La Junta de Castilla y León se posiciona nuevamente contra los intereses de los trabajadores. Esta vez en contra de sus propios trabajadores y trabajadoras.
En el contexto de la crisis capitalista los empleados públicos de la JCYL vieron como su jornada laboral aumentaba a 37,5 horas. Han pasado siete años desde entonces y, ¿qué ha estado sucediendo mientras los empleados públicos trabajaban 2,5 horas más cada semana?
Castilla y León se situaba a la cabeza de los recortes sanitarios en atención primaria en España con una pérdida de 10.000 millones de euros en el sistema sanitario, 1.400 plazas de profesorado se perdían en nuestra Comunidad, decenas de centros de estudio comenzaban sus clases sin profesores para impartir asignaturas, entre otros muchos recortes… mientras los beneficios de las empresas crecían el doble que los sueldos de la clase trabajadora.
La Junta ataca el empleo público por dos motivos: primero, para ajustar sus presupuestos, y segundo y consecuencia de lo primero, como forma de defensa de los intereses capitalistas. El empleo público sitúa a amplias masas de trabajadores en unas condiciones de vida intermedias. Reducir derechos a los empleados públicos supone reducir derechos de todos los trabajadores. Los empresarios toman nota rápidamente, utilizando a los millones de parados como forma de presionar las condiciones laborales de todos y todas a la baja.
Por ello luchar por la recuperación de las 35 horas es la lucha por el reparto del trabajo y por lo tanto de la riqueza. Repartir el tiempo de trabajo para que las mayorías trabajadoras puedan acceder al empleo y por extensión al reparto de la riqueza es luchar por una Castilla y León, donde los recursos sean por y para la mayoría.
El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) exigimos a la Junta de Castilla y León que devuelva lo arrebatado a los más de 85.000 empleados públicos de nuestra Comunidad. Exigimos de vuelta las 35 horas de forma inminente, sin más retrasos ni falsas promesas, sin más papel mojado. Animamos al conjunto de los trabajadores y trabajadores, a los sindicatos del sector y al conjunto de la clase trabajadora a levantar esta lucha justa, que no es solo una lucha de 85.000 sino una lucha de todos y todas por un futuro de mayor justicia social.